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Contratos de Consumo

EL CONTRATO DE COMPAVENTA

en la ley de defensa del consumidor

 

Por  Alan Carlos GOBATO
Octubre de 1999
Derechos Reservados

Introducción

Este tipo de contratos son aquellos, que se caracterizan por tener por objeto el regular relaciones que llamamos de consumo.

Las relaciones de consumo se verifican entre consumidores, ( en los que quedan comprendidos los usuarios de servicios públicos ) y proveedores ( también suministrantes tales servicios ).

Sin abandonar el contexto de fondo ( el del derecho sustantivo de los Códigos Civil y Comercial ) se crea una categoría autónoma, caracterizada para normar sobre las desigualdades que suelen producirse entre consumidores y proveedores.

La crisis del contrato, el advenimiento de los contratos de adhesión, la masificación del consumo, la globalización de los negocios, las privatizaciones con participación de empresas multinacionales que constituyeron oligopolios estructurales, los contratos de larga duración con modificaciones unilaterales de las condiciones por parte de los predisponentes, fomentaron las negociaciones desparejas, en las que los proveedores generalmente se ven perjudicados.

Se creo una cultura de la crisis, que fomentó la polarización de los consumidores en asociaciones que buscan espacios de poder para poder trabajar desde todos los planos en la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores.

La generalización de estas relaciones ha generado una estandarización y categorización en una rama propia del derecho privado.

Combina, por una parte normas de derecho privado, por la regulación de los elementos esenciales de los contratos, de la autonomía de la voluntad y la formación del consentimiento, y en el ámbito público, la regulación estadual protectiva de los consumidores, su poder de policía, y los tribunales arbitrales.

Estos últimos alientan, la concertación social de ambas partes.

La noción de contrato como el acuerdo bilateral destinado a reglar los derechos de los contratantes, su finalidad económica y social, son las mismas que en el contrato tradicional.

Se le adicionan a esas notas esenciales la masificación del consumo, y las modalidades de formación del consentimiento, por vía de la oferta pública, sus modalidades, el deber de información, que le dan las notas propias y diferenciales.

A continuación analizaremos los elementos del contrato, y en especial de la compraventa.

 

PARTES del contrato de consumo.

Son partes del contrato de consumo, el Proveedor y el Consumidor.

El Proveedor es la persona física o jurídica que en forma profesional aun ocasionalmente, suministre, fabrique, preste, comercialice o importe, o que pone en el mercado sus bienes y servicios a disposición de los consumidores.

Se incluye en los Proveedores al Estado, por los servicios que preste, sin perjuicio de la ineludible responsabilidad que le competa por su omisión en el contralor o vigilancia en observancia a su poder de policía.

Por su parte los consumidores son todas aquellas personas humanas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final, el de su grupo familiar o social: la adquisición o locación de cosas muebles, la prestación de servicios, y la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda. Incluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública y dirigida a persona indeterminada.

Los requisitos para ser consumidor estan dados por:

Þ El carácter de consumo final, lo que le excluye la mercantilidad del acto. Este carácter de consumo final, esta dado por la potestad de hacer uso del bien para el consumo, uso o utilización de los bienes o servicios, para satisfacer sus necesidades personales o familiares, en beneficio propio.

No revisten este caracter aquellas personas que adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes y servicios, con el fin integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización, o pretación a terceros. Quedan comprendidos dentro de esta definición las personas jurídicas cuando adquieran bienes o servicios con destino a su consumisión final.

Tal circunstancia es un hecho de prueba que le compete a la persona moral, para desvirtuar la presunción de que su adquisición no conlleva fin de lucro.

Þ Contratación a título oneroso, que excluye a los actos a título gratuito. Aunque cuando se reciban muestras o pruebas de productos o servicios en forma gratuitas, en función de una eventual contratación a título oneroso, esos convenios son tenidos por actos de consumo, e incluídos bajo el manto protectorio de la LDC.

Se excluyen los contratos celebrados por los consumidores, por cosas usadas, pero se infiere que sí si las cosas fueren nuevas, aún cuando en tal acto tenga una finalidad de lucro, aunque no sea su profesión, sino un acto ocasional. Las normas protectoras del estatudo del consumidor, no le serán aplicables entonces a los negocios de los consumidores entre sí, pero en el caso de que una persona jurídica obre negocie una relación de consumo para su consumo final, si importará un acto de consumo.

En contra de esto, la directiva 93/13 del 5/4/93 de la Comunidad Económica Europea, considera al consumidor sólo como a la persona física, y no tiene en consideración a las personas jurídicas ( sin importar que sean pequeñas, medianas o grandes empresas ). Pero algunas de las naciones integrantes de la CEE incorporan a las personas jurídicas dentro de la noción de consumidores.     ( Ley portuguesa de defensa del consumidor, del 22/8/81, Ley general para la defensa de los consumidores o usuarios de España, Nº 26, de l 19/7/94 ). Esta postura también fué compartida por el proyecto de ley elaborado por A. a. Alteriini, R. M. López Cabana, g. A. Stiglitiz, quienes lo acotaban la definición solo a las personas físicas.

No tendrán caracter de consumidores quienes adquieran , almacenen, utilicen o consuman bienes y servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización, o prestación a terceros. Tampoco los actos de los profesionales que requieran de título y matrícula de colegiación profesional.

 

UN MICROSISTEMA.

