Creado por el Dr. Heriberto S. Hocsman Hocsman - Abogados
 


SISTEMAS VIGENTES DE CONTROL  DE LA CONSTITUCIONALIDAD  DE LAS LEYES

 

 

Autor: Martha B. Gómez Alsina                                 

 

 

I.-  INTRODUCCIÓN

II.- ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS

III.- CONSTITUCIONALISMO NORTEAMERICANO

IV.- SISTEMA EUROPEO

IV.1. Austria

IV.2. República Italiana

IV.3. República Federal Alemana

IV.4. República Española

Composición del Tribunal Constitucional y su competencia.

V.- CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN LATINOAMÉRICA

VI.- RÉGIMEN VIGENTE EN LA REPUBLICA ARGENTINA

VI.1. Posibilidad de control de oficio

VI.2. Rango y operatividad de los tratados integrantes del bloque de constitucionalidad

VI.3. Obligatoriedad de los fallos de la Corte

VI.4. Vías procesales.

VII.-  CONCLUSIONES    

 

 

 

   CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD

 DE LAS LEYES

 

 

                DIVERSOS SISTEMAS VIGENTES

 

 

              I.-INTRODUCCIÓN:

 

              La idea de este estudio es  identificar  la función que ejercen los organismos o poderes de los  países para  cumplir la trascendental misión de control  de la constitucionalidad de la ley y la de velar por la  protección de los derechos fundamentales y las  libertades públicas .-

             Al efecto se hará  en primer término  referencia a los orígenes históricos de la institución  con respecto al sistema americano, para luego analizar  los antecedentes en algunos países de Europa,  centrarnos  en el ordenamiento jurídico español en  especial en el Tribunal Constitucional español, situarnos más tarde  en los regímenes actuales de los  países latinoamericanos y concluir en el sistema  vigente en  nuestro país.

              La materia se encuentra dentro del  llamado Derecho Procesal Constitucional, que se ha  perfilado en el siglo  XX como una disciplina  independiente del derecho constitucional y del  procesal. Esta nueva asignatura pretende estudiar las  garantías contenidas en las cartas fundamentales, los  procesos que al efecto se diseñan y los órganos  encargados para encausar tales objetivos, es decir, las  magistraturas constitucionales.

                Entre los autores más destacados que se  han ocupado del tema se dan otras definiciones.  Hernández Valle sostiene que el derecho procesal  constitucional debe entenderse como aquella disciplina  jurídica que estudia los instrumentos de la  jurisdicción constitucional, es decir, la magistratura  y los procesos constitucionales. En  Argentina, Néstor  Pedro Sagües la interpreta como un sector del derecho  constitucional que abarca las instituciones procesales  reputadas fundamentales por el constituyente (formal o  informal), entre las que se encuentran, entre otras,  las reglas previstas por el art., 18 de la Constitución  Nacional. Fix Zamudio prefiere hablar de las materias  procesales de la Constitución coincidiendo con el  estudio precursor de Hans Kelsen, que se  refirió a las  garantías jurisdiccionales de la Norma Fundamental; y  también el de Eduardo J. Couture, que explicó las  garantías constitucionales del proceso civil. Desde  otra perspectiva, más acotada, un sector de la doctrina  indica que la existencia de magistraturas especiales ha  dado razones más que suficientes para que, atendiendo  al órgano o al funcionario encargado de vigilar la  supremacía de la Constitución se hable de jurisdicción  constitucional y de un proceso constitucional  sustanciado por un procedimiento propio, diferente del  ordinario y ante un tribunal específico. Así por  ejemplo, González Pérez diferencia al proceso  constitucional de otros, diciendo que "ser  proceso  constitucional aquel del que conoce el Tribunal  Constitucional".    

                El programa de reconocimiento de un  derecho procesal constitucional queda de manifiesto con  la consagración de normas fundamentales que declaran  principios y garantías vinculadas con el proceso  judicial.

