Creado por el Dr. Heriberto S. Hocsman    Hocsman - Abogados
 

 Responsabilidad del Abogado

INTRODUCCION

El proceder del hombre puede provocar efectos jurídicos, tanto por ajustarse al ordenamiento jurídico, como por ir en contra de él. Y como en este caso nosotros abordaremos la Responsabilidad Civil del Abogado, sería conveniente repasar ciertos conceptos a fin de que la temática a desarrollar no choque con términos confusos que dificultarían su comprensión.

Se suele definir a la responsabilidad civil, diciendo que es la que consiste en reparar, por medio de una indemnización pecuniaria, el daño que se ha causado a otros, de manera que ser civilmente responsable significa " estar obligado a reparar por medio de una indemnización, un perjuicio sufrido por otras personas". A ello cabe agregar que la obligación de reparar nace, cuando alguien resulta perjudicado como consecuencia de la violación de un deber jurídico preexistente, pues los individuos están sometidos a un ordenamiento jurídico, con el doble alcance de observar el deber de cumplir las normas o de atenerse a las consecuencias derivadas del incumplimiento, que consiste en este caso, en la indemnización de daños y perjuicios.-

No obstante la claridad de estas ideas, no existe acuerdo respecto de los elementos necesarios para que nazca esta responsabilidad civil. No mencionaremos en esta oportunidad las distintas corrientes doctrinarias esbozadas a estos fines, porque no representa el quid de la cuestión que estamos tratando, pero sí anticipamos que en la actualidad sólo se mencionan mayoritariamente cuatro elementos, a saber: el daño causado a otro, la violación de la ley, o mejor dicho de un deber jurídico de conducta impuesto por la misma, la relación de causalidad entre el hecho y el daño, y la imputabilidad del autor. Sin perjuicio de que estos conceptos los presentamos como componentes esenciales aptos para engendrar este tipo de responsabilidad en forma genérica, más adelante veremos que la responsabilidad profesional del abogado requiere la concurrencia de los mismos elementos ut supra mencionados, porque en definitiva ésta representa un mero apartado o capítulo dentro de la temática general de la responsabilidad civil.-

Entonces determinado ya este concepto, corresponde ver brevemente el distingo entre responsabilidad contractual y la delictual, que da origen a las distintas teorías opuestas acerca de la unidad o dualidad de culpas. En nuestro caso, se puede afirmar que el Código Civil ha consagrado la tesis de la dualidad de las responsabilidades, lo cual se manifiesta en su artículo 1107: " Los hechos u omisiones en el cumplimiento de las obligaciones convencionales, no están comprendidas en este título, si no degeneran en delitos del derecho criminal". Cabe aclarar que el Título al que se hace referencia es el 1X de la sección II del libro II, que habla sobre los hechos ilícitos que no son delitos. Sin perjuicio del carácter vinculante que pueda tener esta norma, hoy la técnica legislativa de alguna manera atenuó las diferencias que en ciertas circunstancias encontraba la Doctrina, a tal punto que ellas quedaron cicunscriptas a la "medida" de la reparación y a la prescripción de las respectivas acciones. Decimos esto porque en líneas generales se puede afirmar que si se trata de responsabilidad contractual el deber de reparar se extiende a los daños que fuesen consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento de la obligación, y si es doloso, el deber se agrava y también abarca a las mediatas. No obstante, cuando la responsabilidad es extracontractual, la obligación podría extenderse hasta las consecuencias casuales del hecho.-

Finalmente, la acción de daños y perjuicios derivada del incumplimiento contractual, salvo casos especiales, se rige por el término común de las acciones personales, o sea, diez años; en cambio, la responsabilidad extracontractual prescribe a los dos años.-

La importancia práctica del estudio de todos estos conceptos radica en que a partir de ahora, cuando comencemos con el estudio del tema que nos ocupa, haremos mención constante de todos ellos a medida que avancemos en los tópicos que conformarán el presente trabajo.-

