Creado por el Dr. Heriberto S. Hocsman Hocsman - Abogados
 

 

ENSAYO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL NUEVO AGRAVANTE  DEL ART. 189 BIS DEL CP  POR  MARIA CLARA BERTOTTI BALEIRON

 

I.-  LOS MOTIVOS.

            El 17 de marzo de 2004 Axel Blumberg fue secuestrado y luego asesinado por sus captores. Este gravísimo hecho delictivo que tuvo gran repercusión pública, fue el detonante que llevó al legislador a modificar el art. 189 bis y otros artículos de nuestro Código Penal.

            No es la primera vez que nuestro código de fondo es reformado a último momento por impulso de hechos que cobran notoriedad periodística.

            Lamentablemente, la reforma se apoyó en contingencias momentáneas, campañas de los medios de comunicación y reclamos de la opinión pública, dejando de lado, una vez más, un serio debate parlamentario con la intervención de nuestros especialistas en el tema. Ello habría permitido apreciar algunas claras deficiencias del nuevo texto legal y evitado que el fin perseguido por la reforma fuese desvirtuado por las palabras de la ley.

La comisión del Poder Ejecutivo había estudiado y preparado un proyecto de ley que luego fue aprobado por la Cámara de Senadores. No obstante ello, al llegar a la de Diputados, sin un análisis pormenorizado y un tratamiento detenido, la norma sufrió modificaciones en partes esenciales que luego quedaron insertas en el texto definitivo.

            El original se vio sustancialmente alterado no sólo por el aumento de las escalas penales sino además, por la incorporación de figuras delictivas que han generado numerosos cuestionamientos como ocurre con las formas agravadas y atenuadas de la portación.

            Los medios de comunicación y algunos sectores de la política transmitieron un sentimiento de justicia y tranquilidad a la opinión pública, alzando la reforma como trofeo de victoria ante la supuesta  “delincuencia”.

            Quienes nos encontramos en el mundo del derecho observamos anonadados todo lo ocurrido.

            En este marco, la ley 25.886[1] modificó el delito previsto por el art. 189bis del CP.

            Esta reforma trajo aparejados varios cambios, sobre todo en la tenencia y portación de armas de uso civil y de guerra.

            Sin embargo, el mayor cuestionamiento se centró en el agravante que este nuevo artículo 189 bis incorporó a nuestro código penal. La doctrina y la jurisprudencia  han postulado la inconstitucionalidad del mismo y en el presente trabajo se estudiarán las distintas opiniones y se brindarán las conclusiones personales al respecto.

            No se desconoce lo conflictivo de algunos temas que se abordarán en el presente, que son pasibles de debates extensísimos y no se deja de tener en cuenta las limitaciones y lo acotado del análisis. Por ello, solo se intentará dejar planteados los conflictos que se suscitan, con una mínima explicación en cada caso.

 

            II.- EL NUEVO AGRAVANTE

 

            El  8vo. párrafo, del inciso 2do. del art. 189 bis del CP, introducido por la ley 25.886, agrava la pena de la portación, estableciendo una escala penal de cuatro a diez años a “quien registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas, o se encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior y portare un arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años.”

            Tal como surge de la transcripción que antecede, el delito se agrava  si el autor al tiempo del hecho registraba antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas, o si se encontraba gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior, estableciéndose una escala penal de cuatro a diez años de prisión.

            Esta agravante es operativa cuando el autor posee antecedentes penales. Si bien la ley no aclara si se trata de condenas firmes o procesos penales en trámite, parecería estarse refiriendo a las primeras, ya que luego hace alusión a quien se encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión en otro proceso.

            Además, para ser valorados en los términos de este párrafo, los antecedentes deben versar sobre hechos cometidos contra las personas o con el uso de armas.

