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EL RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA FISCAL, ¿JUICIO O RECURSO?

 

Autor: SELVA FRANCO SÁNCHEZ.

Derechos reservados – Julio del 2000


INTRODUCCION

 

         El estado de derecho que todo país debe tener, es algo por lo que los gobernados han luchado siempre, es por eso que la presente tesis pretende ayudar en esta lucha, haciendo ver las anomalías que pueden presentar las figuras jurídicas que se dan en las leyes que rigen este país.

 

         La materia fiscal es una de las ramas del derecho que menos se han analizado, debido talvés al temor infundado de las matemáticas que están presentes en esta, pero independientemente de eso, es necesario analizar a fondo esta materia, puesto que en ella se encierra todo lo relacionado con los impuestos que como gobernados estamos obligados a dar según el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual afecta directamente nuestro patrimonio económico.

 

         De ahí la preocupación de enfocar el presente trabajo al recurso de revisión en materia fiscal, puesto que desde su sola lectura se perciben los inconvenientes que presenta el citado recurso para el gobernado o causante; en primer lugar por su forma de tramitación y en segundo lugar por la desigualdad procesal que representa para el gobernado, ya que se trata este recurso de una oportunidad exclusiva para la autoridad fiscal.

 

         Ante tales circunstancias, esta tesis se enfocará primeramente a la naturaleza jurídica de un recurso administrativo y uno jurisdiccional, para proseguir con la estructura de un recurso de revisión, y así poder llegar a la naturaleza de un juicio de amparo, y hacer las comparaciones correspondientes y con esto poder demostrar tanto la desigualdad procesal como la tramitación errónea de un juicio, cuando es un recurso.

DEDICATORIA:

 

 

         A  MI CREADOR Y SALVADOR:

 

         A DIOS QUE ME DIO LA DICHA DE CONOCER A JESUCRISTO EN EL MOMENTO MAS ADECUADO DE MI VIDA. POR TODO EL AMOR QUE ME DEMUESTRA AL PERMITIRME SEGUIR CON VIDA Y CONOCER LAS RIQUEZAS DEL EVANGELIO. GRACIAS INFINITAS.

 

 

PORQUE DIOS ES EL QUE EN VOSOTROS PRODUCE ASI EL QUERER COMO EL HACER, POR SU BUENA VOLUNTAD” (FILIPENSES 2:13) Y “TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE“ (FILIPENSES 4:13).

 

 

 

         A LAS PERSONAS QUE MAS ADMIRO:

 

         POR EL EJEMPLO QUE ME DIERON, CON SU ESPIRITU DE LUCHA Y PACIENCIA, ADEMAS DEL APOYO, SOBRE TODO MORAL QUE ME FORTALECIO Y ME AYUDO A SEGUIR ADELANTE. A MI MAMI Y A PAPI (GRACIAS MAMI, GRACIAS ABUELITO).


 

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES:

 

 

 

 

         A MIS COMPAÑEROS Y AMIGOS DE SALON DE CLASES (802), PORQUE CON SU INGENIO Y OCURRENCIAS LOGRARON QUE LOS AÑOS DE LA CARRERA FUERAN DE LOS MAS FELICES DE MI VIDA.

 

 

 

 

 

 

           A MIS MAESTROS, PORQUE FUERON UN ELEMENTO NECESARIO E IMPORTANTE EN MI EDUCACION.

 


CAPITULO I

EL RECURSO ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL

 

I.1. Generalidades.

 

         Para entrar al estudio del recurso administrativo resulta indispensable, primeramente, comprender su significado desde el punto de vista genérico, es decir, saber con certeza y claridad el concepto de Recurso.

 

         Existen variadas opiniones a cerca de este tema, entre las cuales destacan las siguientes:

 

         Juan Palomar de Miguel, en su Diccionario para Juristas, establece que el recurso, es una acción y efecto de recurrir, retorno de una cosa al lugar de donde salió.  Solicitud, memorial, petición por escrito. Acción concedida por la ley al interesado de un juicio o en otro procedimiento para reclamar contra las resoluciones, ya sea ante la autoridad que las dictó, ya ante alguna otra.[1]

 

         Jesús González Pérez expresa que, la impugnación procesal comúnmente recibe el nombre de recurso y define al proceso de impugnación como “aquel proceso especial por razones jurídico-procesales que tienden a la depuración de un proceso distinto y menciona dos criterios de clasificación para el proceso de impugnación.”[2]  Este autor divide el primer criterio en ordinarios, extraordinarios y excepcionales los primeros no exigen para su admisión causas específicas, los segundos proceden únicamente por las causas limitativamente fijadas por la ley; y en los últimos se dan solamente en contra de sentencia firme.  En el segundo criterio hace la clasificación según el grado judicial en que se sitúe la impugnación en relación con la resolución recurrida; en el mismo grado de jerarquía, o en grado superior.

 

Sin embargo, en la doctrina cubana Fernando Alvarez Tabío, afirma que la diferencia esencial entre la impugnación y los recursos estriba en que el recurso siempre se dirige a impugnar una resolución judicial, mientras que la impugnación puede dirigirse a combatir un acto de parte, y al final resume el recurso en dos conceptos, en sentido lato y en sentido estricto; el primero, es un acto de parte, una verdadera pretensión en la que se pide al órgano jurisdiccional la reforma de una resolución judicial anterior; el segundo, es el medio de impugnación que persigue un nuevo examen del asunto ya resuelto ante un órgano judicial de categoría superior al dictado en la resolución que se impugna.[3]

 

         El recurso es una acción que concede la ley al interesado en un juicio o en otro procedimiento para reclamar contra las resoluciones, ora de la autoridad que las dictó, ora ante alguna otra.[4]

 

         Por lo tanto, podemos decir que, el recurso "es el medio de defensa por el cual las partes pueden promover el control de la legalidad de la sentencia de un juez o de la resolución de una autoridad cualquiera, siendo esa acción un elemento integrante del derecho de defensa que constitucionalmente le corresponde"[5].

 

         Juristas renombrados como Gastón Jéze, Nava Negrete, Rafael Bielsa, Héctor Jorge Escola coinciden en la necesidad de la instauración del medio de defensa en comento, debido a que controla la legalidad de los actos de la administración y, por lo tanto, se convierte en un instrumento de impartición de justicia administrativa.

 

 

I.1.1 Concepto de recurso administrativo y jurisdiccional.

 

Para que se constituya un estado de derecho, es necesario que sus actos estén revestidos de legalidad, de ahí que sea indispensable que existan medios de defensa, que pueda utilizar la persona afectada por la resolución ya sea administrativa o jurisdiccional, para impugnar la resolución que provoca detrimento en su interés jurídico.

 

En la opinión de José María Villar y Romero, atendiendo a la autoridad ante quien pueda interponerse, cabe clasificar los recursos como gubernativos o judiciales.  Los recursos gubernativos son aquéllos que se interponen ante organismos, autoridades o tribunales de índole administrativa, constituyen por lo tanto, los recursos administrativos, así en cuanto a su fondo o contenido como por lo que respecta al procedimiento y a la autoridad llamada a decidirlos.

 

         Otra opinión es que, el Recurso Administrativo es aquel medio de defensa que la ley establece para deducir ante un órgano administrativo, una pretensión de modificación o revocación de un acto administrativo dictado por ese mismo órgano o por su inferior jerárquico.[6]

 

         Emilio Margain Manautou, menciona que "el recurso administrativo es todo medio de defensa al alcance de los particulares para impugnar, ante la Administración Pública, los actos y resoluciones por ella dictados en perjuicio de los propios particulares, por violación al ordenamiento aplicado o falta de aplicación de la disposición debida."[7]

 

         En el Diccionario para Juristas se establecen dos conceptos de recurso, uno administrativo, que se define como el derecho de cada uno de los particulares que pueden interponer contra las resoluciones administrativas y ante los propios organismos de la Administración; y el contencioso administrativo, que es aquel que se interpone contra las resoluciones de la Administración activa que reúnen determinadas condiciones establecidas en las leyes.[8]

 

         La finalidad del recurso administrativo, es controlar las decisiones de los órganos administrativos para que se emitan conforme a derecho.  Dicho recurso siempre se interpondrá ante un órgano de la Administración Pública para que inicie su trámite y resolución, ya sea ante la autoridad que emitió el acto impugnado o bien ante una autoridad superior, siempre y cuando sean órganos pertenecientes a la administración activa; aquí cabe hacer la aclaración (que considero fundamental) que si la ley de la materia de que se trata determina la manera específica el seguimiento procesal del recurso, podríamos definir satisfactoriamente si se trata de un recurso jurisdiccional porque debido a su naturaleza se interpone ante una autoridad judicial o administrativo, por interponerse ante una autoridad administrativa.

 

         Establecida ya esta diferencia esencial entre los dos tipos de recursos, el administrativo y el jurisdiccional podemos decir que el recurso jurisdiccional es un medio de impugnación que la ley ha concedido a las partes, a los terceros que gozan legitimación procesal, para obtener la revisión de las resoluciones del órgano jurisdiccional, y en su caso, la modificación o revocación.[9]

 

Los recursos judiciales son aquéllos que se interponen ante los tribunales de índole judicial; por lo tanto, no son recursos administrativos ni en cuanto a la autoridad que los decide ni en cuanto al procedimiento con arreglo al cual se substancian; únicamente podrían tener estos recursos carácter de administrativo por razón del contenido o materia discutida.[10]

 

 

I.1.2. La naturaleza jurídica de los recursos administrativo y jurisdiccional.

 

         Existen varias opiniones contradictorias a cerca de la naturaleza jurídica del recurso.  Entre ellas tenemos a dos que son las más importantes; una considera que al recurso administrativo como un acto jurídico y otra como un derecho de instancia.

 

         Un exponente de la primera teoría es Juan Carlos Cassagne, que nos dice:

 

"Tratándose de una declaración del particular que produce efectos jurídicos al respecto de la administración y las demás personas legitimadas en el procedimiento, es evidente que el recurso administrativo es un acto jurídico y no un derecho.  No debe confundirse, pues, el derecho de recurrir que es emanación conjunta del derecho de peticionar a las autoridades y de la garantía de la defensa trasladada al plano administrativo, con su manifestación concreta en el acto por el cual se recurre"[11]

 

         Briseño Sierra es uno de los exponentes de la segunda teoría que considera al recurso administrativo como un derecho de instancia, expone que el recurso es un derecho de instancia que debe estar clara y específicamente consignado en la ley o reglamento aplicables al caso controvertido; el recurso es una instancia que impugna la resolución de una autoridad y no una contradicción de derechos particulares.

 

         Menciona también el autor, que el derecho de instancia llamado recurso, es ya un título que significa la objeción del acto de autoridad.  Se distingue de la petición porque su eficiencia está prevista con certeza y se separa de la denuncia porque no pide la constatación de hechos, sino su modificación.

 

         Textualmente, Humberto Briseño Sierra dice: “La instancia llamada recurso queda en el campo de control a posteriori,  pero aún conserva la limitación de su pretensión, porque no puede lograr algo más del reacertamiento, de la justeza o del reajuste del primer reacertamiento.  Va contra el acto de autoridad, pero insta hacia ella o su superior, de manera que no puede pedirles algo que esté fuera de su estricta competencia.”[12]

 

         La teoría de Briseño Sierra nos parece más acertada, porque consideramos que el particular recurre a un derecho de instancia que tiene dentro del proceso en el cual se encuentre inmerso debido a su situación legal, debido a que el acto jurídico no es el recurso, sino la resolución que emana de la autoridad, la cual afecta el interés jurídico del gobernado.

 

 

         Ahora bien, se debe también determinar que el recurso es un medio de impugnación, y a mayor abundamiento podemos decir que la expresión medio de impugnación es mucho más amplia que el término recurso.  Los medios de impugnación contienen a los recursos que son aquéllos reglamentados en un sistema procesal, que tiene vida dentro del mismo; como por ejemplo los recursos en el derecho civil de apelación, queja, reclamación, son medios de impugnación intraprocesales, porque están reglamentados por un sistema procesal, y puede haber también medios de impugnación que no estén reglamentados o que no pertenezcan al sistema procesal antes mencionado que forman lo que se le podría llamar medios de impugnación autónomos, los cuales tienen su propio régimen procesal como es el caso del juicio de amparo, tan es así que dentro de éste existen recursos debidamente reglamentados.

 

 

         El recurso técnicamente, es un medio de impugnación intraprocesal, en el sentido de que vive y se da dentro del seno mismo del proceso ya sea como un reexamen parcial de ciertas cuestiones, o como una segunda etapa, segunda instancia, del mismo proceso.

 

 

 

 

 

I.2. Semejanzas y diferencias entre el recurso administrativo y el jurisdiccional.

 

         Sus semejanzas radican, en que ambas vías conocen de una misma resolución administrativa y se resuelve sobre la legalidad o bien la ilegalidad del acto que está reclamando.

 

         Otra de las semejanzas consiste, en que ambos recursos tienen dos elementos: esenciales y secundarios:

 

         Dentro de los esenciales encontramos tres, el primero consiste en la existencia del recurso establecido en un ordenamiento legal, esto es comprensible por el sistema jurídico de legalidad que exige el estado de derecho establecido en la Constitución Política Mexicana, verbigracia el Recurso Administrativo de Revocación en materia fiscal, contenido en los artículos 116 y 117 del Código Fiscal de la Federación; el segundo trata de la existencia de una resolución administrativa o judicial, que constituye el presupuesto material del medio de impugnación, por lo que no puede proceder dicho medio por alguna observación de la autoridad que no afecte el interés jurídico del particular; éste nos lleva de la mano al tercero, el cual consiste en dicha afectación de la esfera jurídica del particular, ya que sin una intromisión perjudicial en ésta, por parte de la autoridad, no habría interés jurídico por parte del particular y en consecuencia no habría materia de constitución del agravio que dará lugar al recurso.

 

         Sergio Francisco de la Garza aumenta un punto dentro de los elementos esenciales que es necesario mencionar, y este es: la existencia de la autoridad administrativa que lo tramite y resuelva, esto, porque de no determinar autoridad competente para sustanciarlo, no se puede seguir dicha tramitación y resolución.

         Los elementos secundarios son aquéllos que no resultan indispensables para la existencia del recurso, es decir, que solo son necesarios para su trámite y resolución; dentro de esta clase de elementos podemos mencionar los siguientes:

a) Plazo de interposición.

b) Período de admisión de pruebas.

c) Plazo para resolver el recurso.

d) Momento en que empieza a correr el término.

e) Libertad para impugnar la nueva resolución ante los tribunales. [13]

 

         Como podemos apreciar, en los elementos antes mencionados, no son éstos para la existencia del recurso, pero sí para que cumpla con aquéllos requisitos que debe satisfacer para su substanciación, ya por el particular, ya por la autoridad, según sea el caso de un recurso administrativo o jurisdiccional.

 

         En opinión de Burgoa Orihuela[14], el recurso consta de elementos esenciales que son: sujeto activo, pasivo y causa (remota o próxima) y objeto.

 

         El sujeto activo es aquélla parte de un procedimiento judicial o administrativo que lo interpone contra un acto procesal que le haya inferido un agravio, entendiéndose por tal, el perjuicio que le irroga al violarse una disposición legal, ya sea de fondo o adjetiva.

 

         El sujeto pasivo está constituido por la contraparte del recurrente; el sujeto pasivo en un recurso no es el órgano que dictó el acto impugnado, sino la contraparte del recurrente.

 

         La causa remota equivale a la legalidad que deben revestir todos los actos procesales, es decir, deben dictarse con apego a la ley que los rige; la próxima es la violación al principio de la legalidad traducida en la pronunciación o comisión de un acto procesal en contravención a las normas sustantivas o adjetivas que lo regulan, y para que tal violación constituya la causa próxima debe producir un menoscabo para alguna de las partes.

 

         El objeto es tender a la corroboración o la ratificación que emite el órgano encargado de conocer el recurso interpuesto respecto del acto recurrido.

 

         Las diferencias consisten en la autoridad ante la que se interponen ambos recursos es diferente, ya que mientras en el recurso administrativo la autoridad que resuelve es la administrativa en el recurso jurisdiccional es una autoridad judicial la que se encarga de resolverlo.

 

         Además los sujetos que tienen legitimación procesal para interponer un recurso jurisdiccional son diferentes a los del recurso administrativo.