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ABOGADO

La responsabilidad por daños del abogado puede existir, ante todo, con relación a las personas con que se hallase él vinculado jurídicamente con anterioridad en virtud de un contrato, y como consecuencia del incumplimiento delas obligaciones nacidas del mismo; en cuyo caso se tratará de la responsabilidad contractual. Otras veces el acto lesivo puede producirse al margen de toda relación contractual, y entonces la responsabilidad habrá de ser extracontractual. El distingo conserva interés en razón de las diferencias de régimen entre uno y otro tipo de responsabilidad que aún existen, y que fueron estudiados en el capìtulo introductorio al presente.-

Sin embargo, la responsabilidad profesional del abogado habitualmente será contractual, ya que en general entre él y su cliente se ha celebrado un contrato anterior.-

No obstante lo precedentemente expuesto, tanto en Francia como en nuestro país han existido diversos pronunciamientos acerca de la responsabilidad de los abogados, señalando éstos el carácter extracontractual que acompañaba a ella. Ello ha sido explicado por algunos autores quienes señalaban que el profesional goza de una independencia en la ejecución de los contratos, que le da la posibilidad de utilizar su libertad en cierta forma, de manera que haciendo mal uso de ella nace la responsabilidad aquiliana.-

Hoy en día, en cambio, dicha dificultad se encuentra superada con la admisión de la existencia de las llamadas "obligaciones de medios" y "obligaciones de resultado". Estas últimas apuntan de manera determinante, al compromiso del "resultado en sí mismo" , en cambio, las primeras sólo imponen una debida diligencia y aptitud para cumplir las medidas que, normalmente, conducen a un resultado, pero sin asegurar la obtención del mismo. Para Carlos Ghersi es muy difícil determinar "a priori" cual es la obligación fecundada, a tal punto que él encuentra conveniente señalar que en la relación cliente-abogado,surgen diversas obligaciones que pueden revestir uno u otro carácter; aún cuando desde el punto de vista de la praxis jurisprudencial existe una tendencia a considerar la obligación como de medios.-

1.EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

 

Sin perjuicio de que como ya se viera, existe un principio de acuerdo al afirmar que la relación entablada entre el abogado y el cliente es de índole contractual, no existe consenso acerca de cuál es el tipo de contrato que vincula a los mismos, existiendo al respecto varias opiniones que pasamos a considerar.-

Teoría del Mandato: Se ha considerado que la relación jurídica entre el abogado y su cliente es la de un mandato; opinión que ha sido receptada en algunos fallos, cuando al primero le ha sido otorgado un poder para que ejerza en adelante su representación en juicio. Pero esto ha sido descartado en la actualidad, sobre todo por el hecho de que no quedan dudas de que el servicio que presta el profesional debe ser y es remunerado.-

Locación de Servicios: Buena parte de la Doctrina entiende que en este tipo de relaciones existe una locación de servicios, con la única particularidad de que el trabajo que se brinda es de índole intelectual y no material. Esta es una postura que cuenta con muchas adhesiones en los autores, e incluso Carlos Ghersi en su obra aclara que según su opinión este contrato será una locación de servicios y en ocasiones muy particulares podría llegar a ser una locación de obra, figura contractual que trataremos de inmediato.-

Locación de obra : Para otros se trataría de una locación de obra intelectual, porque el abogado promete la ejecución de un contrato mediante un precio calculado de acuerdo a la importancia del mismo, sin que exista ninguna relación de dependencia entre él como "locador" y su cliente como "locatario". A esta postura la mayor objeción que se le formula es la de que "un abogado no pacta una obra en sus resultados". Sin embargo, un autor de gran prestigio como es Spota, a pesar de estas críticas, es partícipe de esta argumentación soslayada por la presente posición que estamos tratando, y afirma lo siguiente: "El abogado puede prometer la defensa de su patrocinado en un juicio o en varios, con esto no quiere decirse que garantiza el resultado...Pero aquí actúa como locador de obra. Asume también esta calidad cuando se obliga a estudiar una cuestión que se le plantea, con prescindencia de que prosperen o no las acciones judiciales que se promuevan como consecuencia del dictamen dado. En efecto, hay allí una obra intelectual, un resultado alcanzado. La eficacia de ese resultado no forma aquí parte, en general, de lo convenido".-