               La institución de mecanismos que  aseguran el control eficiente de la constitucionalidad  de las leyes y la implementación de una justicia  especial que da en llamarse, mayoritariamente,  "tribunales constitucionales" agrega un motivo más para  la autonomía afirmada ( conf. Gozaíni, O. A. Derecho  Procesal Constitucional, Ed. de Belgrano pág. 17 y  ss.,).

               

 

         II. -ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS

 

              II.1.- Constitucionalismo Norteamericano:

 

            A él se le debe la construcción de uno de  los principios básicos sobre los que se asienta el  orden constitucional, cual es la supremacía   constitucional; principio que implica reconocer a la  Constitución como norma fundamental de un Estado,  otorgándole el valor de ley suprema colocándola por  encima de las demás normas jurídicas que conforman el  ordenamiento jurídico de un estado, de las cuales  constituye su fuente primaria.

            El sistema norteamericano constituyó una  innovación frente al sistema inglés del cual surgió.  Encontramos, no obstante en el derecho inglés, un  importante antecedente de la formulación de la  supremacía constitucional y es la sentencia del juez  inglés Edward Coke, quien en el caso Bonham, del año  1610, introdujo la idea de un " fundamental law ",  dicho magistrado sostuvo " que el Common Law gozaba de  supremacía sobre los actos del rey y aún sobre las  Leyes del Parlamento y de estos principios, dos iban a  prosperar en Inglaterra: el de la limitación de las  autoridades ejecutivas por la superioridad de la Ley y  el de que los jueces hicieran valer tal supremacía " (conf. González Rivas, Juan José, "La justicia  constitucional: derecho comparado y español, Revista de  Derecho Privado, Madrid 1985, p. 33).

              Esta idea encontró su pleno desarrollo en  la Constitución Norteamericana, constitución escrita y  rígida; pero ésta no se hubiera mantenido sino se  hubiese apoyado en la teoría de la "judicial review",  la que establece la competencia de los jueces para  realizar un control sobre la constitucionalidad de las  leyes.

             Según García de Enterria, la concepción de  la Constitución como ley suprema que sienta los valores  supremos de un orden, es la gran creación el  constitucionalismo norteamericano, la gigantesca aportación de este constitucionalismo a la historia  universal del Derecho ( "La constitución como norma  jurídica", en la obra colectiva " La constitución  española de 1978, Estudio sistemático ", dirigido por  A. Predieri y E. García de Enterria, 2ed., Madrid,  1981, pp. 95 y ss. ).         

             Esta concepción incorpora, por una parte  la tradición del derecho natural en su versión puritana  y laica, la de Locke, como "lex legum" y como "lex  inmutabile", sostiene el nombrado autor, citando a  Corwin. Pero a la vez aporta, para hacer efectiva esa  superioridad, ese superderecho, técnicas concretas  propias del "common law", concretamente dos: la  formalización en un documento solemne de ese  "fundamental law", documento que es al que precisamente  se va a reservar el término de Constitución, y que  viene de la experiencia pactista de las colonias  americanas, los llamados "charters" o "covenants" ; y  en segundo término, y esto tiene especial relieve, el  "common law" es el que habilita una técnica específica  en favor de esa supremacía constitucional, la técnica  de la " judicial review ", que proviene del "common  law" inglés, de su posición precisamente central como  "derecho común", desde la cual el derecho común puede  exigir cuentas a los "statutes", a las leyes, como  normas puramente singulares o excepcionales que son,  que penetra en un derecho común ya constituido. Esta  técnica de predominio del "common law" sobre las leyes  o estatutos es lo que todavía hoy en el sistema inglés,  que no conoce la técnica de la constitucionalidad de  las leyes, se sigue llamando "The control of the common  law over statutes", es decir el principio  interpretativo básico por virtud del cual el Derecho  Común sitúa dentro del sistema que él representa y  normalmente con criterios restrictivos, todas las  normas singulares dictadas por el legislativo, puesto  que el "common law" en su esencia no es un derecho  legislado como bien es sabido (García de Enterria, E.  "Del Tribunal Constitucional en el sistema español,  posibilidades y perspectivas ", Revista española de  Derecho Constitucional num. 1-1981, pág. 37 y ss.,).-