Existe un debate en cuanto a la ubicación sistémica del estatuto del consumidor, aunque es evidente su interdependencia funcional con el Código Civil y el Comercial.

Aquellos que lo consideran un microsistema, aluden a su autoalimentación, no dependiente de los regímenes mayores.

En tanto que existen otros que lo subsumen dentro de los códigos de fondo.

El hecho es que toda categorización o sistematización jurídica requiere de una autosuficiencia, circunstancia que no se verifica en el texto de la LDC, que encuentra fundamento en el régimen de las obligaciones y contratos civiles y comerciales. Ergo debe ser estudiado este estatuto en armonía con la legislación de fondo, dado que la norma no es autosuficiente, y contiene tácitas remisiones al derecho de sustancial.

Ello sostenido sin desmedro de las importantes incorporaciones traídas en orden al derecho a la información para la formación del consentimiento, a la defensa de la autonomía de la voluntad por la vía de la defensa de la oferta al público indeterminado y de la integración por absorción de la publicidad al contrato general, entre otras mejoras.

Es afirmable que aquellas mejoras, no fueron receptadas íntegramente por el Anteproyecto de Código Unificado Civil y Comercial de la Nación, que prefirió sostener el actual régimen de la LDC. Ello tal vez por aplicación del principio de especialidad.

LOS CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

 

1. Introducción.

La Ley de Defensa del Consumidor es el producto de una estandarización jurídica de una situación fáctica de desigualdad.

Esta desigualdad se apoyó en un economicismo, que cimentó un régimen de consumismo, de bienes y servicios, resultado de una postmodernidad cuyo estandard de vida fué el mejoramiento del confort.

Poco a poco, las empresas productoras de bienes y prestadoras de servicios, comenzaron a desplegar estrategias de comercialización de sus bienes.

La competencia entre las mismas, para ampliar sus ventas y adquirir nuevos consumidores a sus negocios, llevó a algunas a adoptar prácticas desleales, tanto para sus competidoras como con los consumidores.

El detrimento de la calidad, en función de la baja de precios para competir con otras firmas, la publicidad agresiva, llevó a un detrimento de la relación consumidores - productores.

Por tal razón se comenzó a gestar un movimiento de defensa de sus derechos, donde se amplió a un más la polarización entre ambos segmentos.

Es nuestro deber invertir esa polarización a través del acercamiento de consumidores y productores, que en un pié de igualdad puedan coexistir interdependientemente en un mercado tal como es el nuestro.

De modo tal que la labor empresaria debe tener como ideal la satisfacción del consumidor - que es quien alimenta su circuito de producción y financiamiento - destacando que ello se logrará a través de la vuelta al estandard de la buena fe.

La buena fe en los negocios, implica una actitud de respeto a los consumidores. Son ellos los que deben ser tenidos en mira.

Ello no es incompatible con el fin de lucro de los negocios. Nadie trabaja gratis. Nada en el mercado es gratis.

El punto es que quien adquiere sus productos o servicios, debe tener la satisfacción de que ellos le sean de utilidad. Que satisfazgan sus expectativas medias.

El objeto de la LDC es la defensa de los consumidores o usuarios, de bienes y servicios, públicos o no, que sean contratados a título oneroso para su consumo final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Quedan incluidos dentro de este régimen aquellos actos / ofertas que en función de una eventual contratación a título oneroso, reciban a título gratuito cosas o servicios ( ej. muestras gratis ).

2. La adquisición de bienes en la LDC.

Los LlLlincisos a) primera parte, y c) del art. 1º, de la LDC, establecen que la adqusición de cosas muebles y de inmuebles nuevos y lotes de terreno destinados a vivienda quedan comprendidos dentro de su régimen estatutario.

Por su parte el Decreto 1794/94, norma que deben interpretarse como inmuebles nuevos los que sean a construirse o en construcción, que nunca hayan sido ocupados.

De tal manera incorpora una importante división y desigualdad jurídica, puesto que incorpora a este régimen a los compradores de inmuebles destinados a vivienda a estrenar, y deja a la suerte de las normas del Código Civil a los adquirentes de inmuebles usados, sin dar ningún fundamento al respecto.

En tanto que nada dice respecto de los bienes muebles ( registrables o no ) usados. De ello se desprende que quedarían incorporados a este régimen.

Esta distinción, pone en un pié de desigualdad, a los adquirentes de bienes inmuebles en general.

A primera vista, quedarían comprendidos los contratos de compraventa de inmuebles a estrenar, los de lotes con destino a vivienda, la compraventa de mercaderías y de bienes destinados al consumo personal. Luego de una breve reflexión, nada impediría la incorporación a estos contratos del contrato de adquisición de inmuebles entre el Fiduciario y Beneficiario ( contrato de Fideicomiso ), y el del Tomador y el Dador al ejercer la opción de compra ( contrato de Leasing ). Respecto de este último me explicitaré más abajo.

Por su parte, ocurre con las locaciones de viviendas, que conforme la redacción del mismo artículo no quedan comprendidos dentro de este régimen, rigiendo la Ley 23.901 de Locaciones Urbanas.

En tanto que la locación de cosas muebles - sin distinción - sean usadas o nuevas, queda comprendida dentro de este régimen.

Con el mismo criterio, podemos afirmar que al Leasing inmobiliario no le resultaría aplicable este estatuto, en tanto que sí lo serían al Leasing financiero ( cuando el Dador es una entidad financiera ) y al operativo ( cuando el Dador es el productor o importador del bien locado ).