Contrato Innominado o atípico: Para algunos, el contrato que vincula al profesional con su cliente no es de trabajo,locación de obra, de servicios, ni de mandato, sino que en verdad nos encontramos en presencia de un contrato atípico, al cual no se le puede aplicar con propiedad ninguna de aquellas denominaciones clásicas. Y así lo entendieron distintos fallos jurisprudenciales, por ejemplo: " La relación entre el letrado patrocinante y su patrocinado,asesor o consultor y su cliente, entraña un contrato atípico no subsumible en los moldes tradicionales, de modo que deben apartarse los esquemas del contrato de trabajo, la locación de obra o de servicios o el mandato. Si bien por su similitud con algunos de los contratos típicos, en atención de las particularidades de la contratación en concreto, pueden aplicarse unas u otras reglas por analogía (art.16 y 1143,Cód.Civil ), ello no significa su asimilación total a tal o cual contrato nominado" ( CN CIV.sala C, marzo 30-1982 ).-

Contrato Multiforme o variable: La Doctrina hoy mayoritaria, a la que se suma Trigo Represas, interpreta que la prestación de servicios profesionales asume a veces el carácter de locación de servicios, otras la de locación de obra, e incluso en otras oportunidades, la del mandato. Por lo que se ha dado en sostener que dependerá de las circunstancias de cada caso en concreto, y por ende sería un contrato multiforme o variable.-

2.ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO

 

Tal cual lo habíamos anticipado, la responsabilidad del abogado no es más que un aspecto particular de la responsabilidad civil tomada en forma genérica. O sea que para su configuración se requiere la concurrencia de los mismos elementos que analizamos en la introducción. Pero en este caso dichos componentes los estudiaremos bajo la óptica de la conducta del profesional en cuestión.-

2.1 Antijuridicidad

Así , esa antijuricidad a la que habíamos definido como el obrar contrario a derecho, no guarda diferencias sustanciales con aquella en la que puede incurrir un abogado. No obstante, sabemos que los profesionales en general poseen ciertas reglas que competen exclusivamente al fuero al que ellos pertenecen, por lo que no es erróneo decir que esta antijuricidad también se verá engendrada en el hecho de que éstos violen algún principio propio de su actividad. Y en el caso que nos ocupa, no podemos dejar pasar por alto la existencia de esos deberes que hacen a la esencia de la abogacía, entre los cuales sería necesario resaltar los siguientes: el de patrocinio y defensa del cliente, obrando con lealtad, buena fe y probidad, lo cual lo obliga entre otras cosas a no abandonar intempestivamente los juicios, a no patrocinar simultáneamente a ambos litigantes en un mismo juicio, etc. En definitiva, éstas son pautas que solamente el profesional puede contrariar, ya que de hacerlo cualquier otra persona que no se incluya en la categoría de referencia, mínimos serán los efectos que tal incumplimiento cause. Esta antijuricidad puede ser enervada por las llamadas causales de justificación, las que en el campo que estamos tratando sí posee ciertas particularidades, especialmente en lo que hace al consentimiento del damnificado. Así expresa Parellada que " el abogado defensor en el juicio penal, queda vinculado por las decisiones de su defendido; si el cliente prefiere un cambio de calificación o apelar una decisión judicial, pese a que ello acarreará una demora en la excarcelación, por ejemplo, el daño por la privación de la libertad durante ese período no podría ser atribuído al profesional, quien no obstante, debe pervenirlo de tales problemas, en cumplimiento del deber de información".-

2.2 Relación de causalidad

Siguiendo entonces con el tratamiento de cada uno de los elementos que configuran la responsabilidad civil, hagamos hincapié en la relación causal adecuada siempre desde la óptica de la actuación del abogado. En este caso, se acepta que la prueba de la existencia de la relación causal entre la conducta y el daño queda a cargo del damnificado; pero que ello por excepción no es así en las llamadas "presunciones de causalidad", en las que es en cambio el sindicado como responsable, quien para poder eludir su responsabilidad, debe demostrar la inexistencia del vínculo causal, o sea, que el hecho provino de otra causa; ajena a su respecto: un caso fortuito, el hecho de un tercero extraño, o el comportamiento de la propia víctima. Lo cual importa en definitiva reconocer que si en tales supuestos no existe responsabilidad lo es porque no hay relación entre el hecho y el daño.-

