Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Ministerio de Salud

Programa Materno Infantil

Sub-programa Salud Integral del Adolescente

Con aportes de

Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires

Presidenta Honoraria del Gabinete Social

Ministro de Salud

Subsecretario de Salud

Director Provincial de

Coordinación de Sistemas Regionales de Salud

Este manual tiene por objetivo fortalecer al equipo de salud en la capacidad de abogar por los derechos de los/as adolescentes, considerando ésta una forma de promoción de la salud y el desarrollo de los/as jóvenes. Considera a los/as adolescentes desde la perspectiva de sujetos de derechos y por lo tanto se orienta a la necesidad de protección de los mismos/as.

Este documento está basado en las principales preocupaciones que manifiesta el equipo de salud cuando debe trabajar con adolescentes en los servicios de salud. Por lo tanto se ha desarrollado a modo de respuesta a las principales preguntas que plantean los profesionales de la salud, frente a la necesidad de adecuar sus acciones de salud a la normativa jurídica vigente en el país.

Trabajar por la salud de adolescentes y jóvenes tiene especiales implicancias legales debido a:

• La condición de menor de edad de la población usuaria de los servicios de salud.
• La existencia de contradicciones en la legislación, como resultado de la falta de compatibilidad de las normas jerárquicamente inferiores a la normativa de la Constitución Nacional y las convenciones internacionales.
• El mayor impacto sobre la calidad de vida de la población que tienen las regulaciones de carácter local, en relación a lo dispuesto en la Constitución Nacional y las convenciones internacionales.
• El dilema que enfrentan los profesionales integrantes del equipo de salud como consecuencia de sentir que en ocasiones, el hecho de aplicar la ley no redunda necesariamente en beneficio del/de la adolescente.

Como consecuencia de la confusión legislativa y de las presiones que recibe el equipo de salud por el temor de potenciales juicios de mala praxis, en algunas oportunidades los profesionales de la salud se encuentran más conscientes de defender sus propios derechos que de abogar por los derechos que asisten a los/as adolescentes.

Los profesionales de la salud que trabajan con adolescentes deben, como parte de su trabajo cotidiano, abogar a favor del desarrollo integral y la conciencia cívica sobre los derechos de los/as adolescentes, con los propios/as jóvenes, sus familias y las profesionales de las instituciones para adolescentes, aumentando el nivel de alerta de la comunidad ante situaciones de inequidad y transgresión a los mismos.

Los profesionales del equipo de salud, cualquiera sea su disciplina, ocupan un lugar privilegiado para acciones de promoción de los derechos de los/as adolescentes.

Una parte de su responsabilidad profesional es abogar por el cumplimiento de los mismos, tal como se desprende de las siguientes declaraciones formuladas por la Asamblea Médica Mundial.

• Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la Defensa y Secreto del Paciente, adoptada por la 45° Asamblea Médica Mundial, Budapest 1993

• Declaración de Lisboa: Los Derechos del Paciente, adoptada por unanimidad por la XXXIV Asamblea Médica Mundial, Lisboa 1981

La Constitución Nacional no constituye un mero consejo o recomendación hacia las autoridades de la Nación y los particulares. La Constitución, como norma jurídica, es el pico supremo de todo el ordenamiento jurídico–político del país. En consecuencia el ordenamiento jurídico y los actos de las autoridades de gobierno deben ajustarse y ser compatibles con ella.

• Constitución Nacional. Articulo 31

1. Los Pactos, Tratados y Convenciones Internacionales tienen rango constitucional

La Constitución Nacional incorporó con rango constitucional las convenciones, pactos y tratados de derecho internacional. La supremacía de la Constitución Nacional y la introducción del derecho internacional de los derechos humanos dentro del sistema normativo argentino puede entenderse observando la siguiente pirámide.