Más empero, cuando en el contrato de leasing se ejerciera la opción de compra, nada impediría que sean considerados dentro del estatuto del consumidor, por cuanto cuadraría en el inc. a) del art. 1 LDC.

 

3. La compraventa de bienes muebles e inmuebles.

Hasta antes de la redacción de la LDC la compraventa se regía exclusivamente por las normas del Código Civil, y las del Código de Comercio.

De conformidad con el principio de especialidad, y la atracción foral que producía la intervención del comerciante, aún cuando el co-contratante no fuera comerciante, implicaba la absorción del negocio a la órbita comercial.

La LDC, no llega a tener tal virtualidad de modificar esta postura, pero se encaballa en las normativas de fondo modificando parcialmente sus regímenes, adicionando una nueva competencia.

De tal modo que cuando se trate de relaciones de consumo, siempre se verifica la presencia de un comerciante y un consumidor. Así la adquisición entre dos consumidores, no atraería a la LDC, ni a la jurisdicción mercantil. En tanto que cuando se verifica un acto de consumo, sería competente la justicia ordinaria en lo comercial, y de aplicación la legislación específica y subsidiariamente la civil y comercial.

3.a. La compraventa

En primer lugar, debieramos analizar la compraventa. No se pretende analizar extensamente la compraventa, que es materia de contratos, sino la incidencia que tiene la LDC en el régimen de la compraventa

La actual redacción del Código Civil, en su artiulo 1323, define que habrá compraventa cuando una de las partes se obligue a transferir a la otra la propiedad de una cosa, y esta se obligue a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero.

Por su parte, el art. 450 del Código de Comercio, dice que la compraventa mercantil es un contrato por el cual una persona, sea o no propietaria o poseedora de la cosa objeto de la convención, se obliga a entregarla o hacerla adquirir en propiedad a otra persona, que se obliga por su parte a pagar un precio convenido y la compra para revenderla o alquilar su uso.

Estas definiciones tienen algunas diferencias que tendrían su sustento en:

a) la competencia y jurisdicción de los tribunales,

b) la ley aplicable para determinar los derechos y obligaciones recíprocas emergentes del negocio.

c) el destino o finalidad de la adquisición, ( la civil para el consumo personal, en tanto que la comercial para revenderla o alquilar su uso ).

d) los plazos de prescripción,

e) la posibilidad de efectuar compraventa de cosas ajenas,

f) la garantía de evicción y la obligación de saneamiento.

El Anteproyecto de Código Unificado Civil y Comercial de la Nación ( C.U. ) en su art. 1064, simplifica ambas definiciones en una sola, al regular que hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir el dominio de una cosa y la otra de pagar un precio en dinero. Agrega en el artículo siguiente que las normas del capítulo respectivo se aplicarán supletoriamente a los contratos que obligan a una parte a transferir los derechos reales de condominio, propiedad horizontal, superficie, usufructo o uso, o a constituirlos, sobre bienes inmuebles, o la transferencia de titularidad de títulos valores, o la de entregar cosas manufacturadas o prudicidas, a cambio de un precio en dinero.

Esta nueva posición ( que surge del juego del art. 1064 y 1065 del CU ) absorvería los contratos que mencionaramos en segundo lugar ( fideicomiso y leasing ), en tanto y en cuanto tienen por objeto la transferencia de bienes muebles o inmuebles, por cuanto le serían supletoriamente aplicables las normas de la compraventa.

De esta manera, quedaría cerrado el círculo, al comprender dentro del estatuto de la LDC a los contratos de compraventa, fideicomiso y leasing.

Las partes intervinientes en el contrato serían un Comerciante ( vendedor ) y un Consumidor ( comprador ), no pudiendo verificarse en forma inversa una relación de consumo.

De acuerdo con la absurda prohibición de la LDC, cuando se trate de venta de inmuebles usados, no sería de aplicación este estatuto, aún cuando se verificaran las partes contratantes.

Ello sienta una duda razonable en el caso del contrato de leasing. ¿ si la locación de vivienda está excluída del régimen de la LDC, por que sería aplicable al Leasing ?

En primer lugar, hay que distinguir que durante la ejecución del leasing se identifican dos etapas, la administrativa y la dispositiva. Durante la administrativa se aplican las normas de la locación de vivienda, en tanto que al verificarse la dispositiva se aplican las de la compraventa. Pero al llegar tal momento el inmueble ya estaría usado. En una primera lectura pareciera que ello sería un impedimento para la aplicación de la LDC, más poniendo atención en el carácter de unicidad del negocio del contrato de leasing, que tiene desde su celebración puesto en mira la transmisión de la propiedad del inmueble, podemos afirmar que no ha sido excluído en forma expresa, siendole entonces aplicable el régimen de la LDC.

Þ La interpretación, competencia y jurisdicción de los tribunales mercantiles.

En razón de las partes, sería competente la jurisdicción mercantil , por la atracción que ejerce la presencia del comerciante en el negocio.

Es considerado doctrinariamente como una esición del derecho comercial, habiendo estado hasta ese entonces en la teoría de los actos unilateralmente comerciales.

Algunos fallos de la Justicia Comercial han hecho eco de esto, y han sostenido que compete a la jurisdicción mercantil intervenir en las demandas por daños y perjuicios incoadas por los consumidores amparados en la mencionada ley 24.240 .