            El legislador omitió mencionar en este caso durante cuánto tiempo deben ser computados los antecedentes, por lo que haciendo una interpretación teleológica de nuestro sistema penal, resultaría razonable establecer el plazo del art. 51 del Código Penal. En virtud de lo expuesto, solo se tomaría como antecedente en el sentido de este artículo, una condena si no han transcurrido los diez años desde la sentencia, en caso de que sea condicional, o desde su extinción, si es de efectivo cumplimiento.[2]

 

III.- LAS OPINIONES:

            Como ocurre en la mayoría de los temas, las opiniones se encuentran divididas, la corriente minoritaria considera que la agravante es constitucional, y la mayoritaria, postula su inconstitucionalidad pero en base a distintos argumentos.

 

i).- La inconstitucionalidad de la agravante:

            Algunos consideran que la agravante es inconstitucional debido a que viola el principio de culpabilidad, otros lo hacen porque viola el principio de inocencia, y otros, porque viola el principio de ne bis in idem.

 

1)Principio de culpabilidad:

            Comenzaremos  el análisis explicando por qué violaría el principio de culpabilidad.

            El art. 18 de nuestra Constitución Nacional determina  que sólo se penarán conductas. Nuestro sistema adopta un derecho penal de acto y no de autor, por lo que no se pueden sancionar personalidades, formas de ser o estados peligrosos que no se hayan materializado en acciones.

            De la Fuente y Salduna, entienden que se viola gravemente el principio de culpabilidad, toda vez que no se castiga al autor en función a la gravedad del hecho, sino que es en función a los antecedentes condenatorios que registra o de las causas en trámite donde se le hayan concedido excarcelaciones o exenciones de prisión.

            Para estos autores resulta tan claro que el castigo es porque el autor registra antecedentes o causas en trámite, que pasa a ser irrelevante el tipo de arma que se porte, equiparándose las armas de guerra con las de uso civil. Además, la  pena que contiene la figura es elevadísima, y sólo se valoran las condiciones personales del autor.[3]

            Parecería  en este caso que lo punible no es solamente portar un arma, sino registrar antecedentes penales o encontrarse gozando de una excarcelación.

            En este sentido se ha expedido la sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital al referirse a la agravante de mención, señalando “que no se castiga al autor exclusivamente en función de la gravedad del hecho cometido, sino que por contrario y de forma inadmisible, por registrar antecedentes penales”[4].

            También lo han declarado la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del departamento Judicial de San Isidro[5] y el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 1 de Necochea[6].

            Previo a ello, distintos magistrados del fuero Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, ya habían postulado la inconstitucionalidad de este agravante, en todos los casos en base a diferentes argumentos que detallaré a continuación.

            El Dr. Marcelo Bartumeu Romero, Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nro. 11, declaró la inconstitucionalidad del agravante por entender que afectaba los principios de inocencia y culpabilidad, señalando “...incurre en una flagrante violación al principio de culpabilidad, dado que no se castiga al autor con más severidad en razón de la mayor gravedad del hecho cometido, de la más importante magnitud del injusto (del mayor disvalor de la acción y/o de resultado) y de la culpabilidad (de la mayor posibilidad de comprender la antijuridicidad de la acción, del más amplio ámbito de autodeterminación, de las motivaciones), sino en función de que se le han concedido excarcelaciones anteriores.”[7]

            A estos argumentos también, han abonado De la Fuente y Salduna agregando, que las altísimas penas establecidas para el supuesto en cuestión, llegan a superar la gravedad del injusto y la culpabilidad del autor, exceden las establecidas para delitos contra la vida o integridad física de las personas como el aborto, las lesiones graves y gravísimas e incluso el abuso de armas. De manera que resulta inconstitucional invocar criterios de prevención general o especial para la imposición de penas desproporcionadas pues, en ese caso, el autor estaría siendo usado como una especie de instrumento, vulnerando de esa manera, el principio de dignidad humana.[8]

            El Dr. Gonzalo Segundo Rua, titular del Juzgado Contravencional y de Faltas nro. 6, por su parte, se avocó a analizar en su declaración de inconstitucionalidad, el principio de proporcionalidad de las penas.