Los acuerdos alcanzados en la conferencias o cumbres son básicamente un marco para la acción de los gobiernos sin ser obligatorios. No obstante lo cual los gobiernos pueden decidir implementarlos por diferentes razones entre las que se encuentran:

1. El compromiso moral;
2. La presión de los ciudadanos o grupos organizados, como colegios de profesionales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil;
3. La presión ejercida por otros gobiernos u organizaciones internacionales.

Las conferencias no generan nuevos derechos humanos, pero su importancia reside en que reflejan áreas en las que existen acuerdos entre los Estados sobre el contenido de los derechos humanos ya reconocidos y proveen sugerencias concretas acerca de planes de acción que fortalecerían la protección de los mismos.

Casi todos los Estados mandan representantes a las conferencias internacionales y acuerdan la adopción de declaraciones y programas de acción, que generan compromisos mutuos entre los países participantes, aún cuando no generen una obligación legal propiamente dicha. Cuando los Estados no acuerdan el contenido de algunos de los compromisos planteados en la conferencia, formulan "reservas" a los párrafos con los cuales están en desacuerdo y de esa manera se desprenden de cualquier obligación respecto de ese párrafo.

Si bien los compromisos asumidos en una conferencia están primariamente dirigidos a las autoridades de cada país, constituyen también una guía y una prioridad para el trabajo de las organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, profesionales y los individuos en general.

Las principales conferencias de Naciones Unidas celebradas en la ultima década son las siguientes:

• Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, 1990.
• Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, Viena 1993;
• Conferencia Mundial sobre Desarrollo y Población, El Cairo 1994;
• Cumbre Mundial sobre Desarrollo, Copenhague 1995;
• Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995

• Constitución Nacional. Articulo 75 inciso 22

1. Son de cumplimiento obligatorio para los funcionarios

Estas normas son de aplicación obligatoria por parte de los funcionarios del poder ejecutivo, jueces y legisladores. En esta categoría se incluyen los profesionales de la salud que prestan servicio en establecimientos oficiales.

2. Son de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos

La Constitución es obligatoria e imperativa tanto para la totalidad de las instituciones del Estado como para los particulares, sea que el Estado se relacione con los particulares o los particulares entre sí.

 

3. Representan un deber de los legisladores

Es deber de los legisladores adoptar las medidas legislativas apropiadas para armonizar toda la legislación en concordancia con la Constitución Nacional y los tratados internacionales que el Estado argentino se comprometió a respetar.

Debe entenderse la responsabilidad del Estado asegurar el derecho a la salud acorde al concepto de bienestar: que incluye alimentación, vestido, posibilidades de desarrollo, educación y justicia.

Debe brindarse atención especial a las mujeres y los/as niños/as, asegurando el principio de equidad de género.

1. "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados especiales..."

1. El derecho a la salud entendido como promoción y prevención

El derecho a la salud ha sido reconocido por los tratados de derecho internacional firmados por Argentina e incorporados a la Constitución Nacional en ocasión de la reforma de 1994.

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948. Artículo XI

• Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966. Artículo 12

1. "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

• Convención sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación de La Mujer, 1979. Artículo 12

1. "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

• Convención sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación de La Mujer, 1979. Artículo 12 (Continuación)

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia".

• Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. Artículo 24

1. "Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y en particular adoptarán las medidas apropiadas para:

• Artículo 29

1. "Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a : "Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;..."

En la legislación nacional el derecho a la salud es corolario del derecho a la vida, amparado implícitamente dentro de las garantías innominadas (Artículo 33 de la Constitución Nacional) de manera tal que todo desconocimiento de ese derecho queda descalificado como inconstitucional, pudiendo buscarse la vía de amparo para hacerlo efectivo (Artículo 43 de la Constitución Nacional).

• Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 36

Inciso 8. A la Salud

1. El derecho a la salud entendido como derecho a educación del usuario y participación de la comunidad

En la Constitución Nacional este derecho está garantizado en el Artículo 42.

• Constitución Nacional. Artículo 42

La intimidad es aquel ámbito de libertad necesario para el pleno desarrollo de la personalidad, que debe ser preservado de interferencias ilegitimas. Están comprendidos dentro de este derecho el de reserva y el de respeto a la vida privada, siendo el primero dirigido a proteger la revelación de datos de la vida privada y el segundo, a la protección contra intromisiones ilegítimas en ese espacio.