2.3 Imputabilidad

Ya se dijo que a los efectos de la responsabilidad civil, es asimismo necesario que haya un factor de atribución de la misma, a los fines de que la ley designe quien habrá de ser el responsable. Ahora bien, la responsabilidad del abogado en especial es una responsabilidad por el hecho propio o personal, razón por la cual el factor de i mputación habrá de ser, en principio, subjetivo:la imputabilidad por culpa o dolo del agente del daño. Sin embargo, en ello ha de influir preponderantemente el contenido de la prestación a cargo del letrado, ya que lo que acabamos de exponer vale exclusivamente para las obligaciones llamadas "de medios", en tanto que en las obligaciones de "resultado", conforme a lo ya anticipado, el factor de atribución deviene objetivo. Empero, en la responsabilidad profesional lo más corriente es que el obrar generador de la misma sea generalmente culposo, por lo que centraremos nuestro estudio en la responsabilidad por culpa.-

2.3 a) Responsabilidad por culpa del abogado

La pregunta parece obvia: ¿ hay una culpa del abogado distinta a la del hombre común?. Ghersi opina que como concepto en sí mismo no, a tal punto que cita un fallo que dice: " la irresponsabilidad profesional es aquella en la que incurre el que ejerce una profesión, al faltar a los deberes especiales que ella le impone y requiere, por lo tanto, para su configuración de los mismos elementos comunes de cualquier responsabilidad civil". Efectivamente, el art. 902 del Código Civil dispone, "Cuando mayor sea el deber de obrar, con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos", criterio que para la evaluación de la culpa médica ha sido aceptado por la Jurisprudencia y que en el caso de estudio, presenta similares características.Este artículo en armonía con el artículo 512, que define a la culpa, están íntimamente ligados con el concepto de "aptitud de conocimiento científico del abogado".-

Pero para determinar el contenido de la prestación asumida por el abogado frente a su cliente, se hace necesario diferenciar la actuación que él mismo puede ".-cumplir como letrado patrocinante o procurador, o como abogado consultor o patrocinante, o como defensor en un proceso penal. Esto lo haremos tomando en cuenta nuevamente la clasificación de obligaciones de "medios"y de "resultado". En el papel de apoderado o procurador, se estima que el abogado se encuentra obligado a una prestación de "resultado", con relación a los actos procesales de su específica incumbencia., tales como suscribir y presentar los escritos correspondientes, asistir a las audiencias que se celebren, interponer los recursos legales contra sentencia adversa a su parte, etc. Por el contrario, cuando el abogado actúa como consultor, asesor o patrocinante, o como defensor en un proceso penal, no tiene la representación de su cliente, consistiendo entonces su misión, únicamente en conducir el litigio bajo su dirección, o aconsejar las soluciones legales que considere más convenientes. Y en estos casos la obligación del abogado no será de resultado sino de medios: él sólo debe poner de su parte todos los conocimientos, diligencia, pericia, con el fin de obtener un fallo favorable en la cuestión que se trate. Por ende, para acreditar el incumplimiento, no bastará ya con probar la no obtención del éxito en el juicio, sino que deberá demostrar igualmente que ello sucedió por "culpa" del profesional, quien no se habría conducido con la mesura y diligencia que correspondían.-