 

         En el primer tipo de recurso las personas legitimadas para interponerlo puede ser la parte demandada, la parte actora o el tercero perjudicado; en el segundo tipo de recurso, será el particular o tercero perjudicado.  En el punto antes expuesto, abundaremos a cerca del tema en los siguientes apartados de la presente tesis.

 

         Fix Zamudio concretiza, “lo que distingue al recurso administrativo en estricto derecho de los medios de impugnación, la encontramos a primera vista, es que los recursos administrativos desembocan en un acto también administrativo, en tanto que la impugnación procesal concluye con un acto jurisdiccional, o sea, la sentencia.”[15]

 

 

         Otra opinión importante es la aportación que hace Andrés Serra Rojas, que dice: “la distinción que hay entre el recurso contencioso y el recurso administrativo estriba en que en el recurso contencioso la administración obra como parte frente al recurrente y hay una autoridad por encima de la Administración y del particular: el juez de la jurisdicción contencioso-administrativa, contienden ambas partes; no es juez y parte de la Administración como lo es en el recurso administrativo, a veces el mismo órgano como en el de reposición y además en el recurso administrativo se pueden impugnar las decisiones ejecutivas, aunque a veces también los defectos legales de trámite”.[16]

 

         Las diferencias entre el recurso administrativo y el proceso jurisdiccional son:

RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESO JURISDICCIONAL

- Constituye a la Administración en juez y parte.

- Constituye a la Administración sólo en parte.

- Origina una controversia administrativa.

- Origina un proceso.

- Se ejerce una función administrativa.

- Se ejerce una función jurisdiccional.

- Promoverá que el órgano de administración busque el esclarecimiento de la ley en bien de la función administrativa.

- Promoverá que el órgano jurisdiccional busque el esclarecimiento de la ley en bien del interés público.

- Permite a la Administración como órgano de control actuar sin someterse a un procedimiento rígido fatal.

- Solo permite al juzgador por excepción actuar de oficio.

- Concluirá en una resolución si lo reclamable ante el órgano jurisdiccional, sea administrativo o judicial

- Concluirá en una sentencia solo impugnable mediante los recursos jurisdiccionales correspondientes ante el Tribunal de Alzada.

 

 

I.3. Autoridades ante las que se interponen dichos recursos.

 

         La autoridad que conoce el recurso puede tener mayor jerarquía de aquélla que emitió el acto que agravia al particular, pero no necesariamente tiene que ser así, a veces la disposición permite que el escrito se interponga ante una autoridad distinta de la competente para conocer y resolver, la cual tendrá la obligación de remitirla a la competente, recayendo en lo establecido en el siguiente párrafo.

 

         Los recursos administrativos, dependen, como ya lo hemos dicho anteriormente, de una resolución administrativa para que se pueda dar el supuesto de que el particular interponga dicho recurso, por lo tanto, la autoridad que conocerá del caso será la autoridad administrativa que lo emitió o su superior jerárquico, según sea el caso.

 

         En cambio, si hablamos de un recurso jurisdiccional, el supuesto que se necesita generar para darle vida a éste, es el de que exista una resolución judicial que cause agravio al particular y en consecuencia que encuadre en alguna de las hipótesis establecidas en ley por las que se pueda interponer dicho recurso, llegándose así a la conclusión de que se ventilará ante la autoridad judicial que haya emitido la resolución impugnada.

 

         Siendo más específicos, en materia fiscal, el caso palpable de un recurso administrativo se encuentra en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, donde se establece el recurso administrativo de revocación, en el cual el acto o resolución administrativa es dictada ya sea por la Administración Local de Auditoría Fiscal o por la Administración Local de Recaudación, y en el caso de existir inconformidad en la resolución o acto administrativo este se impugna a través del citado recurso ante la Administración Local Jurídica de Ingresos, que tiene igualdad jerárquica a las señaladas anteriormente.

 

         Un recurso jurisdiccional puede darse en el caso del juicio de amparo, en el cual conoce de los casos una autoridad judicial, el recurso de revisión consagrado en los artículos 82 al 94 de la ley de amparo; en este caso es necesario establecer la competencia, que se encuentra en el artículo 84, la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el artículo 85, la de los Tribunales Colegiados de Circuito, a fin de delimitar la competencia de cada uno de los casos especiales a los que se refiera el recurso de revisión, ambos artículos de la Ley de Amparo.

 

 

I.4. Sujetos legitimados para interponerlos.

 

         Los sujetos que tienen legitimación para interponer tanto el recurso administrativo como el jurisdiccional son diferentes.

 

         Así tenemos que, los legitimados para interponer un recurso jurisdiccional son:

- La parte demandada

- La parte actora

- El tercero perjudicado

 

         Aquí existe ambivalencia en cuanto a quien puede ser la parte actora y quien la parte demandada; puesto que tanto la autoridad puede ser la que ejercite su derecho a la interposición del recurso, como puede serlo también el contribuyente por la resolución que le cause agravio.

         Por ejemplo en materia de amparo, existen los recursos de revisión, queja y reclamación, de los cuales el de revisión puede darse en contra de las resoluciones dictadas por el juez de distrito o el superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales niegue o conceda el auto de suspensión del acto reclamado, o modifique o revoque el auto donde conceda o niegue el auto de suspensión del acto reclamado; en este caso puede ser interpuesto el recurso por la autoridad responsable, por el quejoso y por el tercero perjudicado.

 

         En el caso de los recursos administrativos, quien interpondrá el recurso en comento será el particular al que le afecte un acto administrativo de la autoridad, el cual considera violatorio de sus derechos o que va en contra de sus intereses como contribuyente, pudiendo encuadrar en esta hipótesis el caso de un tercero perjudicado, que se encuentra establecido en el artículo 128 del Código Fiscal Federal, y que dice:

 

“ARTICULO 128.- El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco federal.  El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales federales, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal.”

 

         Realizando una lectura simple, nos podemos percatar de que la legislación fiscal, permite que se pueda interponer el recurso administrativo de revocación por un tercero el cual afirme ser propietario de los bienes o negociaciones a los cuales se les está fincando un crédito fiscal o antes del remate o adjudicación de los bienes que se le hayan embargado al ejecutar el cobro de un crédito fiscal a cargo de un contribuyente diferente a él.

 

         Entonces, una vez visto lo anterior, podemos decir que, en los recursos administrativos la autoridad que emitió el acto impugnado es parte y juez a la vez, a diferencia de los jurisdiccionales en los cuales tanto la autoridad que emitió la resolución que se impugna como los particulares se ponen en un plano imaginario de igualdad procesal, donde van a exponer las razones de su proceder ante una autoridad diferente y judicial.


CAPITULO II

EL RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA FISCAL

 

 

II.1. El entorno de procedibilidad del recurso de revisión en materia fiscal.

 

           Para poder entender completamente como se maneja el recurso de revisión, es necesario que sepamos su entorno de procedibilidad, es decir, el marco jurídico dentro del cual se puede encontrar dicho recurso.

 

         La formación de dicho recurso tiene su base jurídica en el artículo 104 fracción I-B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el decreto del 30 de diciembre de 1946 el cual fue reformado cuatro años después, el 30 de diciembre de 1950, y la procedencia del recurso de revisión se integró en el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación dentro del juicio de nulidad.

 

         El artículo 104 constitucional fracción I-B, dice:

 

“Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

            I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalan las leyes.  Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno.

 

         Este juicio se promueve ante el Tribunal Fiscal de la Federación a petición de la persona afectada por aquéllos actos de autoridad que sean contrarios a derecho, con la intención de determinar y resolver la validez y legalidad de dichos actos, y en su caso obtener la nulidad de los mismos.

 

           A mayor abundamiento, se puede observar que en las fracciones del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación se mencionan los casos en los cuales le compete conocer al Tribunal Fiscal de la Federación sobre algún asunto que se relacione con la Administración Pública Federal:

 

            Artículo 11.- El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:

 

            I.- Las dictadas por las autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

            II.- Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.

            III.- Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.

            IV.- Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.

            V.- Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes a favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al Erario Federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

            Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Fiscal solo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración.

            VI.- Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al Erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

            VII.- Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada.

            VIII.- Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.

            IX.- Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios, así como sus organismos descentralizados.

            X.- Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente.

            XI.- Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

            XII.- Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

            XIII.- Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo, inclusive aquéllos a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

            XIV.- Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.

            Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

            El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.

 

 

         Ahora bien, en el juicio de nulidad existen numerosos recursos que se pueden agotar ante alguna anomalía legal que se pueda presentar, los cuales están reglamentados en los artículos 242 al 249 del Código Fiscal de la Federación, dichos artículos encuadran las hipótesis jurídicas normativas compuestas por los recursos de reclamación y de revisión.

 

         Para aterrizar al recurso que nos ocupa en este análisis, invocamos el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, el cual es una especie de revisión-informidad que se interpone en contra de las resoluciones dictadas por las Salas que ponen fina a un juicio, es decir, se trata de un recurso en contra de las sentencias definitivas que concluyen el juicio contencioso-administrativo:

 

"Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los 15 días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Sea de cuantía que exceda de 3,500 veces el salario mínimo general diario en el área geográfica correspondiente al D.F., vigente en el momento de la emisión de la resolución o sentencia.

            En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a 12 meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce.

II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción I, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso.

III. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de las Entidades Federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a:

a) Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa.

b) La determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones.

c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado elprocedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación.

d) Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trascienda al sentido del fallo.

e) Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias.

f) Las que afecten el interés fiscal de la federación.

IV. Sea una resolución dictada en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos de trabajo.

            El recurso de revisión también será procedente contra resoluciones o sentencias que dicte el Tribunal Fiscal de la Federación, en los casos de atracción a que se refiere el artículo 239-A de este Código.

            En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las Entidades Federativas coordinadas e ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."

 

 

II.1.1. Causas de procedibilidad del Recurso de Revisión

 

           Es importante también señalar la procedencia del recurso, éste procederá en contra de: resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos y sentencias definitivas.  Los supuestos en los que debe encuadrar la resolución o sentencia son:

1)     Cuantía: más de 3,500 veces el salario mínimo general diario del área geográfica del Distrito Federal, vigente al momento de la emisión del acto recurrido.

2)     Sea de importancia y trascendencia, el asunto de que se trate, cuando la cuantía es inferior a la ya señalada o sea de cuantía determinada, el cual es requisito legal que la autoridad razone el porque considera que el asunto es de importancia y trascendencia.

3)     Las condiciones para la interposición del recurso son:

           a.- Interpretación de leyes o reglamentos en forma expresa o tácita.

           b.- Alcance de los elementos esenciales de las contribuciones.

           c.- Competencia de la autoridad que haya emitido el acto impugnado o tramitado el procedimiento o ejercido las facultades de comprobación.

           d.- Violaciones procesales en el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido de la resolución.

           e.- Violaciones cometidas en las sentencias.

           f.- Las que afecten el interés fiscal de la federación.

4)     La sentencia dictada en juicio de atracción a que se refiere el artículo 239-A del Código Fiscal de la Federación.

5)     Acto materia de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

6)     Resolución en materia de aportaciones de seguridad social cuando se refiere a:

           a.- Determinación del sujeto obligado.

           b.- Conceptos que integran la base de cotización.

           c.- Grado de riesgo de las empresas para efectos de seguro.

 

           Para ser más explícitos es necesario también mencionar los siguientes puntos:

 

a) Plazo para interponerlo: de acuerdo al artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, se interpondrá dentro del plazo de 15 días siguientes a aquél en que surta efectos la resolución que se impugne.

 

b) Autoridad que conoce del recurso: El Tribunal Colegiado de Circuito en la Sede de la Sala Regional respectiva.

 

c) Partes que lo pueden interponer: únicamente las autoridades que figuran como partes, tengan el carácter de actor o demandado en el juicio.

 

d) Resoluciones en contra de las cuales procede el recurso: en contra de las resoluciones dictadas por las salas regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas.

 

e) Requisitos de procedibilidad del recurso: que el asunto sea de importancia y trascendencia a juicio del titular de la Secretaría del Estado, Departamento Administrativo u organismo descentralizado a que el asunto corresponda, y por lo mismo, el escrito de interposición será firmado por el titular de la secretaría, departamento u organismo, y en caso de ausencia, por quien legalmente deba sustituirlos; por cuantía, por resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público u otras autoridades, por resolución en materia de la ley federal de responsabilidad de los servidores públicos, por resoluciones en materia de aportación de seguridad social, por resoluciones del Tribunal Fiscal de la Federación.

 

 

         La procedencia del recurso de revisión ha dado lugar a una diversidad de criterios por parte de los tribunales revisores, sobre todo en lo que se refiere a cuestiones donde la ley es omisa; así, la problemática comienza con el requisito de importancia y trascendencia, y que vuelve a resurgir por la reforma que entró en vigor el 1° de enero de este año, en la que nuevamente se contemple que la autoridad razone porque considera que el asunto es de importancia y trascendencia.

 

         Dos tesis aisladas del Segundo Tribunal Colegiado Sexto de Circuito, expresan el punto de vista acerca de lo que se ha denominado por importancia y trascendencia:

 

REVISION FISCAL ANTE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. NO LAS CONSTITUYE QUE SE TRATE DE INTERPRETACION DE LEYES.- Para la procedencia del recurso de revisión fiscal ante los Tribunales Colegiados de Circuito no basta, para considerar satisfechos los requisitos de importancia y trascendencia del negocio, que se proponga la interpretación de un precepto legal cuya aplicación interesa a todos los que compre de su acción normativa, habida cuenta que con frecuencia los juicios de nulidad se resuelven con base en la interpretación de cierta disposición tributaria realiza el tribunal correspondiente.  Tampoco se surte la trascendencia para los efectos de la procedencia del recurso de revisión fiscal, por el hecho de que se sustente determinado criterio al interpretar algún precepto legal, ya que lo que sobre el particular resuelva el Tribunal Colegiado correspondiente, no implicaría necesariamente que las salas del Tribunal Fiscal de la Federación en el futuro se sujetaran al mismo criterio”.[17]

 

REVISION FISCAL IMPROCEDENTE. IMPORTANCIA DEL ASUNTO RADICA EN SI MISMO CONSIDERADO Y NO EN LA FORMA EN QUE SE RESUELVA POR EL TRIBUNAL FISCAL.  VIOLACIONES DE CARÁCTER PROCESAL NO BASTAN PARA JUSTIFICAR LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO.- El hecho de que la autoridad recurrente estime que el Tribunal Fiscal de la Federación, durante la tramitación del juicio, cometió violaciones de carácter procesal, de ninguna manera es apto para determinar que se está en presencia de un asunto de importancia y trascendencia, o sea, los argumentos en que se trata de apoyar la importancia del asunto y que se refieren, en suma a que en el mismo se han cometido violaciones procesales que pudieran trascender al resultado del fallo definitivo, pueden convenir a una gran cantidad de asunto, pues con mucha frecuencia las partes afectadas aducen, independientemente de que sea o no cierto, que se han violado en su perjuicio determinadas normas que rigen el procedimiento o que se han resuelto indebidamente determinados puntos de derecho.  Las cuestiones planteadas relativas a que el Tribunal Fiscal de la Federación aplicó indebidamente algunas disposiciones procesales, no atribuye al asunto el carácter de verdaderamente “EXCEPCIONAL”, EN EL SENTIDO PRECISADO, por la tesis jurisprudencial citada, ya que la “importancia” radica en el asunto en sí mismo considerado y no en la forma como se resuelva”.[18]

 

 

         De lo anterior podemos concluir que la importancia del asunto implica lo excepcional, aquello que no es común, como por ejemplo, no tendría ese carácter un asunto que tuviera por materia una sanción por incumplimiento al requerimiento, en el que además la cuantía fuera de $94.00.

 

         Por trascendencia se atiende más al efecto que la sentencia pudiera tener, que de alguna manera podría estimarse a partir de la gravedad de esos efectos o consecuencias.

 

f) Trámite procesal del recurso: el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación regula el trámite del recurso, requiriendo que:

1.     La interposición del recurso sea por escrito dirigido al juez de Distrito del Tribunal Colegiado de Circuito.

2.     Al recibirse el recurso se designará al magistrado instructor el que admitirá el recurso, si procede, y mandará correr traslado a la parte contraria por el término de 5 días, para que exponga lo que a su derecho convenga.  Vencido dicho término, el magistrado instructor, dentro del plazo de un mes, formulará el proyecto de resolución que someterá al Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito.