La legislación tiene una clara tendencia a resguardar la privacidad, la confidencialidad y sancionar, incluso penalmente, la violación de los secretos profesionales.

Aún así, existen contradicciones entre la realidad y el orden jurídico; entre diferentes leyes nacionales y leyes del ámbito doméstico y la normativa internacional.

• Constitución Nacional. Artículo 19

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 12
• "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques".
• Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Artículo 17

1. "Nadie debe ser objeto de interferencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su casa o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honor y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques".

• Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Artículo 11

1. "Toda persona tiene derecho a la protección de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honor o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques".

• Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 12

El médico tiene el deber y el derecho a guardar secreto sobre todo aquello de lo cual tiene conocimiento en virtud del ejercicio de su profesión. El "secreto médico" obliga por extensión, a todo el equipo de salud, aunque entre los miembros del equipo de salud se pueda transmitir información sobre los pacientes en tanto sea necesaria para la correcta toma de decisiones.

• Código Penal de la Nación. Artículo 156

• Ley Nacional 17132. Artículo 11

• Ley Nacional 24002. Artículo 10

" Son obligaciones de los profesionales o auxiliares de la enfermería:

• Declaración de Lisboa: Los Derechos del Paciente. XXXIV Asamblea Médica Mundial, Lisboa 1981

• Declaración de la Asociación Latinoamericana de Medicina (ALANAM) sobre Etica en Medicina. Aprobada la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina, Quito 1983
• "Etica Médica en Relación a Personas Individuales

En el caso de los/as adolescentes la garantía del secreto profesional está enmarcada por ciertos limites, los cuales deben ser explicados en forma clara al/ a la adolescente y a sus padres. Así cuando el equipo de salud estime que un/a adolescente se encuentra en alguna situación de riesgo, deberá tomar las medidas que considere más adecuadas y en caso de que afecten la garantía del secreto profesional, deberá evaluar la conveniencia y forma en que se lo transmitirá la información a los padres o personas a cargo.

El derecho a la privacidad está garantizado a su vez para los/as niños y adolescentes hasta los 18 años en la Convención de los Derechos del Niño que tiene en Argentina jerarquía constitucional.

• Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 16

1. "Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques".

Si bien el equipo de salud debe guardar secreto profesional, puede revelarlo en ciertas circunstancias, debiendo apreciar las particularidades de cada caso. A modo de guía puede decirse que la legislación lo autoriza a revelarlo en caso de:

1. Justa causa, ante un estado de necesidad, comisión de una mal menor (violación del secreto profesional) para evitar un mal mayor (integridad o vida del/de la adolescente);
2. La revelación del secreto es necesario para proteger un interés superior o un interés legalmente protegido de mayor jerarquía. Puede ser el caso de la protección penal del interés jurídico "vida" comparado con la violación de interés jurídico protegido en el caso del secreto profesional.

En principio, el profesional que denuncia un delito contra un/a adolescente no viola el secreto profesional, porque estaría actuando en virtud de una justa causa, ejerciendo el deber de defensa de los intereses superiores del/de la mismo/a.

• Código Penal de la Nación. Artículo 177

Existe una regla general: Nadie puede ser obligado a someterse a tratamientos médicos, ni aún los discapacitados, ni los enfermos mentales.

La intervención médica compromete el cuerpo y la salud de un ser humano, de allí la necesidad del consentimiento que legitima la actuación médica.

Una persona puede dar su consentimiento cuando ha recibido toda la información relevante al caso y puede expresar un consentimiento libre y voluntario.

Esta regla pierde efectividad en los casos en los casos en que los pacientes no pueden consentir (por estado de inconsciencia).