                En la Constitución norteamericana de  1787 encontramos que el art., VI, Sección II, establece  que "Esta Constitución, y las leyes de los Estados  Unidos que se hagan con arreglo a ella y todos los  tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad  de los Estados Unidos, ser n la suprema ley del país y  los jueces de cada Estado estarán obligados a  observarlos, a pesar de cualquier cosa en contra que se  encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier  Estado", plasmando así el postulado fundamental de la  supremacía constitucional.

               En el año 1795, se establece la  diferencia entre el sistema inglés y el sistema  norteamericano por parte del Tribunal Supremo sobre la  base de que en aquél " la autoridad del Parlamento no  tiene límites", no tiene constitución escrita ni  fundamental law que limite el ejercicio del poder  legislativo. En contraste, " en América la situación es  radicalmente diferente; la Constitución es cierta y  fija: contiene la voluntad permanente del pueblo y es  el Derecho Supremo de la tierra; es superior al poder  legislativo   " ( García de Enterria, Eduardo, "La  Constitución como norma y el Tribunal Constitucional",  Ed. Civitas, Madrid, 1983, p. 54 ).-

                 El art., VI, Sección II y el art.,  III, Sección II, 1,  de la citada constitución  norteamericana, que establece que "El Poder Judicial  entender  en todas las controversias, tanto de derecho  escrito como de equidad, que surjan como consecuencia  de esta Constitución, de las leyes de los Estados  Unidos y de los tratados celebrados o que se celebren  bajo su autoridad...etc,", sirvieron de base al juez  Marshall para deducir, en el año 1803, en la sentencia  dictada en el caso "Marbury vs. Madison" la competencia  de la justicia para velar por la constitucionalidad de  las leyes por parte de los tribunales y se estableció  la idea de la Constitución como Ley Suprema de la  Nación; con respecto a la primera idea sostuvo que "Si  los Tribunales deben respetar la Constitución y ésta es  superior a cualquier acto ordinario del Poder  Legislativo, la Constitución y no las normas  legislativas, debe regular un caso en litigio en el que  estas dos normas podrían ser aplicables" y con respecto  a la segunda idea que  " Ciertamente , cuantos han  establecido Constituciones escritas las consideran como  formando la Ley Suprema de la Nación y, en  consecuencia, la teoría de un Gobierno así establecido  debe ser que un acto de la Legislatura contrario a la  constitución es nulo" ( Miller, Jonanthan y otros,  "Constitución y Poder Político", ps., 11 y 12, Ed.  Astrea, Buenos Aires, 1987 ).-

               La constitución norteamericana se va a  regir por el modelo de control de constitucionalidad  difuso en el cual,  se le reconoce a la Constitución el  carácter de norma suprema y se le da a los jueces la  función de velar por la protección de la misma. Al juez  lo obliga la ley y por encima de ésta la Constitución.  En este sistema todos los jueces son jueces de  legalidad y de constitucionalidad, ya que la  declaración de inconstitucionalidad no es facultad  exclusiva del Tribunal Supremo Federal, sino de todos  los Tribunales. Así establece el art., III, Sección 1:"  El Poder Judicial de los Estados Unidos residir  en un  Tribunal Supremo y en los Tribunales Inferiores que el  Congreso instituya y establezca en lo sucesivo..." y en  la Sección II, 1, mencionada ut supra.