Finalmente, cabe mencionar que el art. 3 LDC, sostiende que esta ley se integra con las normas generales y especiales a las relaciones jurídicas antes definidas en los arts. 1 y 2, en particular las de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial, sentando el principio "in dubio pro consumo" ( en caso de duda en favor del consumidor ),

Þ La ley aplicable para determinar los derechos y obligaciones recíprocas emergentes del negocio.

En la compraventa de inmuebles, resultaría aplicable las normas de la Compraventa civil, en tanto que la de bienes y mercaderías las del Código de Comercio.

Þ El destino o finalidad de la adquisición onerosa, ( la civil para el consumo personal, en tanto que la comercial para revenderla o alquilar su uso ).

El destino del adquirente, debe ser siempre de lote de terreno con destino a vivienda, o vivienda a estrenar propia o cosas muebles para su consumo o el de su grupo familiar o social.

La adquisición debe ser onerosa.

Þ La cosa objeto del contrato.

El objeto del contrato de compraventa en el régimen del Código Civil, son cosas muebles, registrales o no, o inmuebles, en tanto que existe una limitación en la LDC.

La LDC propone que los bienes muebles sean destinados al uso personal o social del consumidor, en tanto que los inmuebles deben ser a estrenar y destinados a la vivienda del propio consumidor y de su grupo familiar.

No se admite en este estatuto la compra de bienes inmuebles usados.

Respecto de los lotes de terreno, se indica especialmente que deban ser adquiridos con destino de vivienda y la oferta de los mismos sea pública y dirigida a persona indeterminada.

Esto último encierra aspectos oscuros, toda vez que se confunde la oferta con el objeto de la cosa vendida. La cosa vendida se trata de un lote, que sea ofertado en form aública y dirigida a persona indeterminada. V.g. cuando se trate de un inmueble cuya venta sea ofertada por una empresa de loteos, o por un agente fiduciario. En tanto que pareciera no comprenderse la venta directa entre dos particulares.

Ello guarda una lógica interna, que entonces en la venta de lotes entre particulares se aplican las reglas del Código Civil, en tanto que cuando intervenga un comercializador ( proveedor ) o empresa de loteos, se verificaría una relación contractual de consumo, siendole aplicable las normas de la LDC.

El C.U. nada dice a este respecto, destinando tres artículos a "La cosa vendida", ( art. 1068 al 1070 ) norma sobre la cosa cierta que ha dejado de existir, la cosa futura, y la cosa ajena.

De todos modos, aún cuando se verifica una relación de consumo, en todo aquello que no sea aplicable la LDC se aplicará supletoriamente el C.C. Las normas del C. Comercio, conforme reza claramente el art. 451 y el 452 inc. 1, que la compraventa de inmuebles y muebles accesorias, no serán consideradas mercantiles. Ergo no se le aplican las reglas de la compraventa mercantil.

Agrega el inc. 2 del art. 452 C. Com. que no se considerarán mercantiles las ventas de los objetos destinados al consumo del comprador, o de la persona por cuyo encargo se haga la adquisición. El C.U. a este respecto no legisla.

Esto así a pesar de que el microsistema diseñado por la LDC para los " contratos de consumo " tiene su fundamento en los el ámbito de los denominados "contratos de empresa", mayormente de adhesión o con clausulas predispuestas, y sujetos a la regulación nacida en el ámbito de la autonomía de la voluntad. Los proveedores por su parte, pretenden la aplicación de la lex mercatoria, resultante de la aplicación de técnicas de comercialización probados en diversas economías regionales o incluso por aplicación de experiencias transnacionales - o esquemas de marketing - que son ignorantes de las regulaciones locales, ( o simplemente pretenden dejarlas de lado ).

Por su parte se produce el choque entre estos proveedores y los ordenamientos locales que ponen enfasis en las reglas generales de la formación y conclusión de los contratos ( teoría general de los contratos en los que prima el principio de la igualdad de las partes, no como una ficción sino como una realidad ), y en la buena fe lealtad, o probidada, equidad y equilibrio de las prestaciones en los contratos onerosos.

En tanto que, en las relaciones de consumo, se aprecia una disminución de la autonomía de la voluntad del consumidor, frente al poder de negociación de los proveedores, que incluso llegan a suprimirla cuando se trata de servicios públicos domiciliarios provistos por empresas de capitales privados, o bien por el Estado en su calidad de agente suministrante con forma de organismo autárquico o de sociedades mixtas en competencia de los primeros ).

Þ La oferta de las cosas en venta ( formación del consentimiento )

La LDC enfatiza su normativa en la etapa formativa del contrato de consumo, destinando el Capítulo III, a regular las "Condiciones de la oferta y venta ".

En el art. 7, estipula que " la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precidsa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleado para hacerla conocer. " A esto agrega el DR 1798/94 que cuando el proveedore limite cuantitativamente su oferta de productos o servicios, deberá informar la cantidad que cuenta para cubrirla.

Esta previsión se complementea con lo normado en el art. 8, LDC, que incorpora a la publicidad como contenido del contrato, haciendo exigible la cosa tal como es descripta en la publicidad gráfica, anuncios, prospectos, circulares, catálogos, correos, oferta telefónica, etc. por cualquier medio de difusión comercial que sea.

( Además debe identificar al proveedor, incluso con su domicilio y código de identificación tributaria ( CUIT ) lo que facilita su ubicación e identificación comercial , conf. párrafo agregado por el art. 1º de la ley 24.787 ).