            El magistrado explicó que para la doctrina, los antecedentes condenatorios han tenido distinta significación, pudiendo ser entendidos tanto como atenuantes como agravantes. El art. 41, le otorga carácter abierto a la condena anterior, ya que su peso específico lo dejaba librado al entendimiento del juez al mensurar la pena. En esa inteligencia, se cuestionó si los legisladores podían fijar ex-ante esta circunstancia como una agravante específica.

            A su entender, los antecedentes condenatorios podían, según el caso, ser considerados agravantes, siempre que la conducta del sujeto fuera mas reprochable[9], sin embargo, sólo podía tener una incidencia menor en la determinación de la pena.

            En el caso en cuestión, cuantificó que el agravante representaba un aumento del 400% en su mínimo y de un 150% en el máximo de la escala penal en cuestión, afectando de esa manera la proporcionalidad de la pena, lo que implicaba también la violación del principio de culpabilidad.[10][11]

2).- Principio de inocencia:

 

            Quienes consideran que este agravante resultaría violatorio del principio de inocencia,  lo hacen en virtud que se pretende que el sujeto sea castigado más gravemente por registrar causas en trámite en las que se encuentra  bajo el régimen de la excarcelación o exención de prisión y en las cuales no se ha declarado su  responsabilidad por el hecho.

            Se entiende que esta parte del párrafo es tan escandalosa y contraria a la Constitución que ni siquiera es pasible de un análisis serio.

            La mayor parte de los juristas al referirse a esto, sencillamente lo tachan de inconstitucional por violar el principio de inocencia y es entendible que no sea necesaria ninguna aclaración.

 

3).-Principio ne bis in idem:

            Respecto de la violación del principio ne bis idem, cabe señalar que quienes  postulan la inconstitucionalidad de la figura, señalan que se agrava la condena en base a otros hechos por los que el imputado ya fue castigado -en caso de las condenas firmes-, o en los que está siendo juzgado -en el supuesto de las causas en trámite-.

            De esta manera, es evidente que la agravación de la pena no se funda en el hecho cometido por el agente, sino en los hechos anteriores.[12]

            También están quienes opinan que en los casos en que correspondiera la declaración de reincidencia en virtud de un hecho anterior, y además se aplicara el agravante,  también se estaría violando el principio de non bis in idem. Ello, debido a que el agravante contemplado en el art. 189bis del CP, y la declaración de reincidencia, tienen ambos el carácter de agravantes de la pena, y que ambas se basan en la misma circunstancia, la condena anterior. En virtud de lo expuesto, en los casos en que correspondía la declaración de reincidencia, algunos jueces no aplicaron el agravante,  ya que entendieron que de hacerlo  violaban el principio  ne bis in idem.[13]

            Sin embargo, esta línea argumental solo podría aplicarse en los casos en que correspondiera la declaración de reincidencia,  ya que no ocurriría lo mismo cuando el cumplimiento de la pena privativa de la libertad se llevó a cabo con una condena condicional.

            De esta manera, se concluyó que tachar de constitucional esta agravante, significaría reconocer la persecución o la condena de una persona, mas de una vez y por el mismo hecho ya que la calificante de la pena se sustenta o apoya en otros sucesos por los cuales el encausado ya fue juzgado.[14]

 

ii).- A favor de la constitucionalidad del agravante

            Del otro lado de esta discusión, se agrupan quienes entienden, o han entendido, que no resulta violatoria del principio de ne bis in idem la sentencia que valora como agravante las condenas anteriores que registra el imputado, y, además, lo declara reincidente.[15]

            Para ellos, el principio constitucional citado finca en evitar que el estado pueda efectuar repetidos intentos de condenar a una persona por el mismo delito, es decir que prohibe que la misma persona sea sometida a un nuevo proceso por el mismo hecho o a cumplir otra vez pena por el mismo delito. Sin embargo, la incidencia de condenaciones previas sobre la pena actual, sea en su modalidad de cumplimiento o monto- no importa volver a juzgar el hecho anterior, por lo que no se viola el citado principio.[16]

            Consideran que dicha decisión resulta adecuada al principio de culpabilidad, teniendo en cuenta las exigencias de la prevención general y especial, pautas que deben presidir la elección del monto de pena a imponer de manera de no sobrepasar la reprochabilidad por el hecho cometido.