• Ley Nacional 17132. Artículo 19. Inciso 3

• Declaración de Lisboa: Los Derechos del Paciente. XXXIV Asamblea Médica Mundial, Lisboa 1981

1. "Después de haber sido adecuadamente informado sobre el tratamiento propuesto, el paciente tiene el derecho de aceptarlo o rechazarlo".

La capacidad de consentir se entiende como la posibilidad de entender la información y poder elegir racionalmente la aceptación o rechazo de la atención médica. Esta capacidad es reconocida por las Naciones Unidas para los discapacitados y enfermos mentales, salvo que se encuentren en estado de inconsciencia.

En el caso de los/as adolescentes la Convención de los Derechos del Niño establece que tienen voz y voto para consentir.

• Convención de los Derechos del Niño. Artículo 12

1. "Los Estados Partes garantizarán al niño que este en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño".

En la legislación argentina el principio imperante es que los padres que se encuentran en ejercicio de la patria potestad, deben ser informados y consentir los tratamientos de los hijos menores de edad. No siempre es posible el cumplimiento de esta legislación porque la concurrencia a los servicios de salud no se realiza siempre en compañía de los padres o porque los/as adolescentes requieren confidencialidad de la atención.

• Código Civil de la Nación. Artículo 921

Este es un caso de conflicto entre distintos derechos, el de los padres a ejercer los derecho inherente a la patria potestad y el de los adolescentes a la intimidad y a la garantía del secreto profesional, e incluso el derecho a ser escuchado y que sea tomada en cuenta su opinión, que están garantizados por la Convención de los Derechos del Niño. A modo de ejemplo de esta contradicción se transcribe un párrafo de la Ley 10067 de la Provincia de Buenos Aires.

• Ley 10067 de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 65

Desafortunadamente, la legislación no especifica todos aquellos casos en que se podría prescindir de la autorización de los padres, dejándole el tema librado a la decisión del equipo de salud y a su exclusiva responsabilidad y sabio discernimiento.

• Convención de los Derechos del Niño. Artículo 3

• Declaración de Lisboa: Los Derechos del Paciente. XXXIV Asamblea Médica Mundial, Lisboa 1981

1. "El retrasado mental debe gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de los mismos derechos que los demás seres humanos.
2. El retrasado mental tiene derecho a la atención médica y el tratamiento físico que requiera su caso, así como a la educación, la capacitación, la rehabilitación y la orientación que le permitan desarrollar al máximo su capacidad y sus aptitudes".

1. "El término «impedido» designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales.
2. El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente Declaración. Deben reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente al impedido como a su familia.

• Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental. ONU 1991

1. "Todas las personas tienen derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental, que será parte del sistema de asistencia sanitaria y social.

• "Ninguna persona será forzada a someterse a examen médico con objeto de determinar si padece o no una enfermedad mental, a no ser que el examen se practique con arreglo a un procedimiento autorizado por el derecho nacional".

• "Se respetará el derecho que tienen todas las personas a las cuales son aplicables los presentes Principios a que se trate confidencialmente la información que les concierne".

• Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental. ONU 1991 (Continuación)
• Principio 9: Tratamiento

1. "La atención psiquiátrica se dispensará siempre con arreglo a las normas de ética pertinentes de los profesionales de salud mental, en particular normas aceptadas internacionalmente como los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ningún caso se hará uso indebido de los conocimientos y las técnicas psiquiátricos

1. "No se administrará ningún tratamiento a un paciente sin su consentimiento informado...
2. Por consentimiento informado se entiende el consentimiento obtenido libremente sin amenazas ni persuasión indebida, después de proporcionar al paciente información adecuada y comprensible, en una forma y en un lenguaje que éste entienda, acerca de:

1. "Todo paciente recluido en una institución psiquiátrica será informado, lo más pronto posible después de la admisión y en una forma y en un lenguaje que comprenda, de todos los derechos que le corresponden de conformidad con los presentes Principios y en virtud de la legislación nacional, información que comprenderá una explicación de esos derechos y de la manera de ejercerlos.
2. Mientras el paciente no esté en condiciones de comprender dicha información, los derechos del paciente se comunicarán a su representante personal, si lo tiene y si procede, y a la persona o las personas que sean más capaces de representar los intereses del paciente y que deseen hacerlo.