De tal manera modifica el criterio sostenido por el art. 454 del C.Com. que disponía que las ofertas indeterminadas contenidas en un prospecto o circular no obligan al que las ha hecho.

Por su parte el C.U. prevee que la oferta dirigida a personas indeterminadas como una "invitación a ofertar", salvo que de sus términos o de las circunstancias de su emisión resulte la intención de contratar del oferente. En todo caso se la entiende emitida por el tiempo y en las condiciones de uso. ( art. 923 C.U. ). Conforme a este régimen la oferta queda sin efecto cuando el oferente la sujeta a un plazo de vigencia y se cumple el plazo, o cuando recibe la primera aceptación ( que no sería propiamente el caso en el supuesto de venta de productos de consumo masivo, pero si en el caso de inmuebles o de bienes muebles registrables ) a menos que de la oferta resulte lo contrario ( ej. clausula hasta agotar stock, o clausula válida por "n" número de unidades ).

En este caso se complementarían ambos regímenes con armonía.

 

Þ El precio de la cosa vendida.

En el régimen actual del C.C. el precio puede ser cierto o determinado, incluso por terceros, conforme el siguiente esquema:

a) determinación por un tercero ( art. 1349 C.C. segunda parte ). Este tercero obra de árbitro del valor de la cosa. El art. 1350 dispone que cuando la persona o personas determinadas para señalar el precio no quisieren o no llegaren a determinarlo, la venta quedará sin efecto ( idem. art. 459 C.Com. que agrega una innovación a la dureza de esta norma, que se puede acordar una estipulación en contra a la solución que brinda el C.C. respecto a tener por inexistente el contrato ).

De esta solución se aparta el C.U. que prevee la posibilidad de que ante la negativa o imposibilidad de determinación del precio por parte de los terceros este sea fijado por el tribunal local por la via del proceso sumarísimo.

b) fijación del precio en base al costo de otra cosa cierta ( art. 1349 tercer párrafo ).

c) determinación en base al valor corriente de plaza de la cosa mueble ( art. 1353 C.C. y art. 458 C. Com. )

d) existen alternativas de precio mixto, que resultan de la entrega de dinero y una cosa cancelando parte del mismo precio.

El C.U. prevee que si se omite toda mención al mismo, sea un tercero designado en el contrato o después de su celebración, o en su defecto sea el tribunal que intervenga el que lo fije, por la vía del proceso más breve que posea el código ritual de aplicación. El precio también puede ser fijado también por unidad de medida o por fracción de tierra, o por junto, incluyendose soluciones para cuando existan diferencias en las medidas.

La LDC, al respecto no estipula procedimientos de fijación del precio, debiendo ser aplicadas entonces, las actuales previsiones legales del C.C. y en lo que fuera pertinente las del C.Com. Así el art. 10 LDC tan solo prevee que es un requisito del documento de venta la fijación del precio y las condiciones de pago.

Se desprende también de esto, que debe formar parte de la oferta dirigida por los proveedores a los consumidores potenciales e indeterminados, obligandolos durante el tiempo en que se realice, sujeta al plazo durante el cual se halle vigente la oferta y la cantidad de bienes ofertados. ( conf. art. 7 LDC. y el DR 1798/94 ).

Þ El plazo de entrega de los bienes - la excepción de incumplimiento. La aceptación de las mercaderías.

En la compraventa de mercaderías regida por el C.Com. se estipula que a falta de pago de plazo de entrega, la mercadería debe ser puesta a disposición del comprador dentro de las 24 hs. siguientes a la celebración del contrato.

El comprador gozará del término de diez días para pagar el precio de los efectos , pero podrá exigir la entrega sin dar al vendedor el precio en el acto de verificarse aquella. ( art. 464 ).

El comprador cuando los bienes se entregasen en cajas, bultos o fardos que le impidieran el control de la mercadería entregada, tiene un plazo de tres días inmediatos a la entrega, para reclamar cualquier falta, deficiencia, en la cantidad o vicios en la calidad. ( art. 472 C. Com.).

El vendedor siempre puede exigir en el acto de la entrega de la cosa vendida, el control de la cantidad y calidad de la misma. ( art. 473 C. Com. ).

Cuando el vendedor no entregase los efectos vendidos en el plazo estipulado o en el establecido por el art. 464, se aplicará lo dispuesto en el art. 216, sin perjuicio de la facultad del comprador de pedir autorizaciòn para comprar en la plaza, por cuenta del vendedor, una cantidad igual de los mismos objetos.

Sin embargo, cuando la falta de la entrega de los efectos vendidos proceda de que hubiesen perecido, o se hubiesen deteriorado por accidentes imprevistos, sin culpa del vendedor, cesa toda responsabilidad por parte de éste y el contrato queda rescindido de derecho devolviéndose el precio al comprador ( art. 467 ).

Si la venta fuese de mercaderìas por junto o paquete cerrado, y se convinieran entregas parciales, aunque los precios fuesen distintos, pero sin designaciòn de partes o lotes que deban entregarse en partes o lotes, el comprador no puede ser obligado a recibiruna porción bajo promesa de entregarle posteriormente la restante.

Pero si aceptase una entrega parcial, espontaneamente, queda irrevocable y consumada la venta, en cuanto a los efectos que recibió. ( art. 468 ).