3.     Se sujetará a la tramitación dictada por la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, fija para la revisión de amparo indirecto.

4.     El recurso de revisión en el proceso fiscal, solo procede para impugnar las resoluciones de sobreseimiento y las sentencias definitivas dictadas por las salas regionales del Tribunal Fiscal de la Federación.  Conoce del mismo el Tribunal Colegiado de Circuito.

5.     Unicamente están legitimadas para interponerlo las autoridades administrativas y se debe tratar de un asunto de importancia y trascendencia a juicio del titular de la secretaría, departamento administrativo u organismo descentralizado que corresponda, así como por las violaciones procesales que afecten las defensas del recurrente y trasciendan el sentido del fallo.

 

 

II.1.2. Formalidades del Recurso de Revisión.

 

           Aunque la ley no señala en rigor la forma que ha de revestir el recurso de revisión, ya que solo indica que deberá ser un escrito, es pertinente comentar que por razón de orden y claridad en la promoción, ésta debe contener:

 

1.- Lugar y Fecha.

2.- Autoridad a la que va dirigida

3.- Autoridad recurrente y en que carácter acude.

4.- Fundamentos legales y reglamentarios que lo legitimen.

5.- Mención de que interpone recurso de revisión.

6.- Fecha de notificación de la sentencia.

7.- Sala que dictó la sentencia.

8.- Materia acerca de la que versó el juicio.

9.- El o los agravios que le causa la resolución impugnada.

10.- Cita de Tesis Jurisprudenciales o criterios que apoyen la pretensión.

11.- Pruebas supervenientes, si las hubiera.

12.- Puntos petitorios.

13.- Firma del recurrente.

 

           El recurso de revisión deberá interponerse mediante oficio, requisitado debidamente, como puede ser el número de oficio, lugar y fecha del asunto o rubro, en este caso es aconsejable que se identifique correctamente el juicio, el promovente del mismo, seguido de la leyenda “se interpone recurso de revisión”. Como destinatario, el nombre de la Sala del conocimiento, su dirección.

 

           El cuerpo del oficio inicia con el nombre de la autoridad que interpone el recurso, a manera de comparecencia, se indicará la sentencia que se recurre indicando su fecha de emisión y en su caso, de notificación.

 

           El primer capítulo, iniciará con la procedencia del recurso, indicando los preceptos legales en los que se pretende encuadrar.  Es correcto y conveniente que se transcriba la parte considerativa de la sentencia que se va a combatir en el recurso, con la finalidad de fijar la procedencia y la materia de revisión.

 

           Después, se abre un capítulo de agravios, que constituyen los argumentos lógico jurídicos encaminados a combatir o desvirtuar todas las consideraciones que la Sala tomó en cuenta para emitir su fallo.  Estos argumentos deben ser una verdadera confrontación de carácter legal, apoyándose para ello de ser necesario y posible, con doctrina, jurisprudencia e incluso criterios aislados (ver anexo 3).

 

           No debe perderse de vista que no pueden hacerse valer argumentos novedosos, argumentos que no fueron planteados en el juicio original en contestación de demanda, ello no implica que no se pueda reforzar la posición que se alegó en el juicio, siempre y cuando se mantengan como sustancia de la defensa original.

 

 

 

 

II.2. Antecedentes legislativos del recurso de revisión en materia fiscal.

 

II.2.1. El decreto del 30 de diciembre de 1946.

 

         Este decreto fue publicado el 31 de diciembre de 1948 en el Diario Oficial de la Federación, que entró en vigor según su artículo transitorio, 10 días después de que se publicara el decreto que reformó la fracción I del artículo 104 constitucional, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1946.  Disponía:

 

Artículo Primero.- Las sentencias que dicte el Tribunal Fiscal de la Federación en los distintos negocios de su competencia, contra las que no proceda recurso, de acuerdo con las leyes que rigen el funcionamiento de dicho Tribunal, serán revisables, a petición de parte por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando el interés del negocio no se haya precisado, no sea precisable o sea de $20,000.00 o mayor”.

 

Artículo Segundo.- El recurso se propondrá y substanciará en los términos, forma y procedimientos que señala la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, para la revisión de las sentencias dictadas por los jueces de Distrito en amparo indirecto, la Procuraduría Fiscal podrá interponer el recurso en nombre de la Secretaría de Hacienda e intervenir en todos los aspectos procesales del mismo.

 

Artículo Tercero.- La suspensión del procedimiento otorgada durante el juicio ante el Tribunal Fiscal continuará en vigor al tramitarse el recurso creado por esta ley mientras se mantenga la garantía del interés fiscal.”[19]

 

         Con la lectura del decreto en comento se puede percatar el lector de que originalmente el legislador pensó o diseñó este recurso para ambas partes como lo mencionó en el artículo primero: “Las sentencias que dicte el Tribunal Fiscal de la Federación... serán revisables, a petición de parte por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.  Es decir, tanto la autoridad administrativa que dictó la resolución impugnada (actuando ahora como parte en el juicio de nulidad), como el contribuyente tenían derecho para interponer el recurso de revisión.

 

         Posteriormente el legislador cambió de opinión cometiendo un gran error al poner este recurso a disposición de la autoridad solamente, creó un desequilibrio procesal entre las partes en el juicio, algo que es contra la naturaleza jurídica del proceso.

 

 

II.2.2. El decreto del 30 de diciembre de 1950.

 

Decreto por el que se reforma el artículo primero del 29 de diciembre de 1948.

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 1° del decreto del 29 de diciembre de 1948 que establece el recurso de revisión de las sentencias del Tribunal Fiscal Federal, dictadas en los juicios de nulidad promovidos contra las resoluciones de las autoridades que manejan la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal para quedar como sigue:

 

Artículo Primero.- Las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Fiscal Federal en los que declare la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades que manejan la Hacienda del Departamento del Distrito Federal, se revisarán a petición de éste, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

         El procedimiento para la tramitación de este recurso será el que establece la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la tramitación y resolución del recurso de revisión de las sentencias dictadas por los jueces de Distrito en el juicio de amparo indirecto.  No son equiparables el juicio de amparo y el recurso a que se refiere este artículo y, por lo mismo, las promociones relativas a la tramitación de este último podrán ser hechas conjunta o separadamente, por el Tesorero del Distrito Federal, por el Subtesorero del mismo Distrito y por el Jefe del Departamento Legal de la Tesorería de la propia entidad.

 

Transitorios:

Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”[20]

 

         Ayuda a comprender el texto anterior lo que menciona la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe:

 

2097. RECURSO DE REVISION FISCAL. Decreto de 29 de diciembre de 1948, reformado en 1950.  Sólo puede interponerlo las autoridades que manejan la Hacienda Pública del Distrito Federal y no los causantes.

            Esta sala tiene sentado el criterio de que los decretos de 30 de diciembre de 1946, reformado, 29 de diciembre de 1948, reformado se refieren a negocios fiscales federales y locales del Distrito Federal, respectivamente, por lo que cuando se trata de juicios enderezados contra resoluciones promovidas por las autoridades que manejan la Hacienda Pública del Departamento del Distrito federal, el recurso de revisión relativo debe apoyarse en el segundo decreto, y que por, consecuencia, no es exacto que los ordenamientos relacionados reglamentan 2 clases de diversos negocios, según el carácter federal o local de las autoridades que hubiesen dictado las resoluciones impugnadas de nulidad.[21]

 

         Es necesario hacer notar una de las irregularidades del recurso de revisión, en el sentido que la naturaleza jurídica de un recurso menciona que éstos se deben interponer ante la autoridad que emite la resolución que se impugna, y en este caso, el artículo 248 del Código en comento, está diciendo que se interpondrá el recurso ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, el cual es un Tribunal que ventila cuestiones de inconstitucionalidad de los actos o resoluciones de cualquier tipo de autoridades, y no los recursos que se puedan dar en el ámbito administrativo.

 

         Así desde el Código Fiscal de 1938, hasta la reforma fiscal que entró en vigor el 15 de enero de 1988, conoció del recurso de revisión el propio Tribunal Fiscal de la Federación; a partir de dicha reforma, la facultad de conocer este recurso se otorgó a los Tribunales Colegiados de Circuito, con lo cual el Poder Judicial incursionó como órgano revisor en segunda instancia en materia de juicio de nulidad, hasta la fecha.

 

         Ante el proceso, los particulares y las autoridades son iguales; en consecuencia deben ser tratados de igual manera y darles los mismos derechos y el recurso de revisión fiscal se niega a una de las partes, (he aquí una de las contradicciones) y precisamente la más débil como es el causante.  Por lo tanto, es obvio que tal artículo es inconstitucional.

 

         Debido a que los autores como Porras y López plantean que, la revisión es un recurso de legalidad; al respecto la corte ha dicho: “Como la Suprema Corte actúa con el carácter de Tribunal de segunda instancia al conocer de las revisiones fiscales su intervención está limitada a estudiar y resolver a través de los agravios que se le propongan, si la Sala del Tribunal Fiscal que dictó la sentencia respectiva apreció debidamente los hechos que le fueron planteados y aplicó correctamente las normas de derecho y preceptos legales correspondientes, sin estudiar el aspecto constitucional, cuyo conocimiento no es de competencia del Tribunal indicado”.

 

         La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha querido justificar la presencia de este recurso con varias opiniones que ha emitido a cerca del tema diciendo entre otras:

 

         “Quiso el legislador equiparar a los particulares, quienes pueden acudir al juicio de amparo, y al estado, privado de poder llegar a la Suprema Corte para defender sus intereses y de ahí la creación del recurso de que se trata”.

 

         “El recurso se dio para el Estado con la finalidad ya señalada atendiendo a la categoría de este alto tribunal como supremo vigilante de la estricta aplicación de las leyes federales principalmente las de materia tributaria”.

 

         “La revisión tiende a los actos de aplicación y ejecución de la ley pero no a su inconstitucionalidad”.[22]

 

         Ahora bien, ante esta afirmación por parte de la Corte, es necesario lanzar al aire la pregunta de: ¿si la función del Tribunal Colegiado de Circuito (que es ante quien se interpone el recurso de revisión), no es la de ventilar cuestiones de inconstitucionalidad?, y si esto es correcto, entonces que hace un Tribunal Colegiado de Circuito resolviendo cuestiones de legalidad, va en contra de su naturaleza jurídica.

 

         En opinión de J. Kayé, independientemente de que se haya abusado o no del recurso de revisión debe señalarse que esta constituye una forma de equilibrio procesal entre el particular y la autoridad administrativa, pues mientras que aquel cuenta con el amparo en contra de sentencias que le fueron contrarias, ésta en caso de no existir el recurso que se comenta, no tendría medio alguno para hacer valer una segunda instancia en contra de sentencias que le perjudicaran.[23]

 

         Pero en contradicción a lo dicho por Dionisio J. Kayé, podemos darnos cuenta de que, es realmente desigual el trato que se le da al particular, debido a que la autoridad tiene la obligación de emitir sus resoluciones con total apego a la ley,  en cambio el particular solo se encuentra a la expectativa de que la autoridad resuelva del asunto de que se está tratando en base a derecho confiando en la honestidad de la autoridad, aun cuando a ésta le sea desfavorable la resolución que emita el Tribunal Fiscal de la Federación.

 

         Es decir, se presupone que la autoridad actúa conforme a derecho, y realiza una exacta aplicación de la ley; y si se da a la autoridad la oportunidad de recurrir al recurso de revisión se está dudando de la honestidad del Tribunal Fiscal de la Federación para dictar sus fallos.

 

         Además de que el mencionado juicio de amparo se estableció para los particulares precisamente por cualquier anomalía o abuso de poder que se pudiese presentar de parte de la autoridad y crear así una igualdad entre ambas partes, y con la creación del recurso se está volviendo a lo mismo.

 

 

II.3. Comparación entre el recurso de revisión original y el actual.

 

         El recurso que se analiza fue establecido por decreto expedido por el Presidente Miguel Alemán Valdés el 30 de diciembre de 1946, publicado el 31 de diciembre de 1948 y en dicho decreto se leía: "las sentencias que dicte el Tribunal Fiscal de la Federación serán revisables a petición de parte por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

 

         Debemos percatarnos como este recurso se otorgaba a las dos partes en el proceso, es decir, lo mismo a las autoridades que a los particulares. A diferencia del vigente en el Código Fiscal de la Federación donde los particulares tendrán derecho a recurrir al juicio de amparo indirecto y en su caso la revisión que se da dentro del mismo proceso, es decir, se obliga al particular a instaurar dos instancias, lo que no sucede con las autoridades que en este sentido su situación es privilegiada, pues solo tendrán una sola “instancia” por el conocimiento que de la revisión tiene el más alto Tribunal del país; situación a todas luces injusta por desigual en el trato de las partes dentro del proceso fiscal.

         Lo comentado anteriormente es la diferencia esencial entre el recurso original y el actual, además de las cantidades, que ahora varían por el paso del tiempo, lo cual resulta obvio.  Además de que se agregó el concepto de “importancia y trascendencia”, debido a que como apunta acertadamente Fix Zamudio, la Secretaría de Hacienda interponía de manera indiscriminada recursos ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante que la mayoría se declaraban infundados, logrando con esto una saturación de trabajo para la Suprema Corte (ver apéndice 2).

 

         Pero subsiste el problema que se ha venido tratando en el presente trabajo, la desigualdad procesal.  Los motivos dados por la Cámara de Diputados y Senadores son completamente rebatibles, principalmente en la conclusión a la que llegan:

 

            “Como la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que solo una reforma constitucional puede concederle jurisdicción para que el estado tenga el recurso de llegar a ella; y como seguramente se estará de acuerdo que la situación del estado es injusta y antijurídica, pues mientras se permita a los intereses privados, a través del juicio de amparo, acudir a la Suprema Corte, se niega a los intereses públicos este derecho, es indispensable la reforma de que se trata, a efecto de que la jurisdicción de la Suprema Corte esté fijada en principios uniformes, lo mismo dentro del amparo que fuera de él, para que cese la actual injustificada situación en que a través del amparo, el negocio más insignificante puede llegar a la Suprema Corte de Justicia, mientras esté negado el acceso al tribunal supremo a negocios importantísimos en que los intereses públicos están de por medio.”

(ver apéndice 1).

 

         En cuanto al párrafo en el cual menciona la importancia de los intereses públicos, cabe hacer mención de la importancia de las garantías individuales del gobernado, porque debemos darnos cuenta de que así como la autoridad fiscal considera importantísimos los asuntos que trata y que dice afectan el interés público, también para el contribuyente es de suma importancia el asunto que hace llegar al Tribunal Fiscal de la Federación y le causa un detrimento patrimonial importante.


CAPITULO III

NATURALEZA JURÍDICA DEL JUICIO DE AMPARO

 

 

III.1 Naturaleza jurídica del juicio de amparo.

 

         Para establecer si nuestro medio de control constitucional tiene el carácter de “juicio” o si es un mero “recurso” stricto sensu, es necesario acudir al análisis de la naturaleza de ambos, en sus rasgos generales.

 

         El recurso, supone siempre un procedimiento anterior, en el cual haya sido dictada la resolución o proveído impugnados, y su interposición suscita una segunda o tercera instancia, es decir, inicia, un segundo o tercer procedimiento, seguido generalmente ante órganos autoritarios superiores con el fin de que éstos revisen la resolución atacada, en atención a los agravios expresados por el recurrente.  Se considera como un medio de prolongar un juicio o proceso ya iniciado, y su objeto consiste, precisamente, en revisar la resolución, bien sea confirmándolos, modificándolos o revocándolos.  Siendo la revisión un acto por virtud del cual se vuelve a ver una resolución, mediante el estudio y análisis que se haga acerca de la concordancia con la ley adjetiva y sustantiva de la materia de que se trate, es evidente que el recurso, que tiene como objeto esa revisión especificada en las hipótesis procesales ya apuntadas, implica un mero control de legalidad.

 

         No sucede lo mismo con el amparo, pues su fin directo no consiste en revisar el acto reclamado, es decir, en volverlo a considerar en cuanto a su procedencia y pertinencia legales, sino en constatar si implica o no violaciones constitucionales, en los casos previstos por el artículo 103 de la Constitución.  El amparo no pretende establecer directamente si el acto autoritario que le da nacimiento se ajusta o no a la ley que lo rige, sino si engendra una contravención al orden constitucional, por lo que se considera como un medio de control de constitucionalidad, a diferencia del recurso que es un medio de control de legalidad.