1. "Todo paciente de una institución psiquiátrica tendrá, en particular, el derecho a ser plenamente respetado por cuanto se refiere a su:

1. "El paciente (término que en el presente principio comprende al ex paciente) tendrá derecho de acceso a la información relativa a él en el historial médico y expediente personal que mantenga la institución psiquiátrica. Este derecho podrá estar sujeto a restricciones para impedir que se cause un perjuicio grave a la salud del paciente o se ponga en peligro la seguridad de terceros...

• Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Asamblea General de las Naciones Unidas 1993

De acuerdo a la legislación nacional los abuelos ejercerán la patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales de padres menores de edad, debiendo otorgarse la tutela a los abuelos del progenitor que viva con ellos o los tenga a su cuidado.

Esta situación se refiere a hijos extramatrimoniales, pues si los progenitores menores de edad estuviesen casados estarían emancipados y podrían ejercer la patria potestad sin limitación alguna.

• Ley Nacional 23264. Articulo 264 bis

La redacción del Artículo 264 bis plantea un conflicto sobre el ejercicio de la patria potestad entre los padres y los abuelos sobre el hijo extramatrimonial de una pareja de adolescentes. Es claro que existe por parte de los padres menores de edad un cierto ejercicio de la patria potestad, pero con limitaciones y sin quedar claro que derechos pueden ejercer sobre sus hijos.

Esta normativa al no establecer claramente limites precisos en cuanto el ejercicio de la patria potestad entra en conflicto con lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, que tiene una jerarquía mayor.

• Convención de los Derechos Del Niño. Artículo 7

• Artículo 8

La legislación nacional establece la obligatoriedad de identificar al recién nacido a través de la toma de las huellas papilares del recién nacido y de su madre en el momento del parto. Esta legislación no ha sido aun reglamentada por lo que el procedimiento de identificación no se cumple de la forma prevista.

• Ley Nacional 24540. Artículo 2

• Ley Nacional 23264. Artículo 243

1. Por reconocimiento voluntario por parte del padre. El padre puede reconocer al hijo aunque la madre se oponga. El reconocimiento puede hacerse ante el registro civil al momento del nacimiento o posteriormente, por declaración realizada en instrumento público o privado reconocido; e incluso por testamento.
2. Judicialmente, se puede iniciar un juicio de filiación, para la determinación de la paternidad, si el juez encuentra que esa persona es el padre, establecerá la filiación.

• Ley Nacional 23264. Artículo 248

El hecho de que el padre pueda reconocer al hijo aún en contra de la voluntad de la madre es concordante con el derecho de los niños a su identidad y a conocer a sus padres de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño.

A pesar que la Ley presume la paternidad podrá iniciar una acción de impugnación de paternidad probando que en este caso en particular la presunción no es correcta.

• Ley Nacional 23264. Artículo 246

• Artículo 247

• Ley 10636 de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 1
• "Establécese en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la denuncia con carácter obligatorio de los casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)".

"El Ministerio de Salud deberá encargarse del cuidado de quienes egresen de establecimientos carcelarios afectados de SIDA portadores o enfermos y que convierten a los mismos en eventuales transmisores de la enfermedad".

• Ley 11506 de la Provincia de Buenos Aires

• Ley 11506 de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 9
• "Los profesionales que tomen conocimiento que su paciente posee antecedentes clínicos o epidemiológicos compatibles con la adquisición del sindrome (SIDA), deberán imponer al mismo, así como se tratare de un menor de edad o de un incapaz a sus padres, o en su caso, al representante legal, sobre las necesidad de efectuarle las pruebas pertinentes para el diagnóstico, así como también las formas de contagio a terceros y las medidas de prevención para evitarlo".