Si el comprador devuelve la cosa comprada y el vendedor la acepta, o siendole entregada contra su voluntad, no la hace depositar judicialmente por cuenta de quien perteneciera con notificación del depósito al comprador, se presume que ha consentido en la resición del contrato. ( art. 469 ).

Þ La instrumentación contractual. El contenido del documento de venta.

Conforme el art. 10 LDC, el documento de venta de cosas muebles deberá contener la descripción y especificación de la cosa, el nombre y domicilio del vendedor, el nombre y domicilo del fabricante, distribuidor o del importador cuando correspondiere, la mención de las características de la garantía ( DR. 1784/94, estipula que el documento de venta deberá hacerse referencia expresa en la misma, debiendo constar sus alcances y características en el certificado respectivo que deberá entregarse al consumidor, cuando se emita un ticket se deberá entregar un certificado de garantía, si el documento de venta no contiene mención a la garantía se presume que carece de ella ) conforme a lo establecido en esta ley, los plazos y condiciones de entrega, el precio y las condiciones de pago.

La redacción debe ser hecha en idioma nacional, ser completa, clara y fácilmente legibles, sin reenvios a textos o documentos que no se entreguen previa o simultaneamente. Un ejemplar debe ser entregado al consumidor. Cuando se incluyan clausulas adicionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley, aquéllas deberán ser escritas en letra destacada y suscriptas por ambas partes.

La reglamentación establecerá modalidades mas simples cuando la índole de la cosa objeto de la contratación así lo determine, siempre que asegure la finalidad perseguida por esta ley.

Þ Venta domiciliaria.

El art. 32 LDC define que la venta de una cosa o prestación de un servicio efectuada al consumidor en el lugar donde reside, en forma permanente o transitoria o en su lugar de trabajo. En ella el contrato debe ser celebrado por escrito y con las precisiones del art. 10. Lo dispuesto precedentemente no es aplicable a la compraventa de bienes perecederos recibos por el consumidor y abonados al contado.

Por su parte, el DR 1798/94, dispone que se entenderá que están comprendidas dentro de la venta domiciliaria o directa, sin perjuicio de otros, los sistemas en que la oferta del consumidor se efectúe en el domicilio particular del oferente o en el del consumidor, en su lugar de trabajo o en el domicilio de un tercero.

Þ Venta por correspondencia.

La compraventa de bienes muebles por correspondencia, se encuentra reglamentada especialmente en los arts. 32 al 36 LDC. Enumera el articulado los conceptos básicos de compraventa domiciliaria, por correspondencia y de los efectos de esta. La compraventa domiciliaria se ha tratado en el acápite precedente.

Los sistemas de comercialización o marketing directos, o domiciliarios, han recurrido a las más diversas formas de transmisión de las proposiciones inductivas del consumo.

Las llamadas técnicas de telemarketing, por el cual operadoras telefónicas se ponen en contacto con el consumidor directamente, o las ventas telefónicas que tienen por base la oferta televisiva ( conocidos popularmente como los "llame ya" ) ingresan al habitat del consumidor y le invaden, utilizando técnicas de sugestión del bienestar.

El factor importante, es el lugar de destino del mensaje o propuesta de consumo, que es el lugar donde el consumidor habita o mora. No importa el medio que se escoja, sino la eficacia del mensaje.

De tal manera, previsoramente, se ha dejado abierta la posibilidad de incluir en este marco regulatorio, la oferta arribada al consumidor por cualquier vía tecnológica. ( Televisión, Internet, E-mail, Correo postal, y cualquier otro medio ).

Reune el requisito de venta o prestación de un servicio que se efectua en el domicilio permanente o transitorio del consumidor o en el lugar de su trabajo. Esto es tomado, como aquel domicilio donde el consumidor pueda ser ubicado, sin importar los motivos por los que se halla en tal lugar.

No se aplican estas disposiciones a la compraventa de bienes perecederos recibidos por el consumidor y abonados al contado.

El art. 33 LDC, establece que estas propuestas puedan ser recibidas por via postal, telecomunicaciones, electrónico o similar y la repuesta a la misma se realiza por iguales medios. No se permitirá la publicación del número postal como domicilio. ( casillas de correo de oficinas postales ). Esto se hace en miras a proteger al consumidor cuando deba este ubicar al vendedor o proveedor al tiempo de requerirle las garantías o de transmitirle la revocación de la oferta.

En estos casos la revocación de la aceptación por parte del consumidor debe ser efectuada dentro del plazo de cinco (5) días corridos, contados a partir de la fecha de entrega de la cosa ( tradición ) o de la celebración del contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Lo que el proveedor no puede rechazar, por cuanto la revocación no debe ser fundada. No importan las causales por las que el consumidor revoca su consentimiento contractual.

De tal modo que la revocación de la aceptación del consumidor a la oferta del proveedor, no produce daño, siempre y cuando sea ejercitada dentro del quinto día de la tradición de la cosa, o de la celebración del contrato, ( según cual sea la que ocurra primero ). Si ocurre despues de esta fecha el proveedor no está obligado a aceptar la restitución y revocación contractual, y en caso de aceptarlo tiene derecho a ser indemnizado en los gastos incurridos por la recepción de la cosa o por la revocatoria contractual.