 

         La finalidad del recurso es la revisión de la resolución atacada, declarar la procedencia o improcedencia de ambas y sus consecuencias procesales en sus respectivos casos.  El amparo trata de reparar la violación cometida en perjuicio personal contra el orden constitucional.

 

         De las anteriores consideraciones se infiere que el tribunal o el órgano administrativo que conoce del recurso, se sustituye, en cuanto a sus funciones decisorias, al inferior que pronunció el proveído recurrido, confirmando, revocando o modificando a éste.  Tratándose del amparo, el órgano jurisdiccional al cual incumbe su conocimiento, la autoridad responsable, la que juzga por lo que atañe a su actuación inconstitucional califica sus actos conforme al ordenamiento supremo sin decidir acerca de las pretensiones originarias del quejoso, cuando el acuerdo recaído a ellas no implique contravenciones a la ley fundamental.

 

         Bastan las anteriores diferencias entre el amparo y el recurso stricto sensu, para reputar a aquél como un verdadero juicio o acción sui géneris distinto e independiente del procedimiento en el cual surge el acto reclamado.

 

 

 

III.1.1. Concepto.

 

         Por tanto, al considerar al amparo como un juicio, el concepto de este vocablo partirá de este punto, así tenemos que existen varios conceptos, como expresaremos a continuación.

 

         En palabras del Dr. Ignacio Burgoa Orihuela el juicio de amparo "es medio jurídico de tutela directa de la Constitución y de tutela indirecta de la ley secundaria, preservando, bajo este último aspecto y de manera extraordinaria y definitiva, todo el derecho positivo."[24]

 

         Arellano García menciona en su libro "El Juicio de Amparo:

 

                          "El amparo en México es un medio jurídico que preserva las garantías constitucionales del gobernado contra todo acto de autoridad que las viola, asegurando en su favor el sistema competencial existente entre la autoridad federal y la de los Estados y protegiendo también en su beneficio toda la Constitución y todo ordenamiento integrante del derecho positivo mexicano, con vista a la garantía de legalidad instituida en los artículos 14 y 16 de la Ley Fundamental y en función del interés jurídico específico del propio gobernado."[25]

 

         Ambos conceptos coinciden en que el juicio de amparo es un control de constitucionalidad.

 

 

III.1.2. Elementos.

 

         Dentro de los elementos integrativos del amparo tenemos:

a)     El quejoso.- En todo amparo es esencial la presencia de un sujeto actor, titular de la acción de amparo.

b)     Derecho de acción.- El derecho de acción es una parte importante en el amparo debido a que sin éste el quejoso (o partes en el juicio) no podrían pedir la protección de la Justicia Federal, debido a que de hacerlo procedería el sobreseimiento.

c)      Organo jurisdiccional federal o local.- Este constituye al órgano de control, encargado de impartir la justicia federal que exige el quejoso en el juicio; que generalmente es federal y excepcionalmente local.

d)     Autoridad responsable.- Es la presunta realizadora del acto que se combate por vía del amparo.

e)     Acto reclamado.- Debe haber un acto de autoridad estatal que se imputa por el quejoso a la autoridad responsable, el cual le cause perjuicio o detrimento a su esfera jurídica.

f)       Vulneración de garantías individuales o del sistema de distribución competencial.- Es presupuesto incondicional del amparo que se impute a la autoridad responsable una presunta vulneración de garantías individuales o del sistema de distribución competencial.

g)     Agotamiento previo de los medios de impugnación ordinaria.- Antes de ir el quejoso al amparo debe agotar los recursos o medios de defensa que le otorgue el sistema jurídico del que emane el acto o ley reclamado.

h)     Tercero perjudicado.- “Persona que tiene derechos opuestos a los del quejoso y, consiguientemente, interés en que subsista el acto reclamado”.[26]

 

III.1.3. Fines.

 

         La finalidad del juicio de amparo es hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio del gobernado.

 

         Al amparo le corresponde la finalidad de garantizar las libertades públicas, como objetivo fundamental, que a su vez tiene dos objetivos:

 

1.     Coadyuvar a mantener los poderes dentro de la esfera constitucional de sus funciones, porque el amparo procede en caso de extralimitación federal o local.

 

2.     Proporcionar a la Corte la oportunidad de establecer con obligatoriedad, mediante la jurisprudencia, la interpretación de la normas constitucionales y la interpretación de las leyes secundarias, en relación con la Constitución.[27]

 

         También podemos agregar lo que al respecto menciona la Ley de Amparo en su artículo primero:

 

El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

I.                    Por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales;

II.                  Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados;

III.                Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.

         El autor Eduardo Pallares señala que el amparo tiene un doble objeto, uno mediato y general que consiste en mantener el orden constitucional y el principio de legalidad; el otro inmediato, estriba en conceder a la persona que lo solicita la protección de la Justicia de la Unión.  En efecto, a través de las garantías de legalidad plasmadas en los artículos 14 y 16 constitucional se actualiza el primer objetivo del amparo y por esta razón, el amparo mantiene la legalidad pues, al violarse alguna disposición legislativa, simultáneamente se viola la garantía de legalidad que se encuentra establecida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

 

         Todo esto tiene su soporte jurídico en la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe:

 

AMPARO, FINALIDAD DEL. Los tribunales de amparo, al examinar las cuestiones que le son planteadas, no deben enfatizar la conveniencia de que los gobernados cumplan con sus obligaciones legales y de que los mandatos legales sean estrictamente cumplidos, pues ésta es la función propia del Poder Ejecutivo, conforme a los artículos 49 y relativos de la Constitución Federal.  Y la misión esencial de los tribunales de amparo, conforme a los artículos 103, 107 y relativos de dicha Constitución, consiste en la protección de las garantías individuales de los gobernados frente a los gobernantes, y lo que dichos tribunales deben enfatizar es la conveniencia de que las autoridades se ciñan a los preceptos legales que rigen su actuación, cuando realizan su tarea de vigilar y hacer que los gobernados cumplan, a su vez, con sus obligaciones legales.  De lo contrario, se desvirtuaría la función esencial del juez de amparo, al hacer de él un auxiliar de las autoridades administrativas, en vez de actuar como órgano tutelar de las garantías de los ciudadanos.  Y si bien es importante que los gobernados cumplan con las leyes, también lo es que sean respetadas sus garantías individuales cuando se trata de hacerlos cumplir.  O sea que cada Poder debe actuar dentro de la esfera de las metas que tiene asignadas, de donde se desprende que debe también enfatizar diferentes aspectos de las cuestiones legales a que debe atender.”[28]

 

 

III.2. Sujetos legitimados para interponerlo.

 

         Las partes en el juicio son las que figuran en la relación procesal, activa o pasivamente; la calidad de ‘parte’ se determina fundamentalmente por el planteamiento contenido en la demanda misma.

 

         Parte en general, “es la persona que, teniendo intervención en un juicio, ejercita en él una acción, opone una excepción o interpone un recurso.”[29]

 

         Lo que caracteriza a la parte es el interés en obtener una sentencia favorable.  Las partes consideran que les asiste un derecho que deben defender en el juicio, y actuar en beneficio propio resulta consubstancial a tal carácter.

 

         El artículo 5º de la Ley de Amparo, señala las partes en el proceso, en 4 fracciones:

 

1.     Agraviado o agraviados

2.     La autoridad responsable

3.     El tercero o terceros perjudicados

4.     El Ministerio Público

 

         1. QUEJOSO.- O también llamado agraviado, es quien promueve el juicio de garantías, quien demanda la protección de la Justicia Federal, quien ejercita la acción constitucional.

 

         “Es aquél que ataca un acto de autoridad que considera lesivo a sus derechos, ya sea porque estime que viola en su detrimento garantías individuales; o porque, proveniente de autoridad federal, considere que vulnera o restringe la soberanía de los Estados; o, por el contrario, porque haya sido emitido por las autoridades de éstos con invasión de la esfera que corresponde a las autoridades federales (art. 103 Constitucional, reproducido por el 1° de la Ley de Amparo)”.[30]

 

         Es pertinente precisar, que las personas morales privadas deben pedir amparo por medio de sus legítimos representantes y las oficiales por conducto de los funcionarios o representantes que tengan dicha representación de acuerdo a lo establecido por la ley.

 

         El Estado tiene una doble personalidad: la de carácter público y la de carácter privado.  Desde luego que el Estado como persona de derecho público, revestido de imperio no puede legalmente pedir amparo y ser por lo mismo, quejoso en el juicio constitucional, puesto que resulta ilógico que lo pidiera contra sí y ante sí mismo.

 

 

         Por el contrario, el Estado como persona de derecho privado si está en aptitud legal de promover el juicio de amparo, puesto que está en desprovisto de su imperio actúa como cualquier particular y se somete a las leyes ordinarias.  El artículo 9° de la Ley de Amparo limita el derecho del Estado de promover el juicio en cuestión, al supuesto de que la ley o el acto que reclame lo afecte en sus “intereses patrimoniales”.

 

         2. AUTORIDAD RESPONSABLE.- “Es la parte contra la cual se demanda la protección de la justicia federal; es el órgano del Estado, que forma parte de su gobierno, de quien promueve el acto que se reclama (ley o acto en sentido estricto) que se impugna por estimar el quejoso que lesiona las garantías individuales”.[31]  Es obvio, que la personalidad del Estado en este caso será la de carácter público, cuyo acto reclamado satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad.

 

         El artículo 11 de la Ley de Amparo menciona que “es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado.”[32]

 

         De ahí se desprende que existen dos tipos de autoridades ordenadoras y ejecutoras, y en ambos casos las autoridades responsables, lo son, no solamente la autoridad superior que ordena el acto, sino también las subalternas que lo ejecuten o traten de ejecutarlo, y contra cualquiera de ellas procede el amparo.

 

         3. TERCERO PERJUDICADO.- “Es quien resulta beneficiado con el acto que el quejoso impugna en el juicio de amparo y tiene por lo mismo interés en que tal acto subsista y no sea destruido por la sentencia que en el mencionado juicio se pronuncie.”[33]

         El artículo 5° fracción III estatuye que pueden intervenir con tal carácter:

 

         a).- La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento.”

 

         Cuando menciona “cualquiera de las partes en el mismo juicio” el legislador quiso decir que en el anterior supuesto serán terceros perjudicados tanto el actor como el demandado, los dos; ya que ambos tienen interés en la sentencia que llegare a pronunciarse en el juicio de garantías y, por lo mismo, en aportar pruebas y hacer valer los alegatos que a sus derechos convengan.

 

         “b).- El ofendido o persona que, conforme a la ley, tenga derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstos afecten dicha reparación o responsabilidad.”

 

         Se le da el carácter de tercero perjudicado, al ofendido en el caso de un amparo penal, porque la ley otorga al Ministerio Público en el artículo 21 constitucional, el ejercicio de la acción penal, y el ofendido solo puede comparecer con tal carácter. En los demás casos es cualquier particular que encuadre en este supuesto.

 

         “c).- La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintos de la judicial o del trabajo.”

 

         4. MINISTERIO PUBLICO.- Solo intervendrá en el caso en que afecte, la fracción IV del multicitado artículo 5° de la Ley de Amparo denota que el Representante de la Sociedad siempre debe ser llamado a juicio constitucional como parte y él tiene la facultad de decidir si interviene o no, según estime que el caso afecta o no el interés público.

 

         Como puede advertirse, es la circunstancia de que legalmente el Ministerio Público intervenga o pueda intervenir en tales casos lo que, si en ellos se produce un acto autoritario respecto del cual se emite en el juicio de amparo una resolución que estima perjudicial para el interés público, le confiere la legitimación necesaria para recurrir, legitimación que por consiguiente existirá si a propósito de esos casos llega a promoverse el juicio de amparo en que se reclame la ley que los rige.

 

 

III.3. Autoridades ante las que se interpone el juicio de amparo.

 

         El juicio de amparo se interpone ante determinadas autoridades, según lo establece la ley de la materia, que en este caso son la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  La competencia otorgada por estas leyes en el juicio de amparo es para los Jueces de Distrito, los Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que son estas autoridades quienes conocen el mencionado medio de preservación de la Constitución.

         Para efectos de este trabajo, es indispensable únicamente hablar de la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito, debido a que es ésta la autoridad ante la cual se desahoga el recurso de revisión.

 

 

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO

 

Artículo 158.- El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

 

         Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos, o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todos, por omisión o negación expresa.

 

         Cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internaciones o reglamentos, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o solución que ponga fin al juicio.

 

 

ARTICULO 37, FRACCION I y V DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer:

I. De los juicios de Amparo Directo contra sentencias definitivas o laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate:

a)     En materia penal de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean penas impuestas;

b)     En materia administrativa de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales;

c)      En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios de orden común o federal, y

d)     En materia laboral, de laudos o resoluciones dictados por juntas o tribunales laborales federales o locales.

IV.              De los recursos de revisión que las leyes establezcan en términos de la fracción I-B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

 

         Esta se le confiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

 

ARTICULO 10 FRACCIONES I, VII, XI, XII.- La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

 

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VII. De la aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XI. De cualquiera otro asunto de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, cuyo conocimiento no corresponda a las Salas, y

XII. De las demás que expresamente le confieren las leyes.

 


CAPITULO IV

ANALISIS COMPARATIVO DE LA NATURALEZA JURIDICA DEL JUICIO DE AMPARO Y EL RECURSO DE REVISION EN MATERIA FISCAL

 

 

IV.1. Naturaleza jurídica del juicio de amparo y del recurso de revisión.

 

         El juicio de amparo, tiene varias discrepancias en su naturaleza jurídica en cuanto a si es un juicio o un recurso, pero haciendo referencia a lo aportado en capítulos anteriores, estamos de acuerdo con el punto de vista que toma al amparo como un verdadero juicio, puesto que es un proceso que se da fuera de un procedimiento ya establecido; además de como bien lo puntualiza la jurisprudencia que se cita con anterioridad, la finalidad del amparo es vigilar que no se violen las garantías constitucionales de los gobernados, mientras que en el recurso se ventilan cuestiones que versan sobre el mismo punto de que se trató el litigio o el acto de la administración controvertido o impugnado, esto quiere decir, que se reconsidere la resolución que se dio respecto al acto impugnado.

 

         El recurso de revisión se interpone debido a una inconformidad que el recurrente haga valer ante una resolución dictada por la Sala Regional correspondiente, esto quiere decir, que se cuestionan los principios de legalidad del acto reclamado y, ante esta circunstancia estamos ante un recurso, según lo que hemos estado analizando.

 

         Así las cosas, podemos percatarnos que el recurso y el juicio son diferentes en su connotación, entonces ante tales conclusiones, cabe hacer la siguiente pregunta, ¿porqué el recurso de revisión se desahoga o tramita como un juicio y no como lo que es, un recurso?

 

         Esta afirmación se puede concluir claramente cuando vemos la tramitación que le da el Código Fiscal de la Federación en su artículo 248, en el momento en que dice “interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la Sala Regional respectiva”.

 

         Por la autoridad ante la que se interpone se maneja al recurso de revisión como un juicio, ya que el Tribunal Colegiado de Circuito conoce solo cuestiones en las que se ventile un amparo directo, y no entra en asuntos en los que se trata una controversia dentro de un procedimiento como es en el caso del recurso de revisión fiscal.

 

         Desde el momento en que es redactado el decreto de 1946 en donde se publica la creación del recurso de revisión, se denota la intención del legislador de que el recurso pudiera interponerse por ambas partes; posteriormente cambió a una sola de las partes (según el decreto del 30 de diciembre de 1950) o sea, a la autoridad fiscal.

 

         Pero hasta ese momento el error cometido por las legisladores no era completo, puesto que hasta 1988, el recurso de revisión lo conocía la Sala superior del Tribunal Fiscal de la Federación, lo cual es correcto ya que se trata de un recurso y no de un juicio como para que se interponga ante el Tribunal Colegiado de Circuito como se ve en la actualidad según lo redactado en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación.

 

 

         Ahora, a parte de que no hay equilibrio procesal, tampoco se tramita como lo que es, un recurso.