            La mayor pena que se impone por el nuevo delito, no obedece al hecho de haber delinquido anteriormente, sino al de haber cumplido una pena privativa de la libertad, lo que evidencia un mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior. En otras palabras, la mayor severidad en el cumplimiento de la sanción no se debe a la circunstancia de que el sujeto haya cometido el delito anterior, sino al haber sido condenado a cumplir una pena de prisión, y que pone en evidencia el mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito.[17]

            En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto[18] que el principio de non bis in idem prohibe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal.

 

iii.- Una solución diferente:

            Sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del agravante que aquí se trata, se ha hablado mucho y todos han opinado por una u otra solución.

            Por ello, se considera pertinente traer a este trabajo una solución diferente a las mencionadas, que si bien ya fue descartada por la Cámara en lo Contravencional y de Faltas[19], parece pertinente y evitaría someter el contenido del muy cuestionable agravante del art. 189 bis del CP a un examen de constitucionalidad, eludiendo la gravedad institucional que traería aparejada una posible declaración de inconstitucionalidad.

            En este sentido, el Dr. Tobías José Podestá[20], postula que no resulta aplicable el agravante contemplado en el párrafo 8vo. Inc. 2do. del 189bis del CP, cuando el antecedente penal (sentencia condenatoria firme) por delito doloso contra las personas o con el uso de armas,  sea anterior a la entrada en vigencia de la ley 25.886.[21]

            La figura agravada de la portación de armas, requiere que además de la portación ilegítima del arma, que existan sentencias condenatorias firmes por delitos anteriores.

            El art. 2 del Código Penal establece que debe determinarse “…la ley vigente al tiempo de cometerse el delito…”, razón por la cual, para poder aplicar temporalmente una ley penal sin violar el principio de legalidad, es necesario que todos los elementos que conforman el delito sean posteriores a la entrada en vigencia de la ley.[22]

            De esta manera, si la condena por un delito doloso contra las personas o con el uso de un arma no es posterior al de la causa  en análisis, no podría ser aplicado el agravante del art. 189bis del CP, evitándose de esta manera todo análisis sobre la constitucionalidad del mismo.

 

III. CONCLUSION

Considero que la solución brindada en última instancia es original y acertada, más es temporaria. Ya que con el tiempo se dará que las condenas van a ser posteriores a la entrada en vigencia de la ley 25.886 y nuevamente  se deberá analizar la constitucionalidad o no del presupuesto.

            Sin embargo, y hasta que ello ocurra, se considera correcta la solución postulada, obviamente, sólo en los casos en que es aplicable.

            Es menester a esta altura, la adopción de una u otra posición en cuanto a la constitucionalidad del agravante.

            Mi criterio no diferirá mucho de la de los magistrados citados, quienes (acertadamente a mi entender), y pese a la desfavorable opinión pública, decidieron declarar la inconstitucionalidad de dicha agravante.

            No se olvida en este punto, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma, sólo debe realizarse en el caso concreto y que la  valoración general que se hará en este momento, deberá ser contrastada en cada oportunidad con la circunstancia objetiva de que se trate.

            Respecto de la afectación al principio de culpabilidad, cabe aclarar, que la determinación de culpabilidad es el vínculo entre el injusto y la pena. En este sentido, la culpabilidad es el fundamento de la pena y su límite máximo.[23]

            Está claro que no puede haber culpabilidad penal por la dirección de la vida o por la formación del carácter del autor o su peligrosidad.[24]

            Concluyo entonces, que nos encontramos entonces ante una pena que se agrava no en razón de la conducta que es más lesiva, sino en razón de las condiciones personales del autor.