Se destaca el momento de la tradición de la cosa, como hecho generador de la responsabilidad del proveedor y de la facultad del arrepentimiento por el consumidor, en particular en los contratos de ejecución instantánea. En tanto que en los contratos de prestaciones o ejecución diferidas, como el de prestaciones periódicas, el momento a partir del cual corre el término para revocar la aceptación es la fecha de suscripción del contrato.

Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada. Una clausula en tal sentido debe interpretarse como no escrita y sin efecto vinculante alguno, por cuanto es lesiva y abusiva.

El vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad de revocación en todo documento que, con motivo de venta le sea presentado al consumidor. Esta previsión guarda estrecha relación con la carga de informar que obra en cabeza del proveedor, punto ya analizado. La falta al deber de información en forma clara y notoria trae aparejadas sanciones de orden punitivo por acción de las Direcciones de defensa del consumidor. Constituye también un obrar de mala fe de parte del proveedor el incurrir en tal circunstancia.

El consumidor no debe responder ni por los gastos que se generen por la devolución de la cosa adquirida, los que deben ser soportados por el vendedor, siempre y cuando no sea esto posterior a los 5 días corridos estipulados, en la corriente nota.

Esta disposición que faculta el arrepentimiento colisiona con el art. 1273 del CC, que reglamenta la facultad de arrepentimiento del comprador y del vendedor, como una venta sujeta a una condición resolutoria, aunque el vendedor no hubiere hecho tradición de la cosa al comprador.

Ahora bien, esta misma clausula del derecho sustancial preve que cuando se hubiera producido la tradición de la cosa y el pago de su precio, esta clausula operara como un pacto de reventa. Más esta circunstancia no debe confundirse cuando las sumas entregadas lo han sido en concepto de señal o arras, que establecen un derecho de arrepentimiento tarifado ( tal como es costumbre consignar en los boletos de compraventa ).

Tanto lo dispuesto por LDC y CC, son concordantes en que esta potestad de revocar la aceptación importa un arrepentimiento, y este debe interpretarse como una condición resolutoria del contrato. Nada impide que pueda estipularse que ocurra luego del término de 5 días, pero la falta de previsión en tal sentido debe interpretarse como la voluntad del proveedor de no aceptar la revocatoria luego de operado tal plazo. De ello se desprende su irresponsabilidad por la misma, su potestad de no recibir los efectos vendidos y que los gastos que se deriven de la restitución de las cosas no le sean cargables.

Þ la compraventa de cosas ajenas,

El vendedor o proveedor puede vender al comprador cosas ajenas, por cuanto se trataría de un comerciante que vendería cosas ajenas, que el consumidor adquiriera.

Es el caso de las agencias de venta de automotores, nuevos o usados, en los proyectos inmobiliarios afectados a fideicomiso ( donde el dueño original - fiduciante - transmite fiduciariamente al administrador - fiduciario - la propiedad de un bien para que lo administre y transfiera en favor de un beneficiario ), etc.

Þ Garantías

La compraventa genera al vendedor la obligación de transferir al comprador la cosa comprada, para que tenga derecho de usar y gozar de las cosas. El vendedor deber responder por la evicción y por los vicios redhibitorios, ya que debe garantizar al comprador sobre el derecho y sobre la calidad de la cosa.

No agota sus obligaciones al momento de la entrega, sino que debe debe responder por los vicios redhibitorios y garantizar por la calidad de las cosas.

La obligación de responder por evicción y por los vicios redhibitorios de la cosa vendida es una consecuencia de que el vendedor no sólo debe transferir la propiedad de la cosa sino además asegurar al comprador su uso y goce, cuando por razones anteriores a la venta este derecho se encuentra perjudicado o dificultado.

Þ la garantía de evicción

Se trata pues de la privación, del abandono, de la pérdida o el despojo de una cosa del que alquien se encuentra a perder en virtud de una sentencia que lo condena, por reconocer en otro un mejor derecho a dejar, a entregar la cosa. En el art. 2092 se dispone que "Aunque no haya decisión judicial que declare la evicción, la indemnización que por decisión judicial que declare la evicción, la indemnización que por ella se concede al que fuese vencido, tendrá lugar cuando se hubiere adquirido el derecho transmitido por un título independiente de la enajenación que se hizo."

Ello amplia la garantía de evicción a otras situaciones asimilables a la evicción, cuando el comprador resulta demandado por reivindicación y se allana a la pretensión abandonando la cosa adquirida sin esperar la sentencia; o cuando el adquirente ha comprado una cosa que no le pertenecía al vendedor y este posteriormente la adquiere y conserva por un título distinto que el del comprador.( cuando resulta heredero o donatario del vendedor propietario ). Si un tercero impide que el comprador pueda entrar en posesión de la cosa adquirida, o si detentando la cosa vendida se niega a entregarla al comprador.

Comprende la garantía de evicción por los hechos personales del vendedor consistente en el deber negativo que tiene el enajenante de abstenterse de tod acto que pueda producir una perturbación material o jurídica en el derecho de propiedad que como consecuencia de la venta, ejerce sobre la cosa vendida el comprador.

Se admite también la garantía por hechos de terceros, que es la obligación que tiene el vendedor de defender al comprador cuando este sea turbado en su posesión pacífica o en el dominio de la cosa por la existencia de una reclamación judicial que debe estar fundada en una causa anterior a la fecha en que fuera celebrada la venta.