No obstante la claridad de estos conceptos, hubo autores que intentaron marcar un distingo entre la responsabilidad de un profesional y la de cualquier otra persona. Así, si el profesional ha faltado a las reglas de prudencia que se le imponen a cualquier persona, por ejemplo si un médico opera en total estado de embriaguez, rige el derecho común, y cualquier culpa en que haya incurrido lo obliga al resarcimiento; pero si se trata de no ajustarse a las reglas de orden científico impuestas por la profesión en cuestión, por ejemplo un error de diagnóstico, entonces la culpa será profesional, y sólo habrá de responderse en caso de culpa "lata" o "grave". Dentro de esta corriente, el Código Civil italiano de 1942 dispone en su artículo 2236 que "si la prestación implica la solución de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador ( locador) de obra no responde de los daños, sino en caso de dolo o culpa grave". Sin embargo se puede afirmar que el distingo entre la responsabilidad de derecho común y la profesional, salvo casos muy extremos, resultará de muy difícil aplicación a los sucesos de diario acontecer. Además nada justifica que el profesional sólo deba responder en los casos de culpa grave, por lo que a esta altura debemos dejar por sentado que la responsabilidad del profesional se ajusta a las reglas generales ya estudiadas. –

2.3 b) Responsabilidad por dolo del abogado

Aunque es menos probable que la anterior, también puede darse este tipo de responsabilidad cuando el abogado da consejos dolosos a su cliente y que pueden derivar en perjuicios hacia terceros. Al respecto se ha sostenido que tal responsabilidad se vería alcanzada por lo expuesto en el artículo 1081 del Código Civil, que menciona dentro de los responsables solidarios de un delito civil a los "consejeros", por cuanto éstos dan su parecer por el cual el aconsejado realiza un acto que ocasiona un daño a la persona o al patrimonio de un tercero. Obviamente será muy difícil que se pueda llegar a probar este consejo doloso, por lo que este supuesto de responsabilidad pocas veces se da en la práctica.-

2.4 El daño causado

El daño es la consecuencia de una situación de incumplimiento que afecta en este caso patrimonial o espiritualmente al cliente. Obvio es, que para que este daño adquiera la calidad de reparable debe reunir requisitos mínimos: el menoscabo de un interés propio o a intereses colectivos; la certeza y la subsistencia del mismo.

Este es un aspecto peculiar de la responsabilidad del abogado, ya que si bien la frustración de un negocio jurídico debida a un deficiente asesoramiento atribuíble a aquel, o la pérdida de un juicio por omisiones o errores que le sean imputables, configuran un daño cierto; la indemnización, sin embargo, no pude consistir rn el importe de la operación no concretada o en el monto de la suma reclamada en la demanda desestimada, por ser éstos resultados que de todas maneras dependían igualmente de otras circunstancias ajenas al profesional, y ya no se sabe y no se podrá conocer nunca si en otras condiciones el negocio se hubiera o no concluído. Siendo así, en estos casos, el resarcimiento ha de consistir más bien en la pérdida de la "chance" o posibilidad de éxito de las gestiones, cuyo mayor o menor grado de probabilidades habrá de depender de sus especiales circunstancias fácticas. Caseaux menciona precisamente como ejemplo clásico de la pérdida de una "chance", el caso del abogado o procurador que dejan perimir un juicio, o no interponen los recursos pertinentes contra una sentencia adversa, agregando que sin dudas el resultado de un pleito es siempre incierto, pero que en la concurrencia de factores pasados, futuros y necesarios, hay indiscutiblemente una consecuencia actual y cierta, y es que a raíz del acto imputable se ha perdido una "chance", oportunidad o probabilidad, por la que debe reconocerse el derecho a exigir una reparación.-

3. EL PROYECTO DE UNIFICACION CIVIL Y COMERCIAL

Ahora estudiaremos la cuestión que nos ocupa desde la óptica de este famoso proyecto, que profundiza la tendencia hacia la objetivación en materia de responsabilidad y la protección del damnificado, en lo atinente a la reparación de daños.-

En lo concerniente a las responsabilidades profesionales, el art.1625 dispone:"Las tareas de los profesionales liberales, están sujetas a las siguientes reglas, sin perjuicio de normas especiales imperativas:1º-Se aplican a ellas lo dispuesto en los arts.625 y 626. 2º - En caso de controversia queda a cargo del profesional la prueba de haber obrado sin culpa en los términos del art.514. Pero si de los convenido o de las circunstancias resultare que el profesional debió obtener un resultado determinado, sólo se liberará demostrando la incidencia de una causa ajena.3º- La utilización de técnicas que se encuentren en estado de experimentación debe ser consentida expresamente por aquel a quien se preste el servicio."-