 

         La Suprema Corte en su jurisprudencia argumenta que se creó el recurso de revisión exclusivamente para las autoridades ante la imposibilidad de éstos de acudir al juicio de amparo por tratarse de una autoridad; pero reflexionando un poco sobre el asunto, cuando se entabla un juicio de nulidad, las partes son el particular y la autoridad administrativa, el actor puede recaer en cualquiera de los dos y por consiguiente ambos se sujetan a una autoridad superior, entonces ¿porqué si es parte en un juicio no se le toma en cuenta para llegar al amparo?.

 

         También cabe mencionar la afirmación que hacen los legisladores en su exposición de motivos de la segunda reforma a la fracción I del artículo 104 constitucional cuando dice “para que cese la actual injustificada situación en que a través del amparo, el negocio más insignificante puede llegar a la Suprema Corte de Justicia, mientras esté negado el acceso al Tribunal supremo o negocios importantísimos en que los intereses públicos están de por medio.”  Tal afirmación está completamente fuera de contexto, puesto que para el particular las cosas no son ‘insignificantes’, porque existe una afectación a su esfera jurídica y sobre todo patrimonal.

 

         Como podemos ver, varias anomalías se presentan en el recurso de revisión desde el momento de su concepción hasta el día de hoy y en dos vertientes: en su tramitación y en su naturaleza jurídica.

 

 

 

 

IV.2. ¿Necesidad de un mecanismo de revisión de las sentencias emanadas del Tribunal Fiscal de la Federación al alcance de las autoridades fiscales?

 

         Es necesario plantear una pregunta de este tipo en el presente trabajo de tesis, debido a que según los legisladores de 1945, es necesario un mecanismo de defensa de parte de las autoridades, en virtud de que se deben salvaguardar los intereses públicos (dejando a un lado las garantías individuales de los particulares); aunque a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal procedencia sólo opera cuando el asunto sea de real importancia y trascendencia a su juicio.

 

           La pregunta es difícil de contestar, puesto que si se puede dar el caso de que la autoridad revisora equivoque su resolución y sea equivocada al darle la razón al contribuyente, pero también es necesario darse cuenta de que generalmente el fallo es en contra del particular; lo injusto de esta situación es precisamente esto, que se le de la oportunidad de tener justicia administrativa sólo a la autoridad fiscal y no al particular.

 

         El argumento que la Cámara de Diputados y Senadores sostuvieron en la segunda reforma del 30 de diciembre de 1946, fue que existían asuntos de suma importancia para la Federación que no podían llegar a la Suprema Corte de Justicia debido a la naturaleza misma del amparo, que solo admite la interposición de éste por el particular o gobernado y viéndose ante esta imposibilidad la Federación optó por crear un medio de defensa que le permitiera tener las mismas oportunidades que el gobernado (ver apéndice 1); sin tomar en cuenta que en realidad la autoridad aún siendo parte en un juicio de nulidad no se le debe de dar la igualdad que tanto discute, por tener desde un principio la posibilidad de aplicar la ley con exactitud y precisión, oportunidad que no tiene el gobernado, en el sentido de que tienen que emitir sus resoluciones con estricto apego a derecho.

 

         Nos damos cuenta con lo que anteriormente se dijo que, la autoridad pretende aparentemente una igualdad procesal con el particular; pero debemos percatarnos, primeramente que las partes en el juicio (autoridad y gobernado) no tienen la misma naturaleza.  La autoridad tiene la obligación de emitir sus actos con estricto apego a la ley (porque sino no sería nuestro país un estado de derecho) y desde allí se supone que no cae en ninguna arbitrariedad o error legal; el particular en cambio espera la resolución de la autoridad y solo se puede defender de las supuestas infracciones que haya cometido por medios de defensa legales que se encuentran tipificados en la ley; y después de todo esto que la autoridad quiera tener una instancia más que el particular, es injusto y deja al gobernado en un estado de indefensión jurídica.

 

           Así las cosas, creemos que no existe una necesidad de parte de la autoridad de contar con un recurso de este tipo, puesto que con anterioridad ha tenido todo lo necesario para dictaminar con los suficientes fundamentos legales como para que se equivoque o viole alguna de las garantías individuales del gobernado, cayendo así en una arbitrariedad.

 

         Debido al desequilibrio procesal que se presenta en el recurso de revisión, al establecer dicho recurso sólo para la autoridad fiscal, existe la apremiante necesidad de derogar la fracción I-B del artículo constitucional, ya que de ahí resultaría que se derogaran los artículos 248 del Código Fiscal de la Federación y la fracción V del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.

 

         O, en su defecto, reformar los artículos en los cuales se encuentre contemplado el recurso de revisión, que son el artículo 104 fracción I-B constitucional, artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, la fracción V del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 248 del Código Fiscal Federal; como lo planteamos en el apartado de las conclusiones del presente trabajo.

 


APENDICES:

 

1.- SEGUNDA REFORMA DEL ARTICULO 104 CONSTITUCIONAL FRACCION I:

 

         “En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 31 de octubre de 1945, se dio lectura a una iniciativa del Ejecutivo de la unión redactada en los términos siguientes:

 

         “Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República.

         “C.C. Secretarios de la H. Cámara de Diputados:

         “En el mes de septiembre de 1937, el Ejecutivo Federal sometió a la consideración del Congreso una iniciativa de reformas a la fracción I del artículo 104 constitucional con la mira de capacitar al legislador ordinario para organizar, a través del recurso de súplica, la defensa de la Federación en los juicios que a ella interesen ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que los tribunales federales inferiores a los de la jurisdicción administrativa hubiesen dictado sentencias adversas a dichos intereses.

 

         “En la exposición que precedió entonces a la iniciativa presidencial así como en el folleto, dando a conocer los antecedentes históricos y los fundamentos doctrinales de la iniciativa, publicado en el propio año de 1937 por el entonces departamento autónomo de prensa y publicidad, se encuentran desarrolladas con amplitud las razones que apoyan la reforma. El ejecutivo de mi cargo cree bastante transcribir algunos de los párrafos de aquella iniciativa.

 

         “Estima conveniente el Ejecutivo demostrar que en el caso de la iniciativa que hoy somete a la consideración del Congreso, no se altera sino antes por el contrario se vuelve como queda dicho al sistema fundamental que en cuanto a intervención y facultades de la Suprema Corte  de Justicia; idearon los tres constituyentes a quienes se deben las políticas más importantes que han regido en México: la de 1824, la de 1857 y la de 1917.

 

         “En esas ocasiones se pensó que era indispensable conceder a la Suprema Corte de Justicia competencia para decidir en definitiva las controversias suscitadas con motivo de apelación de los textos constitucionales y en las leyes que en prosecución de esos textos dictara el Congreso General.

 

“El pensamiento tiene, por lo demás una raíz bien clara en las instituciones norteamericanas que, es bien sabido, información en el punto a las constituciones de México, a lo menos en sus rasgos básicos. En efecto, la constitución del país del norte dispone que el poder judicial conocerá de todos los casos que en derecho y en equidad deriven de la Constitución y leyes federales, así como los tratados; y que la Suprema Corte conocerá, en esos casos en apelación, tanto respecto a los hechos como al derecho, con sus restricciones y según las disposiciones reglamentarias que el congreso establezca.

 

         “Al comentar este precepto, la doctrina norteamericana ha dicho que con él se persigue la uniformidad de decisiones alrededor de los principios fundamentales para la vida y la organización de las instituciones de la República, pues de no existir la posibilidad de una intervención última de la Suprema Corte, los diversos tribunales consagrarían las reglas más variadas, las soluciones más disímbolas, lo que haría imposible una resolución adecuada de los problemas de mayor importancia. Cierto que la historia de la Suprema Corte americana muestra una progresiva restricción a la posibilidad de elevar al conocimiento de ese tribunal las contiendas judiciales; pero el criterio que siempre ha animado al Congreso al establecer imitaciones, ha sido el de conservar íntegra la jurisdicción de la Corte Suprema para los negocios en que están comprometidos los intereses públicos, si algunos asuntos se han visto excluidos de la posibilidad de su conocimiento, han sido los concernientes a intereses privados y no porque se hayan estimado como menos respetables, sino porque se han creído que en las cortes inferiores cuentan ya con garantía suficiente; de manera que esos intereses privados solo pueden llegar a la Suprema Corte cuando su defensa consiste en negar la validez de las leyes del Congreso, o más genéricamente en pedir la anulación de medidas que en concepto de la Administración Pública reclama el interés general. Definida por la Suprema Corte la validez de esas leyes o la subsistencia de aquéllas medidas, el alto cuerpo deja de ocuparse de la cuestión, abandonado por entero a los tribunales locales o inferiores la decisión que deba recaer en los ulteriores litigios.

 

         “En la constitución de 1824 el sistema americano fue recogido aunque no con la estructura que fue definiéndose en el curso de todo el siglo anterior y en lo corrido del presente, si al menos con lo que ese sistema, se halla en los textos mismos de la carta americana. Así, se dispuso en los Artículos 137 fracción V inciso 6°, parte final y 138 que la Suprema Corte de Justicia estaría facultada para conocer de las infracciones de la constitución y leyes generales en el modo y grado como lo determinará la ley. Fijado de esa manera en el punto de apoyo para la intervención de la Corte Suprema, las formas procesales acogidas no fueron, como es lógico y explicable, las anglosajonas sino las que habían sido heredadas del viejo derecho español. Esto explica que en las leyes sobre organización de los tribunales federales dictadas en la primera mitad del siglo XIX, haya sido el recurso de súplica establecido para la intervención de la Suprema Corte pero siempre cuidándose de que la súplica estuviera abierta, entre otros casos, para los negocios que interesarán a la federación.

 

         “La Constitución de 1857, en sus Artículos 97 fracción I y 100 conservó el principio de que la Suprema Corte conocería de las controversias que se suscitaran sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, bien en apelación o en última instancia –esto es en súplica- de acuerdo con lo que dispusiera la ley reguladora de las atribuciones de los tribunales federales. Solo que la ley proyectada en 1857 no se expidió en 1897, cuando nuevas ideas y nuevos hechos impedían ya ver con claridad el problema de la necesidad de conservar a la Suprema Corte de Justicia  una intervención específica relacionada con el mantenimiento de los principios constitucionales y de la legislación federal, y que persiguiera como propósito precisamente ése. Había tomado cuerpo en el lapso transcurrida la generosa institución del amparo, que si por una parte logró fincar definitivamente la idea de que era fundamental otorgar ante el Poder Judicial de la Federación una garantía para cualquier ultraje a los derechos públicos individuales o que derivara del quebrantamiento de la estructura del sistema federal, por la otra, había creado un obstáculo para la regulación unitaria de los procedimientos de los tribunales federales. El amparo pronto se formó una doctrina propia, pronto se desvinculó de los procedimientos generales de la tramitación ante los jueces de la Federación, de manera que desde aquélla época se produjo un fenómeno que, en rigor, subsiste todavía; la jurisdicción del Poder Judicial de la Federal se concibió bipartita; por un lado el Amparo, con sus particulares exigencias y procedimientos especiales; y por la otra todos los negocios cuyo conocimiento correspondía a los tribunales de la Unión. Fueron voces aisladas aquellas en que las postrimerías del siglo pasado, se elevaron para sostener que el juicio de garantías era sólo el procedimiento para llevar a la decisión de los magistrados federales determinados asuntos que una vez atraídos, debían seguir el cauce natural que toma cualquier juicio.

 

         “Esto explica que en tanto la preocupación por el amparo, haya motivado en el curso de la segunda mitad de la centuria anterior la expedición de 4 diversas leyes, apenas en la última ocasión –en el Código de 1897- se hubiese pensado en el problema de la intervención de la Suprema Corte en asuntos judiciales de orden federal diversos del amparo y que ni aún entonces llegará a definirse dentro de un sistema general cuando habría de originarse esa intervención. La ley reglamenta la de la fracción I del Artículo 97 de la Constitución de 1857, de la que tanto hablaron los más evidentes juristas, no llego a expedirse nunca”.

 

         “Por último, se suprimió el recurso de casación cuando el crecimiento anormal del amparo, fuera de todo principio regulador, obligó en 1908 a determinar que en materia judicial tendría, a pesar de que no se confesara, el carácter de un recurso extraordinario, mismo que el Código de 97 habría atribuido el camino para elevar a la corte las controversias sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales.

 

         “Definitivamente consagró entonces el criterio de que nada más a través del juicio de garantías podrían elevarse a la decisión del tribunal máximo de la república las contiendas derivadas de violaciones a los textos fundamentales del país; en otras palabras, se admitió el principio de que la lesión a los intereses públicos cometida por tribunales inferiores, y aún el desconocimiento de las leyes federales que no lesionara a ningún interés privado, no podrían ser objeto de reparación por la Corte Suprema.  Solo uno de los componentes de la comisión redactora del código de 1908 se opuso a que fuera suprimiendo el recurso de casación; la mayoría pensó que la casación era inútil, una vez regulado el amparo en materia judicial, y que además era aquél un recurso complicado, ‘aristocrático’, según se le calificó en los debates.  El problema se planteó en una forma que excluía por completo la reflexión acerca de la defensa ante la Suprema Corte de intereses públicos.

 

         “En 1917 se quiso conservar el sistema tal y como estaba estructurado en la Constitución de 57.  Esto se dijo con toda claridad en el dictamen presentado por la comisión respecto del actual artículo 104, que en el proyecto aparecía como 103.  Pero como el sistema constitucional primitivo había sido abandonado por entero por los autores del Código de 1908 a pesar del texto claro y preciso del artículo 100 de la Constitución de 57, en 1917 se pensó con razón, en que era preciso consagrar en un texto constitucional la procedencia del recurso ante la Suprema Corte y ya no abandonar el problema a la ley secundaria que tan mal había realizado su cometido.

 

         “Por otra parte la opinión francamente hostil que se tenía en aquélla época para el recurso de casación por estimarlo accesible solo a quienes pudieran contar con el auxilio costoso de un especialista explica el porqué se haya vuelto al viejo recurso español de la súplica, suprimido apenas 20 años antes.

 

         “Por desgracia, la Suprema Corte de Justicia, al interpretar el artículo 104 constitucional se desentendió del origen del restablecimiento del recurso de súplica.  En pocas materias fue tan insegura la jurisprudencia del tribunal supremo como en la presente.  Una interpretación, fijada en un sentido, generalmente en apoyo con argumentos puramente letrísticos, era abandonada después por consideraciones de la misma índole.  La controversia giraba exclusivamente sobre si ‘punto y seguido’ debía ser ‘punto y aparte’.  Al fin arraigó la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tesis incorporada implícitamente en la Ley Orgánica de los Tribunales Federales de 1928, de que la súplica sólo procedía en los negocios de jurisdicción concurrente, es decir, en aquello en que por mediar solo el interés privado puede el particular llevar a su elección, ante los jueces federales o a los magistrados del orden común.  En otras palabras contrariando las bases del sistema mismo, que en su país de origen se ha dicho ya que evolucionó con justicia hacia una intervención limitada del tribunal máximo en los negocios del más alto interés público, en 1927 se hizo de la Suprema corte –fuera de amparo- prácticamente solo un tribunal de tercera instancia para litigios entre particulares.  Nada podía fundar la subsistencia de semejante situación; ni aún enfocando el problema estrictamente sobre nuestra propia historia: los negocios  mercantiles, y en general los negocios que solo interesan a particulares nunca se han estimado fundamentales en una concepción de la jurisdicción federal. ¿Cómo, si no, se explica la reforma de 1884 que los entregó por entero a los tribunales del orden común? ¿Cómo –ya en el texto mismo de la carta de 17- se entiende que se dejará al actor la posibilidad de llevar el litigio a los jueces del orden común?  La uniformidad de la jurisprudencia en materia mercantil, se dijo: ¿pero que a caso, esa uniformidad no podía lograrse a través del amparo? Porque el amparo –después de 1917- cuando se erigió en garantía individual, inclusive la correcta inteligencia de los principios generales de derecho, ha tenido limitaciones para que a través de él se controle la fijación de los hechos realizada por la jurisdicción ordinaria, pero no la aplicación del derecho, no obstante que se trate de los ‘puntos opinables’ de que habla el Código de 1908.