            Ya lo ha dejado señalado el Juez Petracchi en el caso “Bazterrica”, cuando señala la oposición que existe entre los tipos penales que se fundan en la mera peligrosidad o características del autor, con las exigencias constitucionales de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional.[25]

            Además, también se viola el principio de proporcionalidad porque las penas son más gravosas que las de algunos delitos que afectan en forma directa bienes jurídicos fundamentales como la integridad física y la vida.

            Pero la principal violación al principio de proporcionalidad, está dada porque la pena  no se encuentra, en absoluto, relacionada con la gravedad del hecho, sino solamente, en razón con los antecedentes condenatorios.

            No es compatible con un estado de derecho la aplicación de penas desproporcionadas  ya que la criminalización es irracional cuando la afectación de derechos que importa es groseramente desproporcionada con la lesividad del conflicto.[26]

            Al momento de la individualización de la pena, el principio de culpabilidad tiene dos consecuencias, la primera, que la pena debe ser proporcionada con la gravedad de la culpabilidad, y la segunda, que las necesidades de prevención no pueden justificar una pena que supere la gravedad de la culpabilidad.[27]

            Los criterios preventivo generales no pueden anular los componentes de reprochabilidad personal que justifiquen la imputación del ilícito y fundamenten la imposición de una pena a su autor.[28]

            La propia jurisprudencia constitucional ha sostenido la necesaria proporcionalidad de la pena como un elemento dentro del principio de culpabilidad cuando establece que la pena debe ser proporcional, y no debe resultar irrazonable la vinculación con el hecho punible. Se aclaró también, que su determinación es competencia en principio del Poder Legislativo, aunque la evaluación jurisdiccional de su constitucionalidad es admisible si en concreto se advierte una inequidad manifiesta.[29]

            ¡Parecería que la Corte se estuviera refiriendo justamente al tema que nos ocupa!.

            Considero además, que valorar circunstancias procesales como las excarcelaciones o excenciones de prisión por determinados delitos de manera desfavorable para el imputado, viola gravemente el principio de inocencia y es un desatino.

            Estos groseros errores en la técnica legislativa, sólo se explican con el análisis de las condiciones en las cuales fue dictada la ley 25.886, el apuro de los legisladores y la falta de juristas preparados que pudieran detener semejante atropello.

            Resulta insostenible en un Estado de Derecho en el cual rige el principio de inocencia, que se agrave de esta manera la pena.

Con sólo leer los debates parlamentarios de la ley se puede colegir que uno de los objetivos fundamentales –poco felices a mi entender- fue evitar que estos delitos fueran excarcelables. Pero para ello se basaron en circunstancias que hasta podrían haber desaparecido al momento del dictado de una sentencia, como por ejemplo que el agente fuese absuelto en la causa en la que se encontraba excarcelado o eximido de prisión y por la cual el imputado tuvo que permanecer detenido durante el segundo proceso.

            Como este ejemplo pueden pensarse innumerables situaciones absurdas a las que podría llevar la aplicación de este agravante.

            Respecto de la violación a la prohibición del ne bis in idem, entiendo que se viola claramente esta garantía en el caso de una declaración de reincidencia y el agravamiento previsto en el artículo 189bis, ya que se está valorando en dos oportunidades la existencia de una condena anterior.

            Hay quienes señalan que la reincidencia es una modalidad de cumplimiento de la pena por lo que no puede considerarse una doble valoración. Sin embargo, opino que mas allá de que se trate de modalidad de cumplimiento de la pena, a la postre produce una variación absoluta en la consecuencia penal.

            Además, se viola dicho principio en los casos en que se aplica el agravante aunque no sea viable la declaración de reincidencia, porque se está agravando la pena del nuevo delito, por haber cometido uno anterior por el cual ya fue juzgado, y condenado.

            Respecto de esto último, es un tema para un trabajo mucho mas extenso y requiere un análisis muy detenido del instituto, ya que esta crítica es la misma que se le hace a la reincidencia en general.