3.1 El contenido de la obligación como prestación de resultado

 

El proyecto prevé la posibilidad que el contenido del objeto de la obligación asumido por el profesional constituya un resultado no sólo de lo convnido, sino también de las circunstancias. En cuanto a la posibilidad de eximición de la responsabilidad apunta a destruir uno de los elementos comunes de la teoría general de la reparación: la relación de causalidad. Esto desaparece cuando el hecho generador del daño aparece ligado en relación de causalidad adecuada, con una causa ajena al profesional. En este sentido la gama de sucesos puede ser de distinta índole.-

3.2 La derivación al régimen de la obligaciones de hacer

Los artículos referenciados en la disposición, sólo repiten los principios generales en materia de cumplimiento, así el primero de ellos (art. 625) dispone: "El obligado a hacer, o a prestar algún servicio, debe ejecutar el hecho en un tiempo propio y del modo en que fue la intención de las partes que el hecho se ejecutara. Si de otra manera lo hiciere, se tendrá por no hecho o podrá destruirse lo que fuere hecho mal". En cuanto a la segunda norma, el art.626 dice: " El hecho podrá ser ejecutado por otro que el obligado, a no ser que la persona del deudor hubiese sido elegida para hacerlo por su industria o cualidades personales". Es obvio señalar que la prestación profesional del abogado no es fungible, por lo cual la norma strictu sensu resulta de escasa aplicación, salvo respecto de la utilización del procurador para la gestión judicial.-

 

3.3 La carga de la prueba por el profesional

 

Tal vez la parte de la norma proyectada con más problemas, críticas y controversias sea lo atinente al 2º inciso, primera parte; aun cuando en realidad la mayor parte de la Doctrina entiende que se ha hecho una lectura defectuosa del mismo. Esta innovación se ha defendido con las dificultades probatorias en que se hallaba el cliente frente al desempeño del profesional, imposibilitado generalmente de arrimar tal probanza por sus propias limitaciones técnicas, y así Andorno dice que "Poner exclusivamente a cargo del damnificado la acreditación de la inejecución culpable de las obligaciones a cargo del abogado, significaría en los hechos dificultar la prueba en ese ámbito, lo que no armoniza con la razonable regulación del derecho de daños que en materia de responsabilidades profesionales se va abriendo paso...".

Sin embargo, Ghersi no está muy de acuerdo con estos argumentos, y partiendo de la base que todo proceso judicial tiene un cierto álea, opina que el juzgamiento de la responsabilidad profesional no pasará de evaluar, en función de su presentación; si ella fue acorde, si ha empleado los conocimientos y técnicas de un abogado diligente y acorde a la complejidad del caso, pero él entiende que si el profesional acepta un caso complejo y responde con un nivel mediocre no podría el abogado atribuír el daño al área judicial.-

Esta es la interpretación correcta que según él debe hacerse de este precepto, ya que no consiste en poner en cabeza de los profesionales preocupaciones desmedidas que no corresponden ni mucho menos darle a la norma alcances que ésta no posee. -

En definitiva, a través de este proyecto pienso que lo que se ha intentado lograr es dar una mayor claridad a un tema que todavía debido a la ausencia de una regulación algo más expresa, encuentra numerosas dificultades prácticas que impiden poder tomar una tendencia marcada para dilucidar la presencia o no de la responsabilidad del profesional., pero igual cae en contradicciones. Y así lo deja ver Trigo Represas en su obra al criticar la remisión al texto del art.514 del Cod.Civil que hace el art. 1625 del Proyecto. Porque al establecer que la prueba de la no culpa habrá de consistir en demostrar que para cumplir habría sido menester emplear una diligencia mayor que que la exigible por la índole de la obligación, decir esto viene a ser lo mismo que la acreditación del caso fortuito o fuerza mayor. E incluso pretender la prueba de todo esto, equivale a señalar que se habrían tenido que realizar tales o cuales esfuerzos o superaciones más allá de lo que era razonable esperar del deudor, lo cual importa entrar en un campo meramente especulativo, sin concreción alguna a nivel de las realidades fácticas del caso en cuestión.-