 

         “La Procuraduría General de la República, entendiendo la anomalía creada, llevó a cabo un esfuerzo para obtener un cambio de la jurisprudencia y el reconocimiento de la facultad de la Federación para elevar al tribunal máximo del país las cuestiones fundamentales del derecho federal, cuando a su juicio las cortes inferiores las hubieran decidido en forma adversa al interés público.  Fracasó, sin embargo, aquel intento.  Se dijo, repitiendo el argumento de 1908, que no pudo haber estado en el pensamiento de los constituyentes crear un recurso ante la Suprema Corte, cuando ya existía el amparo.  Esto es, se olvidó una vez más que el amparo solo protege el interés privado, que cuando la lesión la ha sufrido el interés público, los órganos encargados de su gestión están incapacitados para acudir al juicio de garantías; que no había duplicidad con el amparo sino remedio a su insuficiencia.

 

         “Reducida la Corte en cuanto a su jurisprudencia diversa al amparo y de la que ejercita como tribunal de única instancia a ser un tribunal mercantil, pronto surgió la idea de suprimir el recurso.  En efecto desechada en octubre de 1932 la moción de la Procuraduría General de la República, dos meses después se presentaba a esa H. Cámara de Diputados una iniciativa encaminada a excluir las súplicas de las controversias en que únicamente mediante intereses particulares, mas como lo que restaba por la interpretación de la Suprema Corte era exclusivamente el recurso en materia mercantil, el texto que en definitiva presentaron las comisiones a fines de 1933 ya no contuvo limitación alguna que habría sido vana, y propuso la supresión absoluta de la súplica.

 

         “En cuanto a hechos posteriores a 1937 que por su importancia convenga destacar debe recordarse:

 

         “1. Que a fines de 1940, la Suprema Corte de Justicia dictó varias decisiones sosteniendo que los textos en vigor de la Constitución son bastantes para que el legislador secundario cree a favor del estado un recurso para llegar a la Suprema corte.  Debe haber persistido esa interpretación lo mismo la iniciativa que de 1937 que ésta, serían innecesarias; pero como en 1941 la Suprema Corte volvió al criterio de 1936, y todavía más declaró explícitamente que solo una reforma constitucional podría conceder jurisdicción a la Corte Suprema en los negocios de que se viene hablando, si se está de acuerdo, como seguramente lo estarán el Congreso y las legislaturas locales; en que es injusta y antijurídica la situación que ahora existe y que permite a los intereses privados, a través del juicio de amparo, llegar a la Suprema Corte y no en cambio a los intereses públicos, la única solución parece ser abordar el problema planteado en 1937.

 

         “2. La preocupación por hallar una fórmula para que la Suprema Corte de Justicia logre desahogar el gran rezago que agobia a su Sala Civil ha venido acentuándose, como es natural, en los últimos años.

 

         “No es este el sitio adecuado para referirse a los intentos de solución y a las diversas opiniones expuestas en el seno del gobierno de la Suprema Corte, de las escuelas de derecho o simplemente en los círculos profesionales interesados. Parece bastante para el propósito que la presente iniciativa persigue, anotar el hecho de que la Sala Civil, que como antes se expresa es la que padece de gran rezago de negocios, no verá aumentada su competencia ni directamente por la reforma constitucional ni por las leyes que de ella deriven, sino de manera especial la Sala Administrativa cuyos negocios marchan sensiblemente al día. Esto aparte que, desde ahora, el Ejecutivo expresa su opinión en el sentido de que no iniciará, aprobada la reforma, sino las leyes que sean absolutamente preciso para que los negocios de mayor importancia por la tesis que encierra o por el interés patrimonial que signifiquen, pueda llegar a la Corte.  Para el gran volumen que presentan los negocios en que se plantean cuestiones ya muchas veces decididas por los tribunales o de cuantía pequeña los fallos adversos al Estado que dicten los tribunales inferiores o de la jurisdicción administrativa seguirán como hasta hoy, siendo obedecidos sin buscar su reparación en la Suprema Corte.

 

         “Por último, de aprobarse la iniciativa, se legisla lo que varias veces se ha señalado como deseable en la doctrina constitucional mexicana: que la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia esté fijada por principios uniformes lo mismo dentro del amparo que fuera de él; que cese la actual e injustificada situación en que a través del juicio de amparo el negocio más insignificante puede llegar a la Suprema Corte de Justicia y en cambio esté negado el acceso al Tribunal Supremo a negocios importantísimos  en que los intereses públicos estén de por medio.

 

         “Por lo antes expuesto, he tenido a bien formular la siguiente iniciativa de ley:

 

“Artículo Unico. Se reforma la fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

 

ARTICULO 104.- Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

         “I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales o con motivo de los tratados celebrados con potencias extranjeras. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer también de ellas a la elección del actor, los jueces y tribunales locales del orden común de los estados, del D.F. y territorios.  Las sentencias de primera instancia serán apelables ante el superior inmediato del juez que conozca el asunto en primer grado.

 

         “En los juicios en que la Federación está interesada, las leyes podrán establecer recursos ante la Suprema Corte de Justicia contra las sentencias de segunda instancia o contra las de tribunales administrativos creados por ley federal, siempre que dichos tribunales estén dotados de plena autonomía para dictar sus fallos.

 

Transitorios

Unico.- Esta ley entrará en vigor diez días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

“Reitero a ustedes mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No reelección. México, México, D.F. a 25 de septiembre de 1945.  El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.  Miguel Avila Camacho.  El Secretario de Hacienda y Crédito Público. Eduardo Suárez. El Secretario de Gobierno, Primo Villa Michel.

 

         “En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 24 de diciembre de 1945, se dio lectura al dictamen emitido por la Comisión a la que se turnó el proyecto de reformas a la fracción I del artículo 104 constitucional. 

 

         “El mismo ciudadano secretario.

 

         “Honorable Asamblea:

 

         “Fue turnada en esta primera comisión de Puntos Constitucionales, la iniciativa presidencial de 25 de septiembre del año en curso, relativa a la reforma de la fracción I del artículo 104 constitucional, encaminada a restablecer la autoridad del Congreso para regular la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia en las controversias derivadas del cumplimiento y aplicación de leyes federales que interesen a la Federación.

 

         “Como el ejecutivo lo expresa en la iniciativa misma, que en lo sustancial recoge otra formulada por él en el año de 1937, ha existido desde el año de 1933 en esta materia una situación anómala, derivada del error en que incurrieron en 1908 los autores del Código Federal de Procedimientos Civiles de ese año.  En efecto, la Constitución de 1857, como ante la de 1824, reconoció a la Suprema Corte en su artículo 100 la autoridad necesaria para conocer en última instancia de las controversias derivadas del cumplimiento y de la aplicación de las leyes federales en los términos y con las limitaciones que estableciera una ley del Congreso, sistema que según es sabido, se adoptó en nuestro país siguiendo el texto de la Constitución Federal de los Estados Unidos del Norte (artículo 3°, sección segunda, incisos 1 y 2).

 

         “El Congreso mexicano hizo uso de esta autoridad durante la vigencia de la Constitución de 1824, y así se dictaron las leyes de 14 de febrero de 1826 y de 23 de noviembre de 1851, que fijaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia a través del recurso de súplica organizado por la ley primera, título segundo, libro II de la novísima recopilación que rigió en México hasta el movimiento de codificación de 1870.

 

         “Dictada la Constitución de 1857, la expedición de la ley reglamentaria de su artículo 100 no se llevó a cabo sino a forma de un capítulo del código de 6 de octubre de 1857, cuyo título primero, relativo a la organización de la justicia federal se promulgó separadamente en 14 de noviembre de 1895.  Pero entonces, siguiendo las nuevas ideas en materia procesal existían ya derivadas del estudio de la legislación francesa que había tenido sobre la española, la intervención de la Suprema Corte se fijó a través del recurso de casación y ya no de la súplica.

 

         “Esta situación prevaleció hasta el año de 1908 cuando, al consagrarse en definitiva el amparo en materia judicial sobre las líneas mismas de la casación, los autores de aquél código pensaron que el amparo hacía innecesaria la casación y acordaron la supresión de dicho recurso extraordinario, según se certifica en la memoria de la Secretaría de Justicia de ese año.

 

         “Un punto capital, sin embargo, olvidaron aquéllos legisladores: que el amparo por su tradición, por su estructura y por sus textos expresos de la constitución, es un medio de defensa que se otorga solamente a los intereses privados, nunca a los intereses públicos, en tanto que la casación era un recurso abierto a todos los litigantes. Suprimir la casación para dejar solamente el amparo en su lugar, equivalía a negar a los intereses públicos el derecho de ser representados, y a ocurrir buscando protección a la Suprema Corte de Justicia.

 

         “El Constituyente de 1917 reconoció ese error y en el texto primitivo de la fracción I del artículo 104 restableció el recurso de súplica.  La Suprema Corte de Justicia, sin embargo estableció jurisprudencia en el sentido de que el recurso de súplica solamente estaba concedió para los recursos mercantiles, y con buen criterio en 1933 se pensó que a través del amparo los negocios mercantiles contaban ya con la posibilidad de llegar a la Suprema Corte y se suprimió la súplica.

 

         “El problema planteado en 1908 ha continuado, pues, sin solución las iniciativas del ejecutivo, la de 1936 y la de 1945, han tendido a cubrir la deficiencia fundamental que arriba se anota.  La de 1945 es superior a la de 1937 en dos puntos capitales:

 

“I.- En que no trata de limitar la autoridad del Congreso de la Suprema Corte.  Habla en general de recursos. Las cámaras tendrán, por lo mismo, en el futuro, absoluta libertad de decir cuales serán esos recursos y en que casos habrán de concederse, y

II.- Sus preceptos transitorios se limitan a fijar su época de vigencia sin pretender afectar ningún asunto concreto que actualmente se tramite ante los tribunales; punto éste que, hay que reconocerlo, inquietó en el año de 1937, a la opinión pública y fue quizá uno de los motivos por los que el Congreso dejó en suspenso aquélla iniciativa.

 

         “En resumen: la actual solo tiende a devolver a la jurisdicción de la Suprema Corte una materia que, conforme a las mejores tradiciones constitucionales de México, debe pertenecerle decir la última palabra en todas aquéllas controversias que afecten el interés público y que deriven de la aplicación de leyes federales.

 

         “La importancia que en un orden práctico tiene la presente iniciativa es que, una vez elevada a texto constitucional dejará de darse el caso de que asuntos de gran trascendencia por el interés económico que encierren o por las tesis que acojan, concluyan en tribunales federales inferiores, sino en la Suprema Corte.  Por otra parte, como el congreso será el que defina cuándo concederá el recurso, no debe tenerse el temor de que el problema del rezago de la Suprema Corte (que ha sido materia de estudio al examinar distintas iniciativas del Ejecutivo), se agrave.

 

         “Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México, D.F., 17 de diciembre de 1945. Fernando Moctezuma. Pedro Guerrero Martínez. José María Suárez Téllez.

 

         “Este dictamen, al que se dispensó de todos los trámites, fue aprobado sin discusión por unanimidad de 82 votos.

 

         “Pasó a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales correspondientes.

 

         “En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 28 de diciembre de 1945, se dio lectura al dictamen emitido por la comisión a la que se turnó el proyecto de reformas a la fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y presenta a la consideración de la H. Cámara el siguiente dictamen:

 

         “El presidente de la República funda su iniciativa en realidades de derecho.  Para el caso hace estudio analítico de nuestra vida constitucional, a partir de la Constitución de 1824; se refiere a lo mandado por la de 1857 y, lógicamente, tiene que tratar de la de 1917, cuyo texto propone se reforme para dar a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación intervención en asuntos en que el Estado tenga necesidad de solucionar los intereses públicos, sin que esto signifique recargar de trabajo para el tribunal supremo de nuestro país, puesto que quien atenderá sobre el particular será, de aprobarse la reforma de la Sala Administrativa, cuyos negocios –dice el presidente- marchan sensiblemente al día.  Además los fallos adversos al Estado que dicten los tribunales inferiores o de jurisdicción administrativa seguirán como hasta hoy, siendo obedecidos por el ejecutivo sin buscar su reparación en la Suprema Corte.

 

         “Como la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que solo una reforma constitucional puede concederle jurisdicción para que el estado tenga el recurso de llegar a ella; y como seguramente se estará de acuerdo que la situación del estado es injusta y antijurídica, pues mientras se permita a los intereses privados, a través del juicio de amparo, acudir a la Suprema Corte, se niega a los intereses públicos este derecho, es indispensable la reforma de que se trata, a efecto de que la jurisdicción de la Suprema Corte esté fijada en principios uniformes, lo mismo dentro del amparo que fuera de él, para que cese la actual injustificada situación en que a través del amparo, el negocio más insignificante puede llegar a la Suprema Corte de Justicia, mientras esté negado el acceso al tribunal supremo a negocios importantísimos en que los intereses públicos están de por medio.

 

 

         “Sala de Comisiones del H. Senado de la República. México, D.F. a 28 de diciembre de 1945. Rafael Rangel. Joaquín Martínez Chavarría. Pedro Tello Andueza.

 

         “Este dictamen, al que se dispensó de todos los trámites, fue aprobado sin discusión por unanimidad de votos.

 

         “Paso a las legislaturas de los estados para los efectos constitucionales correspondientes.

 

         “En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 08 de octubre de 1946, se hizo el cómputo de los votos de las legislaturas de los estados y la declaratoria de haber sido aprobada la reforma propuesta.

 

         “En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 29 de octubre de 1946, se declaró reformada la fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

         “Pasó al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes.

 

         “La reforma aprobada se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1946.


2.- COMENTARIOS DE FIX ZAMUDIO AL ARTICULO 104 CONSTITUCIONAL FRACCION I.

         Este es el aspecto del artículo 104 constitucional que ha sufrido mayores modificaciones tomando en consideración que el texto original del primer párrafo de la fracción I de dicho precepto introdujo una apelación federal ante la Suprema Corte, con el anacrónico nombre de súplica, contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales federales y locales en las controversias federales mencionadas.

 

         Este recurso de “súplica”, fue reglamentado por la Ley de Amparo de 20 de octubre de 1919, en su título II, artículos 131-146, y por ello dicho ordenamiento recibió la denominación de “ley reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal”.  La propia súplica se regulaba como una instancia en controversias federales, pero era única opción respecto de las autoridades que intervenían como partes en dichos conflictos.

 

         En la práctica, el aspecto más importante fue la llamada súplica fiscal, que las autoridades tributarias podían interponer contra las resoluciones judiciales que afectasen sus intereses.

 

         Sin embargo, con la reforma constitucional al citado precepto, publicada el 18 de enero de 1934, se suprimió el mencionado recurso de súplica, con lo cual, contra los fallos de segunda instancia en materia federal, solo procedía juicio de amparo, el cual podía interponerse por los particulares, pero no por las autoridades, en virtud de que la jurisprudencia constante de la Suprema Corte de Justicia estimó que dichas autoridades no podían acudir al propio amparo, de manera que los fallos de segunda instancia favorables  a los particulares quedaban firmes.

 

         La Secretaría de Hacienda y Crédito Público insistió en su argumento de que la supresión de la antigua súplica dejaba a las autoridades tributarias en condiciones de desigualdad procesal frente a los particulares, razonamiento que sirvió de apoyo a la reforma constitucional al propio artículo 104 fracción I, de la Constitución Federal por decreto de 30 de diciembre de 1946, en el cual se restableció en el fondo la antigua súplica, pero calificada ahora de revisión fiscal, es decir como apelación federal limitada exclusivamente a la materia tributaria.  Esta disposición constitucional fue reglamentada por dos leyes, la primera relativa a la materia federal promulgada en la misma fecha, es decir 30 de diciembre de 1946, reformada posteriormente por decreto 30 de diciembre de 1949, y la segunda se refirió a los asuntos relacionados con la Hacienda Pública del Distrito Federal (que en esa época se recomendaban también al citado Tribunal Fiscal de la Federación), de fecha 28 de diciembre de 1948, reformada a su vez por el 30 de diciembre de 1950.

 

         Este nuevo recurso provocó numerosos problemas a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, competente para conocerlo, debido al gran número de asuntos que interponían las autoridades fiscales, las cuales, en forma indiscrimidada hacían valer el recurso si la cuantía del asunto se los permitía, no obstante que en su gran mayoría se declaraban infundados por la citada Sala de la Corte, por ese motivo, el Código Fiscal de la Federación de 1967 limitó de manera considerable la procedencia del referido recurso de revisión fiscal, al suprimir el defectuoso sistema de leyes mencionadas de 1946 y 1948, y establecer en sus artículos 240 y 241 un filtro para evitar la proliferación de revisiones fiscales, a través de un primer recurso de apelación también calificado como revisión contra las sentencias de las salas de dicho tribunal, y además se introdujo el concepto de “importancia y trascendencia” y señaló como lineamiento objetivo de dicha importancia respecto de la segunda apelación ante la Suprema Corte, una base económica que se ha elevado periódicamente.