            Sin perjuicio de ello, se considera acertado traer a colación los dichos del Dr. Carnot respecto de la reincidencia ya que –para quien lo considere acertado- deviene útil al caso “...se puede aplicar una pena mas severa que la que corresponde a la clase de delito de que se es culpable, si han cometido un primer delito por el que fueron penados, infligirles una nueva pena por ese crimen ¿no será violar abiertamente el non bis in idem, que es una de las bases fundamentales de toda legislación en materia criminal?”[30]

            La reincidencia es una circunstancia agravante que no resulta aplicable por una mayor culpabilidad por el hecho cometido, como las restantes, la repetición del comportamiento delictivo tiene su significado de sintomatología caracterológica y es indicativa de la tendencia del autor y de su peligrosidad.[31]

            Esto no significa que las condenas anteriores no puedan valorarse en los términos del art. 41 CP, como atenuantes o en algunos casos como agravantes, sin embargo ello incidirá en el grado de reproche de la conducta realizada, siempre dentro de los máximos y mínimos dispuestos por el Código Penal.

            Lo cuestionable del agravante de mención, es que las condenas anteriores, no serán valoradas para mensurar la pena, sino que desde un inicio elevarán ampliamente sus máximos y mínimos.

            Para finalizar,  me siento en el deber de mencionar que una simple lectura de la novel ley 25.886, me lleva a asociarla mentalmente con el llamado derecho penal del enemigo. Éste, según Jacobs se contrapone al del ciudadano. El enemigo en ese caso, es quien  mediante su comportamiento, su ocupación profesional, su conducción de vida, ha abandonado el Derecho de modo supuestamente duradero y no sólo de manera incidental.

            Respecto de las características del derecho penal del enemigo, estarían dadas por la amplia anticipación de la protección penal,  el tránsito de la legislación juridicopenal a la legislación de lucha y el socavamiento de las garantías procesales.[32]

            Sin embargo, queda en pie como dice Silva Sanchez, la duda sobre si nos encontramos frente a un derecho penal del enemigo, y en su caso si el mismo sigue siendo derecho o es ya por el contrario un no-derecho, una pura reacción defensiva de hecho, frente a sujetos excluídos. [33]

Pero éste es un análisis que excede el presente trabajo.

            Lo que sí debe concluirse es que una reforma  legislativa de esta naturaleza exigía previamente un debate científico-académico serio. Son verdaderos y razonables los reclamos populares, pero lo cierto es que una reforma legal basada casi exclusivamente en los mismos no hace otra cosa que atentar contra nuestro sistema de derecho y aportar mayor inseguridad jurídica.

            Lamentablemente, se sigue legislando de manera fragmentada, sin ningún tipo de coherencia ni respeto por el sistema. Se insiste en la creación de figuras delictivas, instrumentos jurídicos de persecución penal o se aumenta la punición como modo de combatir la delincuencia. Pero en ese razonamiento se  olvida que ello se logrará exclusivamente mediante una política criminal mucho mas profunda que una simple modificación normativa.

            Deberíamos tomar conciencia de esto antes de continuar atentando permantemente contra nuestro Estado constitucional de Derecho.

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Publicada en BO 5/5/2004.

[2] Cfr. D´ALESSIO, Andrés José, Código Penal Comentado y Anotado, La Ley,  Buenos Aires, 2004, pag. 609.

[3] Cfr. DE LA FUENTE, Javier Esteban y SALDUNA, Mariana, op. cit. , pag. 228.

[4] CNCCorr, Sala V, 16/3/2006 “Ramirez, Luciano Nicolás procesamiento por robo” c.29.061.

[5] CNAyG de SI, Sala III, 1/7/2005 “Carlos Ariel Graneros s/ inc. de apelación de la prisión preventiva” c.21.393.

[6] Toc 1 Necochea, 9/12/2005 “Díaz, Carlos S. s/ art. 189bis del CP”.

[7] Juzg. Contrav. Y de Faltas, nro. 11, 25/11/04, “Mosqueda, Juan Antonio s/ art. 189bis del CP” c. 4683-JC/2004.