CONCLUSIONES FINALES Y REFLEXIONES PERSONALES

 

A través de estas páginas he querido dar un perfil configurativo de la responsabilidad profesional del abogado y obviamente, no encontré una forma más propicia que la de tomarla desde la óptica de la responsabilidad civil en general, con el estudio pormenorizado de cada uno de sus elementos y sin desatender las particularidades que esta función posee en torno a ellos. La razón por la cual seleccioné este tema creo que es harto evidente: no podemos nosotros los abogados dejar de conocer las consecuencias que nuestra conducta puede acarrear, siempre hablando desde el punto de vista profesional, y no privado, ya que de hecho este aspecto estará alcanzado por otra regulación normativa y que no fue motivo de estudio en el presente. Digo esto porque cualquiera sea el camino que podamos tomar en nuestra carrera, en ningún momento estaremos exentos de todas las circuntancias que contemplamos durante el desarrollo del trabajo.-

Si se observa detenidamente cual fue la metodología tomada para encarar la investigación, se podrá detectar que no por casualidad obvié referirme a aquellos abogados que desempeñan funciones en el ámbito del Poder Judicial, debido a que éstos se encuentran en una situación bastante clara a los efectos del juzgamiento de las irregularidades que puedan cometer, pero la intención primitiva fue la de incluírlos, para poder aprovechar esta circunstancia y estudiar los distintos medios disciplinarios que ellos poseen, como es el caso del jury de enjuiciamiento, los procedimientos sumariales,etc. No obstante, decidí enfocar la atención en aquellos que ejercen sus funciones en forma liberal, porque aquí sí que la oscuridad de ciertas normas dejan conceptos equívocos. –

No quedan dudas que en numerosas oportunidades la relación abogado- cliente dista de ser la mejor, al menos cuando ambas partes manejan distintos juicios de valor respecto de cosas iguales. Y pienso que un poco la causa de esta realidad se encuentra en el hecho de las distintas situaciones personales que cada uno ocupa, el abogado desde su rol de asesor y el cliente muchas veces desde su sentimiento de preocupación por lograr que su conflicto se vea resuelto de la mejor y más rápida manera posible. Y a partir de comportamientos impulsivos es que la relación comienza a experimentar fisuras que luego repercuten en el tramo final de la gestión del profesional. Porque no podemos negar que este momento es el que más le interesa al cliente, es aquí donde él ve cristalizada o no su pretensión, y no sería erróneo decir que si el juicio sale con un resultado favorable, es probable que éste se atribuya el éxito; y por el contrario, en el supuesto de que el mismo juicio culmine con alguna decisión negatoria a sus intereses, seguramente dirá que esto se debió a la impericia de su abogado.-

Entonces allí es donde comienza a entrar en juego toda la casuística que apuntamos anteriormente, que sin lugar a dudas ayuda a derrumbar todas esas tendencias que acabamos de señalar. Porque quedó claro que el empleo de una debida diligencia por parte del profesional alcanza, en términos generales, para demostrar la ausencia de culpa de su parte. Ahora bien ¿Cómo se le explica qué es "debida diligencia" al cliente? Debemos tener en cuenta que él no está obligado a poseer conocimientos técnicos de Derecho, porque incluso esto tornaría superflua la necesidad de acudir a un profesional. Ante estos inconvenientes nada mejor que contar con algún parámetro de tipo legal que nos ayude a determinar si el abogado cumplió o no con la obligación a su cargo, y a partir de allí concluír con la aplicación de una sanción o no. Considero que la diferenciación entre las obligaciones de resultado y de medios ( que en definitiva constituyeron el principio rector de este trabajo ) significa un paso importante para dilucidar la responsabilidad que pesa sobre el abogado, pero de todas maneras esta solución, por más meritoria que sea, no alcanza para abarcar todas las hipótesis posibles. Con esto no quiero decir que con una regulación legal y cierta se superarían dichos inconvenientes, porque es utópico pensar que una norma sea capaz de proyectarse y de preveer todos y cada uno de los hechos probables. Lo que deseo dejar por sentado es que la presencia de un elemento más sólido y concreto que los existentes en la actualidad, sería de gran utilidad para terminar con ciertas dudas.-