 

         Este fue el sistema acogido por la reforma constitucional al propio artículo 104 fracción I de la Constitución Federal de 25 de octubre de 1967 en cuanto adicionó los párrafos tercero y cuarto en los cuales se dispuso que procedía el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia contra las resoluciones definitivas de los tribunales administrativos en los casos señalados por las leyes federales y siempre que dichas resoluciones hubiesen sido dictadas como consecuencia de un recurso interpuesto dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa.  Este medio de impugnación ante la Corte se sujetaba a las disposiciones que regulaban el cumplimiento de las sentencias de amparo.

 

         De acuerdo con estas disposiciones fundamentales, el citado recurso de revisión fiscal fue reglamentado por el artículo 250 del Código Fiscal de la Federación de acuerdo con los lineamientos del texto fundamental antes mencionado, en contra de las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Fiscal desfavorables a las autoridades tributarias, pronunciadas en un recurso previo también calificado como revisión, que según los artículos 248 y 249 del citado ordenamiento podía interponer el título de la Secretaría de Estado, departamento administrativo y organismo descentralizado a que el asunto correspondiera, en contra de las resoluciones de sobreseimiento o a las sentencias definitivas pronunciadas por las salas regionales del mismo Tribunal Fiscal, cuando a juicio del promovente, el asunto respectivo fuera de importancia y trascendencia.

 

         En la reforma constitucional a éste y otros preceptos constitucionales promulgada el 29 de julio de 1987 y publicada el 10 de agosto siguiente, congruente con el propósito esencial de la misma de conferir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una competencia predominante sobre las cuestiones estrictamente constitucionales y remitir las controversias de legalidad a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificó el sistema anterior y otorgó el conocimiento de la revisión fiscal y de otras posibles revisiones similares de las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de acuerdo con el texto vigente de la fracción I-B del artículo 104 que se comenta, a los propios Tribunales Colegiados de Circuito, cuyas resoluciones son firmes, puesto que no pueden ser combatidas por medio de algún instrumento de impugnación.

 

         Para mejor comprensión del precepto al que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, resulta conveniente destacar que, con anterioridad de la citada reforma de 1987, en el segundo párrafo del texto anterior de la fracción I del artículo 104 constitucional establecía las bases esenciales de los tribunales de lo contencioso-administrativo, tanto de carácter federal de ámbito nacional como en el Distrito Federal.

 

         En efecto, el precepto introducido en las reformas de 25 de octubre de 1967 disponía que: “Las leyes federales podían instituir tribunales de lo contencioso-administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública del Distrito Federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones”.

 

         Esta disposición tuvo origen en el establecimiento del Tribunal Fiscal de la Federación  por la Ley de Justicia Fiscal de 27 de agosto de 1936, cuya constitucionalidad fue discutida por la doctrina por carecer de sustento expreso en la Ley Fundamental.  Dicho organismo surgió como tribunal de jurisdicción delegada, es decir, que dictaba su resolución en representación del Ejecutivo Federal; pero en su Ley Orgánica que entró en vigor el 01 de abril de 1967 (sustituida por la actual de 02 de febrero de 1978), se le otorgó plena autonomía para dictar sus fallos, que se mantiene en la ley vigente.

 

         En las citadas reformas constitucionales de julio de 1987 el precepto relativo a las bases de organización y competencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo se trasladaron a la nueva fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional, que otorga al Congreso de la Unión facultades para legislar en esa materia, por considerarse que dicha disposición está mejor situada constitucionalmente.  Por este motivo, el texto vigente del artículo 104 fracción I-B, se remite a la mencionada fracción XXIX-B de la propia carta federal.


ANEXOS

 

1.- MODELO DE UN AUTO DE ADMISION DEL RECURSO DE REVISION

 

           México, D.F., a_________________________________________.

           Visto el escrito fechado el _____________________ mediante el cual el C. ________________ interpone recurso de revisión dictada por la __________ Sala Regional ___________________ en el juicio número _____________.

Con fundamento en los artículos 248 y 249 del Código Fiscal de la Federación, así como la fracción II del artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación se admite a trámite el recurso.

           Con las copias de dicho escrito, córrase traslado a _______________ por el plazo de 5 días hábiles a fin de que exponga lo que a su derecho convenga.- NOTIFIQUESE.

           Así lo proveyó y firma el C. Magistrado Instructor Licenciado ___________________, ante el Secretario General de Acuerdos que da fe.

 


2.- AUTO DE ADMISION DE DEMANDA DE AMPARO

 

           En _________ de _________ de mil novecientos noventa y ________, se da cuenta al C. Juez con la demanda de amparo promovida por _____________. Conste ______________.

 

           México, Distrito Federal, a __________ de ___________ de mil novecientos noventa y __________.

 

           Vista la demanda de amparo promovida por _______________, contra actos del C. Juez Noveno Penal del Distrito Federal, y de otras autoridades, con fundamento en los artículos 107 fracción VII, constitucional, 147, 148, 149 y 156 de la Ley de Amparo, se admite la misma, anótese en el Libro de Registro de Juicios de Amparo, fórmese expediente, y pídanse a las autoridades señaladas como responsables sus respectivos informes justificados, que deberán rendir dentro del término de tres días.  Dése vista al C. Agente del Ministerio Público Federal adscrito para los efectos legales de su representación.  Cítese a las partes para la audiencia de ley, que deberá tener lugar a las __________ HORAS DEL DIA _____ de _________ DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese.

 

           Lo proveyó y firma el C. Licenciado _______________ Juez _________ de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal.  Doy fe.

 


3.- EJEMPLO DE RECURSO DE REVISION

 

ASUNTO:

 

Juicio de Nulidad N° 1/96, promovido por: ingenio San Francisco el Naranjal, S.A. de C.V.- SE INTERPONE RECURSO DE REVISION

 

Puebla, Pue., a 28 de enero de 1997.

 

H. SALA REGIONAL DEL GOLFO CENTRO

DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION.

16 DE SEPTIEMBRE N° 1911

C.P. 72000  C I U D A D

 

           DANIEL OCTAVIO LOPEZ ANDRADE, Administrador Local Jurídico de Ingresos de Puebla, con fundamento en lo establecido en el artículo 95, apartado C, fracción XII y penúltimo párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1996, ante esa H. Sala con el debido respeto comparece y expone:

 

           Que de conformidad con lo establecido en el 248 fracciones II y III inciso a), b) y f) del Código Fiscal de la Federación, se interpone RECURSO DE REVISION, ante el H. Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en turno, por conducto de esa H. Sala Regional para que revoque la sentencia pronunciada el 3 de diciembre de 1996, en el juicio de nulidad citado al rubro.

 

PROCEDENCIA DEL RECURSO

           Es procedente el recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 fracción III inciso a, d, e y f del Código Fiscal Federal.

 

OPORTUNIDAD DEL RECURSO

           El presente recurso se interpone dentro del término previsto en el artículo 248 primer párrafo fracciones II y III inciso a) y f) del Código Fiscal  de la Federación vigente, ya que la sentencia fue notificada a esta Representación Fiscal el día 7 de Enero de 1997.

 

AGRAVIOS

           PRIMERO.- Se actualiza una violación a los artículos 238 fracciones I, II, III, IV, V y 239 fracción I del Código Fiscal de la Federación, ya que la Sala Responsable emisora de la sentencia que se recurre en esta instancia, indebidamente declaró la nulidad de la resolución, por considerar que el precepto reglamentario en que se apoya la misma, “va más allá de la ley”.

 

           Así, la Sala Regional, sin facultad alguna resolvió cuestiones de legalidad pero no del acto impugnado en si mismo, sino del precepto reglamentario en que se apoya, lo que equivale a estudiar la constitucionalidad de dicho artículo, y ello no es causa de nulidad de las previstas en el artículo 238 del Ordenamiento invocado.  La empresa demandante, desde que presentó su consulta manifestó que:

“a partir del 25 de marzo de 1992, se incorpora el artículo 15-A del Reglamento del Impuesto al Activo, para señalarnos ciertas LIMITANTES en cuanto al cálculo que veníamos efectuando, por tanto, le suplicamos de la manera más atenta sea tan amable de informarnos el criterio a seguir en cuanto al cálculo de este impuesto, ya que para nosotros es de suma importancia”.

 

           La consideración de la AQUO, que rige el punto resolutivo de la sentencia en estudio, sostiene que el artículo 15-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, va más allá de lo ordenado en el artículo 5-A del la ley de la materia, en “contravención” al espíritu del legislador contenido en el artículo 89 fracción I, Constitucional.

 

           En tal circunstancia, la juzgadora debió ceñirse a analizar si la respuesta a la consulta se apegaba a derecho, pero no a cuestionar y decidir respecto del prrecepto reglamentario en que se apoyó la demandada, ya que aparte de que la Sala Regional del Tribunal Fiscal, no tiene competencia para ello, la eficacia jurídica de un precepto legal o reglamentario en sí misma, no es causal de nulidad de las previstas en el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, de donde se concluye sin lugar a dudas que la sentencia recurrida es ilegal y debe revocarse para declarar la validez del acto combatido.

 

           Por lo expuesto, queda claro que la A quo contrario a Derecho, resolvió, que el artículo 15-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, iba más allá de lo ordenado en la Ley de la Materia, sosteniendo que el acto de autoridad controvertido carece de fundamentación y motivación en flagrante violación a lo ordenado por el artículo 16 constitucional y 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación, siendo que la autoridad administrativa cumplió con los requisitos, de fundamentación y motivación, pues al resolver la consulta del contribuyente, expuso los motivos y fundamentos de su respuesta, basándose para ello precisamente en el artículo 15-A Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, y en todo caso la Salara Regional debió de haberse abstenido a entrar al estudio del precepto invocado por la autoridad por tratarse de un asunto ajeno a su competencia, máxime que no estuvo a discusión si el precepto reglamentario que la Sala reconoce como fundamento, se aplicó o no debidamente.

 

           Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, publicada en la revista del Tribunal de referencia en el año de VIII, número 81, septiembre 1986 a fojas 178.

 

“COMPETENCIA.- EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION CARECE DE ELLA PARA RESOLVER CONTROVERSIAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES REGLAMENTOS O DECRETOS.- Conforme a lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solo los Tribunales del Poder Judicial Federal, pueden analizar y resolver las controversias sobre constitucionalidad de leyes o reglamentos, razón por la cual este Tribunal Fiscal de la Federación carece de competencia para ello.

Revisión número 1108/91.- Resuelta en sesión de 21 de febrero de 1985, por unanimidad de 7 votos.

Revisión número 2129/84.- Resuelta en sesión de 12 de marzo de 1986, por unanimidad de 9 votos.

Revisión número 1241/98.- Resuelta en sesión de 20 de marzo de 1986, por unanimidad de 6 votos.”

 

           SEGUNDO.- En el presente caso se actualiza una violación a los artículos 237, en relación con el 238 fracción IV y 239 fracción I del Código Fiscal de la Federación, ya que la Sala Responsable emisora de la Sentencia que se recurre en esta instancia, indebidamente declaró la nulidad para efectos, al sostener lo siguiente:

“... La autoridad al resolver la consulta de la demandante, se fundamenta en el artículo 15-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, que impone una condición a la contribuyente que no se contiene en el artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo consistente en que debe tomar de base el impuesto del ejercicio de 1992 real, que le correspondió de no haber ejercido la acción a que se refiere el citado artículo, siendo que la hoy actora desde su consulta manifestó a la autoridad, que también por el ejercicio de 1992, había ejercido la opción que le otorga el precitado artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo, lo que evidentemente le causa perjuicios.

 

         En este orden de ideas se advierte que el artículo 15-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, va más allá de lo ordenado en el artículo 5-A, DE LA LEY DE LA MATERIA, en contravención AL ESPIRITU DEL LEGISLADOR CONTENIDO EN EL ARTICULO 89 FRACCION I DEL ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL, que otorga al titular del ejecutivo federal la facultad de proveer la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley; por lo que si su finalidad es meramente explicativa no pueden ir más allá de lo que la propia ley establece, ya que de entenderse de esta manera se llegaría al absurdo de que con los reglamentos se llenarían lagunas legales o se remediaría la omisión o el olvido del legislador; lo cual implicaría que con las disposiciones contenidas en los reglamentos se estarían creando obligaciones a cargo de los particulares; circunstancia que resulta violatoria de lo ordenado por los artículo 31 fracción IV Constitucional, 1° del Código Fiscal de la Federación y 5° de este mismo ordenamiento legal, y en general de entenderlo de esta manera el resultado sería violatorio a nuestro sistema de derecho vigente en nuestro país.”

 

           Es incorrecto, que la A quo sostenga que el artículo 15-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, vaya más allá de lo ordenado por la Ley, en virtud de que el Reglamento, tiene como objeto facilitar, aclarar y precisar el alcance de una Ley y su aplicación, que como es el caso de la Ley Fiscal en muchas ocasiones resulta complicada y de difícil comprensión, para lo cual la figura jurídica del Reglamento viene a aclarar esas impresiones en las que pudiera incurrir.

 

           En tal virtud lo previsto en el artículo 15-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, tiene como objetivo el de facilitar el campo de la aplicación del artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo, concretizando y detallando su contenido, desarrollando así la norma primaria a efecto de hacerla efectiva debidamente, pero el que ese objeto se cumpla o no nada tiene que ver con la fundamentación y motivación del acto administrativo cuya nulidad se pide.

 

            Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que:

“su finalidad del reglamentos es tomar el mandato previsto por la Ley y desarrollarlo, concretizándolo cuando sea necesario para hacerla efectiva”.

Apéndice 1965 del S.J.F., Segunda Sala, tesis jurisprudencial 224, S.J.F. VII época, vol. 54.

 

           Como ese H. Tribunal, puede observar, la A quo indebidamente esta resolviendo sobre la legalidad del artículo 15-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, siendo que la Administración Local Jurídica de Ingresos de Veracruz al resolver la consulta del contribuyente aplicó correctamente su contenido, es decir, no se cometió violación alguna respecto de su aplicación, ya que la autoridad no fue más allá de lo que prevé el ordenamiento legal en estudio por el contrario lo aplico estrictamente y por tanto la sala Regional no puede sostener que el acto controvertido carece de fundamentación y motivación, máxime cuando acepto expresamente que la autoridad se fundamenta en el artículo 15-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, según se advierte a fojas 3 vuelta, de la sentencia que se recurre.

 

           Por todo lo expuesto, es procedente que esa H. Sala Superior, revoque la sentencia recurrida, y en su lugar se dicte la validez de la resolución impugnada.

 

DESIGNACION DE DELEGADOS Y DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

           A).- Con fundamento en el artículo 200 del Código Fiscal de la Federación y 95 apartado C, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente, se designan como Delegados por parte de las autoridades demandadas a los CC: LICS. JOSE MANUEL DOMINGUEZ BELLIZO, PEDRO CASTAÑEDA ORRANTE, BLANCA LIDA MADRID GONZALEZ y JOSE ALVAREZ CEBALLOS.

 

PUNTOS PETITORIOS

           En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente se pide:

 

           PRIMERO.- A esa H. Sala Regional, e el presente RECURSO DE REVISION, al H. Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en Turno.

 

           SEGUNDO.- Al H. Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en Turno, tener por interpuesto en tiempo y forma legal, el presente recurso de revisión con las copias de la Ley.

 

           TERCERO.- Tener como delegados de las Autoridades Fiscales, a los profesionistas que se indican en el capítulo anterior, y como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el capítulo respectivo.

 

           CUARTO.- Previos los trámites de Ley, declarar fundado el presente Recurso de Revisión y como consecuencia, revocar la sentencia recurrida reconociendo la validez de la resolución impugnada.

 

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

EL ADMINISTRADOR

 

LIC. DANIEL O. LOPEZ ANDRADE


4.- ARTICULO 248 DE LOS CODIGOS FISCALES DE LA FEDERACION DE 1987 Y 1988.

 

A)    CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION DE 1997.