[8] Cfr. DE LA FUENTE, Javier Esteban y SALDUNA, Mariana, op. cit. pag. 228

[9] Si el imputado ya había sido condenado por un hecho de la misma calidad que por el que se lo juzga y por el cal ha recibido una condena, le cabría un mayor reproche penal, debido al mayor conocimiento del alcance de la norma, lo que repercutiría en la culpabilidad.

[10] Juzg. Contrav. Y de Faltas nro. 6, 18/2/2005, “Lemes, Mauro Ismael s/ art. 189bis del CP”, C. 5380-JC/2004.

[11] El fallo en cuestión fue revocado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones, resolución que no se encuentra firme y actualmente se encuentra tramitando un recurso de inconstitucionalidad planteado por la defensa en el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires.

[12] Cfr. DE LA FUENTE, Javier Esteban y SALDUNA, Mariana, op. cit. pag. 230.

[13] Juzg. Cont. Y de Faltas nro. 16, 12/9/06, “Juarez, Julio Adrián s/ art. 189bis del CP” c. 941-JC/2005.

[14] CNCCorr, Sala V, 16/3/2006, “Ramirez, Luciano Nicolás procesamiento robo” c. 29.061.

[15]Ibid. anterior del Voto del Dr. José  Saez Capel, pag. 139.

[16] Ibid. anterior del Voto del Dr. José  Saez Capel, pag. 139.

[17] Cfr. GARCIA, Luis, Reincidencia y punibilidad. Aspectos Constitucionales y dogmática penal desde la teoría de la pena, Ed. Astrea 1992.

[18] CSJN, 21/4/88, Fallos:311:552 “V., E. C. y otra s/ Robo con armas y encubrimiento”, dictámen del procurador general.-

[19] Fallo Lemes cit.

[20] Secretario del Juzgado Contravencional y de Faltas nro. 16.

[21] Cfr. PODESTA, Tobías José, “El agravante de la portación de arma de fuego sin la debida autorización” publicación virtual www.eldial.com ref. DC85D.

[22] Cfr. PODESTA, Tobías José,  op. cit.

[23] YACOBUCCI, Guillermo Jorge, “El principio de culpabilidad”, en “El sentido de los principios penales- su naturaleza y funciones en la argumentación penal” Universidad Austral, Biblioteca de Estudios Penales, Editorial Abaco de Rodolfo Desalma, Buenos Aires, 2002, pag.325.

[24] Idem, pag.300.

[25] Fallo  CSJN, Bs.As. 29/8/1986 cit. en  YACOBUCCI op.cit. 300.

[26]Cfr. ZAFFARONI, Eugenio Raul y otros,  Derecho Penal Parte General, Ed. Ediar, Bs.As., 2000, pag. 123.

 

[27]Cfr. BACIGALUPO, Enrique, Derecho Penal, Parte General, 2da. Edición, Hammurabi, Bs.As., 1999, pag.169.

[28] Cfr. YACOBUCCI, Guillermo Jorge, “El principio de Culpabilidad” en “El sentido de los principios penales- su naturaleza y funciones en la argumentación penal” Universidad Austral, Biblioteca de Estudios Penales, Editorial Abaco de Rodolfo De Palma, Buenos Aires 2002, pag. 295.

[29] Fallos, 312:351 y 322:2346 cit en YACOBUCCI op.cit. pag.328.

[30] CARNOT cit. en ZAFFARONI, ob. Cit., pag.1011.

[31] BACIGALUPO, Enrique,  Principios constitucionales de derecho penal, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999 pag. 165.

[32]Cfr. JACOBS cit. en SILVA SANCHEZ, Jesús M., “La Expansión del Derecho Penal, Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales”, Ed. BDF, Buenos Aires, 2006, pag. 184/185.

[33] SILVA SANCHEZ, Jesús M., “La Expansión del Derecho Penal, Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales”, Ed. BDF, Buenos Aires, 2006, pag. 184/185.