La Conferencia Internacional del Trabajo en la reunión, que acaba de finalizar el pasado Junio adoptó por unanimidad una resolución para incluir el tema de la adopción de nuevo Convenio y Recomendaciones en la Reunión que se celebrará en Junio de 1999.

La propuesta es adoptar un nuevo convenio y una recomendación para la erradicación inmediata de las peores formas del trabajo infantil y reforzar las normas existentes, incluido el Convenio N°138.

Pero los nuevos instrumentos propuestos están enteramente centrados en las formas extremas del trabajo infantil y abarcan todas estas formas de trabajo en un único instrumento. No contemplan excepciones en función de la edad, la categoría de trabajo, el sector de actividad o el tipo de empresa.

La principal razón que impulsa a los nuevos instrumentos es que los ya existentes no tienen como misión propia poner fin inmediatamente a las formas más graves de trabajo infantil. La atención de los nuevos instrumentos se centra en las formas de trabajo infantil que no pueden ser toleradas, cualquiera que sea el nivel de desarrollo de un país determinado.

9. "A los efectos de la adopción de un convenio, la expresión peores formas de trabajo infantil debería abarcar:

Con ese fin en el plano nacional:

1. Proporcionaremos un marco jurídico estable, de conformidad con nuestras constituciones, leyes y procedimientos y de manera compatible con el derecho y las obligaciones internacionales, que incluya y promueva la igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer, el pleno respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y el imperio de la ley, el acceso a la justicia, la eliminación de todas las formas de discriminación, el gobierno y la administración transparentes y responsables y el fomento de la colaboración con las organizaciones libres y representativas de la sociedad civil;
2. Reafirmaremos y promoveremos los derechos enunciados en instrumentos y declaraciones internacionales en la materia, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos 6/, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, incluidos los relativos a la educación, la alimentación, la vivienda, el empleo, la salud y la información, con el fin de ayudar especialmente a las personas que viven en la pobreza, y lucharemos en pro de la realización de esos derechos.

Nos comprometemos a promover y a lograr los objetivos del acceso universal y equitativo a una educación de calidad, el nivel mas alto posible de salud física y mental, y el acceso de todas las personas a la atención primaria de la salud, procurando de modo especial rectificar las desigualdades relacionadas con la situación social sin hacer distinción de raza, origen nacional, sexo, edad o discapacidad; a respetar y promover nuestras culturas comunes y particulares; a procurar fortalecer la función de la cultura en el desarrollo; a preservar las bases esenciales de un desarrollo sostenible centrado en las personas; y a contribuir al pleno desarrollo de los recursos humanos y al desarrollo social. El fin de estas actividades es erradicar la pobreza, promover un empleo pleno y productivo y fomentar la integración social.

1. Programa de Acción

35. Los gobiernos juntamente con todos los demás participantes en el desarrollo, en particular los que viven en la pobreza y sus organizaciones, deberían cooperar para atender a las necesidades humanas básicas de todos, incluidas las personas que viven en la pobreza y los grupos vulnerables, para lo cual se requiere:

1. Garantizar el acceso universal a los servicios sociales básicos, y hacer esfuerzos especiales para facilitar el acceso a esos servicios de las personas que viven en la pobreza y los grupos vulnerables;
2. Crear en el público la conciencia de que la satisfacción de las necesidades humanas básicas es esencial para reducir la pobreza; esas necesidades están estrechamente relacionadas entre si' y comprenden la nutrición, la salud, el agua y el saneamiento, la educación, el empleo, la vivienda y la participación en la vida cultural y social;
3. Garantizar el acceso pleno y en condiciones de igualdad a los servicios sociales especialmente la educación, la asistencia letrada y los servicios de salud a las mujeres de todas las edades y a los niños, reconociendo los derechos, deberes y responsabilidades de los padres y otras personas legalmente responsables de los niños, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño;

37. Debe mejorarse el acceso de las personas que viven en la pobreza y de los grupos vulnerables a los servicios sociales, para lo cual se requiere:

5. Fomentar la cooperación entre los organismos públicos, el personal de salud, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de mujeres y otras instituciones de la sociedad civil con objeto de elaborar una estrategia nacional global encaminada a mejorar los servicios de la salud reproductiva y de los niños, y velar por que las personas que viven en la pobreza tengan pleno acceso a esos servicios, particularmente entre otros, la educación y los servicios destinados a la planificación de la familia, la maternidad en condiciones de seguridad, la atención prenatal y postnatal, así como los beneficios de la lactancia materna, en consonancia con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo;
6. Alentar al personal de la salud a trabajar en comunidades de bajos ingresos de zonas rurales y facilitar servicios de extensión para prestar servicios de salud a la zonas desatendidas, reconociendo que la inversión en un sistema de atención primaria de la salud que garantice la prevención, el tratamiento y la rehabilitación para todas las personas es un medio efectivo de promover el desarrollo social y económico y una participación amplia en la sociedad.

1. Igualdad y justicia social

74. Los gobiernos deben promover la igualdad y la justicia social mediante la

adopción de las siguientes medidas:

1. Garantizar que todas las personas sean iguales ante la Ley;
2. Realizar exámenes periódicos de la política pública, incluidas las políticas de salud y educación, y de los gastos públicos, teniendo en cuenta la igualdad y la equidad sociales y entre los sexos y fomentando la contribución positiva de esa política y esos gastos a la igualdad de oportunidades;
3. Ampliar y mejorar el acceso a los servicios básicos a fin de que lleguen a todos los sectores de la sociedad;

7. Promover el pleno acceso a la atención de la salud preventiva y curativa a fin de mejorar la calidad de la vida, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, haciendo especial hincapié en las mujeres y los niños;

5. Instar a todos los miembros de la sociedad a que ejerzan sus derechos, cumplan sus responsabilidades y participen plenamente en la sociedad, reconociendo que los gobiernos no pueden por si' solos satisfacer todas las necesidades de la sociedad;

1. Reservas de Argentina

La República Argentina hace presente, con relación a los términos "salud reproductiva" y "formas de familia" contenidos en los textos de la Declaración y del Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague y aprobados en el plenario de dicha Cumbre, que formula las siguientes reservas:

Salud reproductiva: La República Argentina no puede admitir que en el concepto de salud reproductiva se incluya el aborto ni como un servicio ni como un método de regulación de la fecundidad. La presente reserva, fundada en el carácter universal del derecho a la vida, se extiende a todas las menciones que recojan este sentido.

Formas de familia: La República Argentina declara que acepta aquellos párrafos que se refieren a formas de familia en el entendimiento de que las acepciones utilizadas no alteren su origen y fundamento que es la unión de varón y mujer de la cual se derivan los hijos.

La adolescencia es una etapa de la vida de reciente reconocimiento social. Si bien hoy no se discute la importancia de general servicios de salud para niños y para adultos, la provisión de servicios de salud para adolescentes ha requerido un largo proceso de abogacía. En este terreno quedan todavía muchos aspectos por acordar ya que un/a adolescente de 11 años difiere grandemente de otro/a de 18, que ya vota para elegir sus representantes políticos y puede conducir vehículos.

La abogacía por el derecho al desarrollo integral de los/as adolescentes es un proceso a llevar adelante por todos y cada uno de los que trabajan junto a ellos/as. Implica una importante exploración de los problemas prevalentes que afectan la condición de desarrollo pleno de los/as adolescentes y requieren de respuestas creativas y adecuadas a sus necesidades específicas.

El embarazo adolescente ha sido señalado como uno de los problemas de que afectan su desarrollo integral de los/as jóvenes. El trabajo preventivo de consejería y educación para la salud sobre sexualidad requiere del respeto a la privacidad de la consulta como parte de la ética del equipo de salud.

Aún es necesario abogar por este y otros derechos de los/as jóvenes. Se espera que este documento sirva para apoyar a los profesionales de salud en el camino de las abogacía por más y mejores oportunidades de desarrollo de los/as adolescentes como una forma de lograr el desarrollo económico, social y político del país.