 

ARTICULO 248.- Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, serán recurribles por las autoridades ante la Sala Superior, cuando el asunto sea de importancia y trascendencia, a juicio del titular de la Secretaría de Estado, Departamento Administrativo u organismo descentralizado a que el asunto corresponda.

 

         También serán recurribles las sentencias de las Salas Regionales por violaciones procesales cometidas que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo.

 

ARTICULO 249.- El recurso a que se refiere el artículo que antecede deberá ser interpuesto precisamente en escrito dirigido al Presidente el Tribunal dentro del plazo de 15 días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna.  El escrito será firmado por el titular de la Secretaría de Estado, Departamento Administrativo o por los directores o jefes de los organismos descentralizados, según corresponda y en caso de ausencia, por quienes legalmente deban sustituirlo.

 

         Al recibirse el recurso se designará al magistrado instructor, el que admitirá el recurso, si procede, y mandará correr traslado a la parte contraria por el término de 5 días, para que exponga lo que a su derecho convenga.  Vencido dicho término, el magistrado instructor, dentro del plazo de un mes, formulará el proyecto de resolución que se someterá a la Sala Superior.

REVISION FISCAL.-

ARTICULO 250.- Contra las resoluciones de la Sala Superior a que se refiere el artículo 249 de este Código, las autoridades podrán interponer el recurso de revisión fiscal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del plazo de 15 días siguiente a aquél en que surta efectos la notificación respectiva, mediante escrito dirigido al Presidente de la Segunda Sala, que deberá de ser firmado por el titular de la Secretaría del Estado, Departamento Administrativo u organismo descentralizado y en caso de ausencia, por quien legalmente deba sustituirlo.  En dicho escrito deberán exponerse las razones que determinen la importancia y trascendencia del asunto de que se trate.  Si el valor del negocio excede de 40 veces el salario mínimo elevado al año, conforme a la regla especificada en el artículo 3° bis de la Ley de Amparo, se considerará que tiene las características para ser objeto del recurso.

 

B) CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION DE 1988

 

ARTICULO 248.- Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisón ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante esta última dentro del término de 15 días siguientes al día en que surta efectos su notificación, por violaciones procesales cometidas durante el juicio, siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo, o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias; cuando la cuantía del asunto exceda de 3500 veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente en el momento de su emisión.

 

         En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce.

 

         Cuando la cuantía sea inferior a la que corresponda conforme al primer párrafo o sea indeterminada, el recurso procederá cuando el negocio sea de importancia y trascendencia los asuntos que versen sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integran la base de cotización y del grado de riesgos de las empresas para los efectos del seguro de riesgos de trabajo.

 

         La Secretaría de hacienda y Crédito Público podrá interponer el recurso, cuando la resolución o sentencia afecte el interés Fiscal de la Federación y, a su juicio, el asunto tenga importancia, independientemente de su monto, por tratarse de la interpretación de leyes o reglamentos, de las formalidades esenciales del procedimiento, o por fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución.

 

         El recurso de revisión también será procedente contra las resoluciones o sentencias que dicte la Sala Superior del Tribunal, en los casos a que se refiere el artículo 239 bis.

 

         En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales el recurso solo podrá ser interpuesto por la Secretaría de hacienda y Crédito Público.


CONCLUSIONES

 

         A lo largo del presente trabajo, hemos analizado el recurso de revisión en materia fiscal junto con la problemática existente a su alrededor; y en base a ese análisis se pueden detectar puntos importantes a tratar, como primer punto, se visualiza la pregunta que es título de la presente tesis: “el recurso de revisión en materia fiscal ¿juicio o un recurso?”; y es que debido a la forma como se trata a dicho recurso según lo que hemos visto en capítulos anteriores, su tramitación es similar a la de un juicio, en el momento mismo en que se interponer ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de la Sede de la Sala Regional correspondiente, se asemeja a un juicio y para ser más exactos a un juicio de amparo directo, que es de los cuales conoce el citado Tribunal. Como ejemplo de esto se anexaron tanto el auto de admisión de una demanda de amparo, como el auto de admisión de un recurso de revisión en materia fiscal.

 

         Durante el trabajo en comento, enfatizamos la importancia de la diferencia que existe entre un juicio y un recurso en estricto sentido; el recurso es un medio de defensa que se da dentro de un proceso ya establecido, por lo tanto, es intraprocesal; mientras que en el juicio (en este caso específico, el de amparo) es extraprocesal o extraprocedimental por así decirlo; además del hecho de que el recurso tiene como objeto la revisión de una hipótesis ya planteada, lo cual implica un control de legalidad, no así el juicio de amparo, que su fin inmediato es constatar si en el acto reclamado existen o no violaciones a nuestra Constitución Política, entonces haciendo la analogía con el recurso de revisión en estos dos aspectos, podemos decir que encuadra en el primer supuesto, es decir el que menciona que es un recurso; en este orden de ideas llegamos a la conclusión de que el recurso de revisión no debe ser tramitado ante un tribunal que conoce de un juicio, como lo es el Tribunal Colegiado de Circuito, (según la Constitución y el Código Fiscal Federal), sino ante una autoridad que sea competente para conocer de un recurso de carácter fiscal, que en este caso es la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, dentro de su debida jurisdicción y competencia.

 

         El segundo punto de dicha figura jurídica se encuentra en el equilibrio procesal o mejor dicho desequilibrio procesal que se crea en la atmósfera que envuelve al juicio de nulidad, este es un factor muy importante para los gobernados de este país debido a que todo lo que atañe a los derechos de éstos debe estar dentro de un marco de legalidad jurídica, como lo demanda el estado de derecho que debe regir en el país.

 

         Esto es, al crear un recurso dentro de un juicio de nulidad es de esperarse que este sea para ambas partes, o en todo caso crear algo similar para la contraparte, porque por lógica deducción, si se le da oportunidad a una de las partes, la contraria debe tener también esa oportunidad al alcance de su manos, y en este caso en particular, el recurso en comento sólo es para la autoridad fiscal y no para el contribuyente (que constituyen las partes en el juicio de nulidad).  Porque según el apéndice número 1, donde se encuentra la segunda reforma al artículo 104 constitucional, existen asuntos importantísimos  que no llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la imposibilidad de las autoridades de llegar al juicio de amparo.

 

         Como ya nos pudimos percatar en el capítulo número 3 de la tesis tan sólo desde la redacción del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, el cual encuadra la hipótesis del recurso de revisión, dicho recurso se establece solamente para la autoridad, lo cual resulta lesivo a los intereses de los contribuyentes.

 

         Esta postura ya la hemos defendido con anterioridad, y ante tales circunstancias y para no ser redundantes, necesitamos ponerle solución a un problema como éste. Es por eso que la primer propuesta sería, que se eliminara tanto el texto constitucional como los otros textos subsecuentes de las leyes donde se encuentre fundamentado el recurso de revisión en materia fiscal, o en su defecto, como una segunda opción, reformar los artículos 104 fracción I-B de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, el 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, la fracción V del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el 248 del Código Fiscal de la Federación y de esta manera quede reglamentado de manera que puedan tener acceso ambas partes del juicio.

 

         Es necesario por lo ya antes puntualizado, el hecho de que de no suprimirse todos los artículos donde se menciona al citado recurso, entonces que se modifiquen éstos, de tal manera que sea para ambas partes dicho recurso y que se tramite ante quien doctrinalmente corresponde conocerlo.

 

         Texto actual:

 

Artículo 104.- “Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

            I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalan las leyes.  Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno.

 

 

         La reforma consistiría en modificar la autoridad ante la que se está interponiendo, quedando el artículo 104 fracción I-B constitucional como sigue:

 

Artículo 104.- “Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

            I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalan las leyes.  Las revisiones, de las cuales conocerán la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten las Salas Superiores de los Tribunales Fiscales  Federales no procederá juicio o recurso alguno.

 

 

         También es necesario mencionar al artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal que es donde se encuentra establecida la competencia de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, el cual dice:

 

Artículo 20.- “Compete a las Secciones de la Sala Superior:

I.- Resolver los juicios en los casos siguientes:

a)      Los que traten de las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

b)      En los que la resolución impugnada se encuentre fundada en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se hubiera aplicado en su favor alguno de los referidos tratado o acuerdos.

c)       Resolver por atracción los juicios con características especiales, en los casos establecidos por el artículo 239-A, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación.

II.- Se deroga (D.O.F. 30/XII/96).

III.- Resolver los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos y resoluciones de la Sección, así como la queja y determinar las medidas de apremio.

IV.- Fijar o suspender la jurisprudencia del Tribunal, conforme al Código Fiscal de la Federación, así como ordenar su publicación.

V.- Aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y de la jurisprudencia fijada por la Sección, así como ordenar su publicación.

VI.- Las demás que establezcan las leyes.

 

         Para que pueda tener competencia de conocer el recurso de revisión, la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, es necesario adicionar la fracción que se encontraba destinada para los Tribunales Colegiados de Circuito en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal al artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Federal, así pasaría de ser facultad de un Tribunal Colegiado de Circuito a una de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, y quedaría de la siguiente manera:

 

Artículo 20.- “Compete a las Secciones de la Sala Superior:

I.- Resolver los juicios en los casos siguientes:

b)      Los que traten de las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

d)      En los que la resolución impugnada se encuentre fundada en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se hubiera aplicado en su favor alguno de los referidos tratado o acuerdos.

e)      Resolver por atracción los juicios con características especiales, en los casos establecidos por el artículo 239-A, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación.

II.- Se deroga (D.O.F. 30/XII/96).

III.- Resolver los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos y resoluciones de la Sección, así como la queja y determinar las medidas de apremio.

IV.- Fijar o suspender la jurisprudencia del Tribunal, conforme al Código Fiscal de la Federación, así como ordenar su publicación.

V.- Aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y de la jurisprudencia fijada por la Sección, así como ordenar su publicación.

VI.- De los recursos de revisión que las leyes establezcan en términos de la fracción I-B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VII.- Las demás que establezcan las leyes.

 

         Por consiguiente es necesario reformar también el primer párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, el cual contiene la figura jurídica del recurso de revisión:

 

Artículo 248.- "Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los 15 días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:

 

 

         La reforma en este artículo consistiría en incluir a ambas partes en el citado recurso, además de dar la competencia al organismo del gobierno federal correcto, y el texto quedaría como a continuación se transcribe:

 

"Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por las partes interponiendo el recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los 15 días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:

 

 

         Con todas las reformas anteriormente expuestas, el recurso de revisión en materia fiscal, tiene su alcance real, y tiene toda la connotación de un recurso, así como el equilibrio procesal que se debe encontrar en todo proceso.

 

                     Con todo lo anteriormente expuesto, se logra el fin fundamental de esta tesis, que es el de hacer notar a los gobernados las anomalías que presenta el recurso de revisión en materia fiscal, y además dar una solución a la situación que se presenta en el Código Fiscal de la Federación.


BIBLIOGRAFIA

 

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11)DELGADILLO, Humberto. Principios de Derecho Tributario. 2ª ed., Ed. Pac. México, 1986. Pág. 179.

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19)MARGAIN MANAUTOU, Emilio. De lo contencioso administrativo (de la anulación o de legitimidad).  Porrúa. 5a. ed., corregida y aumentada. México, 1995. pp. 1-59.

20)MARGAIN MANAUTOU, Emilio. Introducción al estudio del Derecho Tributario Mexicano. 12ª ed., Porrúa. México, 1996. pp. 159-177.

21)MARTINEZ LOPEZ, Luis. Derecho Fiscal Mexicano. 4ª ed., Ediciones Contables y Administrativas. México, 1973. pp. 238-243.

22)MOHAR BETANCOURT, Luz María. El tributo mexicano en el siglo XVI: Análisis de dos fuentes pictográficas. Cuadernos de la Casa Chata. México, 1987. PP. 13-37.

23)PALOMAR DE MIGUEL, Juan. Diccionario para Juristas. Mayo Ediciones. México, 1981.

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27)SANCHEZ LEON, Gregorio. Derecho Fiscal. 6ª ed., Cárdenas editor y distribuidor. México, 1985. Pp. 435-442.

28)SERRA ROJAS, Andrés.  Derecho Administrativo. 4a. ed., Ed. Porrúa, México, 1968. Pág. 1182.

29)SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. Manual del Juicio de Amparo. 2ª ed., actualizada. Ed. Themis, S.A. de C.V.. México, 1997. Pp. 21-28.


 

LEGISGRAFIA

 

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7.     JURISPRUDENCIA

DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO, MEXICO A TRAVES DE SUS CONSTITUCIONES. H. CÁMARA DE DIPUTADOS. LV LEGISLATURA, TOMO X, 4ª ed., Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa, México, 1994.



[1] PALOMAR DE MIGUEL, Juan. Diccionario para Juristas. Mayo Ediciones. México, 1981.

[2] GONZALEZ PEREZ, Jesús. Derecho Procesal Administrativo.  Tomo II. Madrid, 1957, pág. 182.

[3] ALVAREZ TABIO, Fernando. El Proceso Contencioso Administrativo. La Habana, 1954. pág. 202.

[4] PALLARES, Eduardo. Diccionario Teórico y Práctico del Juicio de Amparo.  Tomo P-T. Porrúa. México, 1967.

[5]ESCOLA, Héctor Jorge, citado por ARMIENTA HERNANDEZ, Gonzalo. Tratado Teórico-Práctico de los Recursos Administrativos. 2a. ed., Porrúa. México, 1992. Pág. 53.

[6] DELGADILLO GUTIERREZ, Humberto. Principios de Derecho Tributario. 2ª ed., Ed. Pac, México, 1986, pág. 179.

[7]MARGAIN MANAUTOU, Emilio. Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano. 12a. ed., Porrúa. México, 1996. p. 162.

[8] PALOMAR DE MIGUEL, Juan. Ob cit.

[9] ARMIENTA, Gonzalo. Ob. cit., p. 301.

[10] VILLAR Y ROMERO, José María. Citado por BRISEÑO SIERRA, Humberto. Derecho Procesal Fiscal. Editorial Antigua librería Robredo, México, 1964, pág. 103

[11]CASSAGNE, Juan Carlos, citado por ARMIENTA HERNANDEZ, Gonzalo. Ob. cit., pág. 58.

[12] BRISEÑO SIERRA, Humberto. Ob. cit., pág. 97.

[13]MARGAIN MANAUTOU, Emilio. Ob. cit., p. 186.

[14] BURGOA ORIHUELA, Ignacio. El juicio de amparo. 32ª ed., Ed. Porrúa, México, 1995. P.301.

[15] FIX ZAMUDIO, Héctor. Introducción a los Recursos Administrativos “estudios comparados”. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1972. Pp. 266.

[16] SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo. Tomo I, Ed. Porrúa, S.A., México, D.F., pág. 585.

[17] Revista del Tribunal Fiscal, pág. 82, dic. 95.

[18] Semanario Judicial de la Federación. IX EPOCA, T. II, octubre de 1995, Pág. 624.

[19] DOF, 31 de diciembre de 1948, pág. 09

[20] DOF, Sábado 30 de diciembre de 1950, pág, 15.

[21] Reclamación en revisión fiscal 117/955ª.- IMSS. Fallado el 08 de julio de 1959. Unanimidad de 4 votos.

[22] FIX ZAMUDIO, Héctor. Introducción a los recursos administrativos “estudios comparados”. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1972. Pág. 268

[23] J. KAYE, Dionisio. Brevario de Procedimientos fiscales de defensa,  3ª ed. Ediciones Fiscales ISEF, México, 1986. Pág. 197.

[24]BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Ob. cit., p.173.

[25]BURGOA ORIHUELA, Ignacio, citado por ARELLANO GARCIA, Carlos. El Juicio de Amparo.  2a. ed., Porrúa. México, 1983. p. 311.

[26] DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa, México, 1988.

[27] AZUELA, Mariano, citado por ARELLANO GARCIA, Carlos. El juicio de amparo. 2ª ed., Porrúa, México, 1983. Pág. 299

[28] Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente, al terminar el año de 1976, tercera parte, Sala Auxiliar y Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Jurisprudencial número 1 de los Tribunales Colegiados de Circuito.

[29] MANUAL DEL JUICIO DE AMPARO, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, 2ª ed. Actualizada, Ed. Themis, S.A. de C.V., México, 1998. Pág. 21.

[30] Ibídem. Pág. 22.

[31] Ibídem. Pág. 24.

[32] Idem.

[33] Ibídem. Pág. 26