Es por eso que veo positivo el intento de regulación llevado a cabo por el Proyecto de unificación Civil y Comercial que hemos mencionado, sin perjuicio de los lógicos desaciertos conceptuales que todo emprendimiento puede tener. Y si se me permite, quisiera hacer un comentario crítico respecto de él, aún discrepando con una eminencia como el Dr.Andorno, en el sentido de que veo totalmente negativa la carga de la prueba sobre el profesional a los fines de quedar exento de cualquier imputación. Porque él, en su intento de justificar la postura tomada por el Proyecto de referencia, argumenta la "dificultad" con la que se encontraría una persona si tuviera que probar la responsabilidad del abogado. Y yo no lo veo así, porque si vamos a lo puntual, en todas las oportunidades estará presente este obstáculo, y no solamente cuando deba acreditar la culpa de un profesional. De ser así, entonces creo que tendríamos que encarar toda una especie de revolución en el sistema de responsabilidad tanto desde el punto de vista del Derecho de fondo como de forma. Salvo que en este caso construyamos un estanco o isla dentro de los aspectos genéricos de la responsabilidad civil, cosa que tampoco tendría sentido por todas las razones que ya vimos y que son acatadas casi sin polémicas por la mayoría de la Doctrina.-

Creo que a esta altura no debemos dejar pasar por alto lo preceptuado por el art. 375 del CPCC, que nos dice entre otras palabras que "Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el Juez o Tribunal no tenga el deber de conocer...". Esto y decir que el abogado debe probar su ausencia de responsabilidad pienso que entran en franca contradicción. Y opino que tampoco es cierto que se estaría vulnerando la esencia del sistema de reparación de daños con el hecho de poner en manos del damnificado la prueba de esa circunstancia, porque de ser así, ya nunca se le podrá exigir a alguien que pruebe su pretensión porque se estaría "violando" dicha estructura.-

Por eso afirmo que desde el momento que el abogado pone a disposición del cliente todos sus conocimientos técnicos para llevar adelante un caso, automáticamente ve cumplida la obligación a su cargo, porque hasta incluso resulta anti ético desde el punto de vista profesional asegurar un resultado cierto a determinado juicio.-

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA

 

Andorno, La Responsabilidad del Abogado, Derecho de daños.-

Caseaux-Trigo Represas, Compendio de Derecho de las Obligaciones, Tomo 2, edición 1977.-

El Derecho, 100-344, Rep. 17, pág.8.-

Ghersi, Carlos A. Responsabilidad Civil del Abogado.-

Llambías, Jorge J. Código Civil Anotado, Tomo II-B, edición 1984.-

Spota, Alberto G. Instituciones de Derecho Civil, Contratos, Tomo V, ed.1979.-

Trigo Represas, Félix A. Responsabilidad Civil del Abogado, edición 1996.-

INDICE TEMATICO

 

INTRODUCCION Pág.1

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ABOGADO Pág.4

1.EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Pág.5

2.ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO Pág.7

2.1 Antijuridicidad Pág.7

2.2 Relación de causalidad Pág.8

2.3 Imputabilidad Pág.8

2.3 a) Responsabilidad por culpa del abogado Pág.9

2.3 b) Responsabilidad por dolo del abogado Pág.11

2.4 El daño causado Pág.11

3.EL PROYECTO DE UNIFICACION CIVIL Y COMERCIAL Pág.12

3.1 El contenido de la obligación como prestación de resultado Pág.13

3.2 La derivación al régimen de las obligaciones de hacer Pág.13

3.3 La carga de la prueba por el profesional Pág.13

CONCLUSIONES FINALES Y REFLEXIONES PERSONALES Pág.16

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA Pág.20

 

Dr. Pablo Martin Lombarda
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