Existe garantía de evicción total o parcial. La parcial opera cuando el adquierente fuere privado por sentencia cuando al adquirente fuere privado por sentencia, de una parte de la cosa adquirida o de sus accesorios o dependencias, o si fuere privado de una de las cosas que adquirió colectivamente o cuando fuere privado de alguna servidumbre activa del inmueble, o se declarase que ese inmueble estaba sujeto a alguna servidumbre pasiva, o a otra obligación inherente a dicho inmueble ( Art. 2093 del C.C. ).

En ambos casos, el vendedor deberá indemnizar al comprador en la medida de la privación y desposesión que sufra el comprador respecto de la cosa adquirida, o de una parte de ella.

Para que opere la evicción, se deben dar los siguientes requisitos:

1) Que se trate de una turbación de derecho, o sea que el tercero perturbe el uso, goce o posesión de la cosa. No se trata de turbaciones de hecho que deben ser repelidas por el nuevo adquirente.

2) Que el derecho que provoca la turbación tenga una causa anterior o contemporánea a la fecha de venta.

3) Que la turbación del derecho sea actual.

El vendedor debe restituir el precio de la cosa perdida por el comprador de buena fe, sino que tambien debe darle una indemnización por los perjuicios sufridos, además de las costas del contrato, el valor de los frutos si el comprador tuviera que restituirlos al verdadero dueño, los gastos hechos en reparaciones, o mejoras que sean necesarias o no.

El monto de la suma a indemnizar debe ser determinado al tiempo de la evicción.

Þ la obligación de saneamiento.

El art. 2164 define a los vicios redhibitorios, como los defectos ocultos de la cosa, cuyo dominio, uso o goce se transmitió por título oneroso, existentes al tiempo de la adquisición, que la hagan impropia para su destino si de tal modo disminuyen el uso de ella, que al haberlos conocido el adquirente no la habría adquirido o habría dado menos por ella.

Los requisitos de la existencia de los vicios redhibitorios son

1) que se trate de un vicio de hecho y no de derecho,

2) que el vicio estè oculto y no podrá ser aparente,

3) debe ser ignorado por el adquirente,

4) debe tener entidad, ser grave, haciendo a la cosa impropia para su destino o uso habitual,

5) debe existir a la fecha en que se produce la adquisición,

6) no debe existir convención expresa de las partes que exima al enajenante de su responsabilidad.

Mediante el ejercicio de la redhibitoria se desprenden dos acciones, a) la resolutoria del contrato y b) la cuanti minoris, que pretende la disminución del precio del contrato.

Estas dos acciones son incompatibles entre sí.

Por su parte, el art. 18 LDC, establece que la aplicación de las disposiciones de esta ley no obstan a la subsistencia de la garantía legal por vicios redhibitorios. En caso de vicio redhibitorio: a) a instancia del consumidor se aplicará de pleno derecho el art. 2176 del C.C. y que el art. 2170 CC no le podrá ser opuesto al consumidor. Esto no fue reglamentado por el DC. 1798/94, no por ello no resulta operativo, habida cuenta de la jurisprudencia en ese sentido.

La LDC, en su capítulo IV, legisla respecto de las cosas muebles consumibles, en tanto que respecto de los inmuebles se halla legislado en el CC.

Así lo establece el art. 11 LDC Cosas muebles no consumibles, que estblece que el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de la protección legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado y su correcto fundiconamiento.

Por su parte disponen que la garantía legal tendrá igencia por tres meses a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor.

El art. 10 dispone que el documento de venta debe contener la mención de las características de la garantía ( DR. 1784/94, estipula que el documento de venta deberá hacerse referencia expresa en la misma, debiendo constar sus alcances y características en el certificado respectivo que deberá entregarse al consumidor, cuando se emita un ticket se deberá entregar un certificado de garantía, si el documento de venta no contiene mención a la garantía se presume que carece de ella ), y por su parte el art. 14 LDC establece los requisitos del certificado de garantía. Cuando se omita tal información en los documentos de venta y certificados de garantía, o la misma sea deficiente, contraria, o incompleta, se debe interpretar conforme a los arts. 3 y 37 LDC que establecen el principio de interpretación a favor del consumidor.

Ello fue ratificado por dictamenes de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que en los sumarios PETIT, Augusto L. c/ DIR. NAC.COM. INT. s/ apel. disp. DNCI 143/96, Causa N 61/97 C.F.A.S.M., Sala I, Lugones, Barral, Fossati. 29/04/97, HOUSE STORE FUEGUINA S.R.L. c/ Sec. de Com. e Inv. - Disp. DNCI 2721/95 Causa 3293/96 C. Nac. cont. Adm. Fed. Sala III, Mordeglia, Argento, 15/10/96; AMOBLAMIENTOS GOLOD S.R.L. c/ Sec. de Com. e Inv. s/ Disp. DNCI N167 799/96, Expte. 23.528/96, CNCAdm. Fed. Sala V, Sentencia Nº 1453 tº II, Fº 2415,09/10/96; CONFIABLE S.A c/ Sec. de Com. e Inv. - Disp. DNCI 220/95 CNCAdm. Fed. Sala III, .Sentencia Nº 1816 tº I, Fº 36, 28/05/96.

 

Þ El incumplimiento del contrato de compraventa.

El art. 10 bis dispone que el incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor a su libre elección,

a) exigir su cumplimiento siempre que ello fuera posible,

b) aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente, c) rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato.

Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan.

En esto a más de las normas específicas de la LDC se aplican las pertinentes del CC y CCom.

 

Fin del documento.-