 

         II. 2.- Algunos sistemas europeos:

      

             II. 2.1. Austria

      

           La recepción en Europa de la doctrina  americana del control judicial de las leyes  es tardía,  pues recién se concreta durante  la primera posguerra   o sea en 1919-1920 y tiene lugar por dos vías  principales y a la vez con una sustancial  transformación del modelo. Una vía que viene del   Imperio Alemán y  de la Monarquía Austro-húngara,  concluye en la Constitución alemana de Weimar que  instituye  un Tribunal al que se confían los conflictos  entre los poderes constitucionales y especialmente  entre los distintos entes territoriales propios de la  organización federal. El segundo sistema que es el más  importante y el que va a consagrarse definitivamente,  es el sistema austríaco, plasmado en la constitución de  1920 y perfeccionado en su reforma de 1929, obra de  Hans Kelsen.

            Estructuralmente el sistema kelseniano  introduce un cambio básico que es concentrar la  jurisdicción de control de constitucionalidad de las  leyes en un solo Tribunal y no, como es el sistema  americano genuino, en todos los Tribunales, si bien  esta pluralidad de fuentes de decisión sobre la  constitucionalidad de las leyes se ordene sobre el  principio "stare decisis" que vincula todos los  Tribunales a la jurisprudencia de la Corte Suprema . La  fórmula kelseniana consagra así lo que se ha llamado un  sistema de "jurisdicción concentrada", frente al  sistema de "jurisdicción difusa", propio del  constitucionalismo americano.

             Para Kelsen el Tribunal Constitucional no  enjuicia hechos concretos sino que se limita a  controlar la compatibilidad entre dos normas igualmente  abstractas las dos: la Constitución y la Ley. No  enjuicia situaciones concretas ni hechos específicos  sino que limita su función a resolver el problema de la   "Vereinbarkeit", de la compatibilidad entre dos normas  abstractas, eliminando la norma incompatible con la  norma suprema pero haciéndolo "ex nunc", no "ex tunc",  mediante una sentencia constitutiva ( conf. García  Enterria E. , "La Constitución como norma jurídica y el  Tribunal Constitucional", Ed. Civitas, S.A. Madrid,  1985 y, "La posición jurídica del Tribunal  Constitucional en el sistema español", Revista española  de Derecho Constitucional núm. 1, 1981, pág.. 43 y ss., ).-

              Este proceso se aísla del proceso donde  la cuestión ha sido suscitada, de donde se remite la  resolución del problema abstracto de compatibilidad  como  incidente previo.  El Tribunal Constitucional es  un legislador, solo que no un legislador positivo sino  un legislador negativo. El poder legislativo se ha  escindido en dos: el legislador positivo, que toma la  iniciativa de dictar y de innovar las leyes y el  legislador negativo que elimina aquellas leyes que no  son compatibles con la superior norma constitucional.

             El modelo de la Constitución austriaca de  1920 va a ser un modelo para todo el constitucionalismo  de la primera posguerra. En la segunda posguerra vuelve  a retornar esta influencia pero de una manera  diferente. Por las experiencias vividas frente a  poderes totalitarios " el legislador pasa a ser la  mayor amenaza para la libertad, es por esto que se  retoma la idea  de los Tribunales Constitucionales,  siguiendo al modelo kelseniano, y así lo hacen Italia y  Alemania pero con algunas diferencias: no se acoge el  modelo kelseniano del legislador negativo, sino el  americano de jurisdicción, el Tribunal Constitucional  como verdadera jurisdicción, aunque en la fórmula  estructural de la jurisdicción concentrada. La base para  ello es la doctrina americana de la supremacía  normativa de la Constitución.

 

 

 

 

 

 

 

 

            II.- 2. 2. Constitución de la República  Italiana de 1947 .

 

             En el título dedicado a las garantías  Constitucionales y la Sección I, regula la actividad  del Tribunal Constitucional y establece que el Tribunal  Constitucional juzga: las controversias relativas a la  legitimidad constitucional de las leyes y de los actos  con fuerza de la ley del Estado y de las Regiones; los  conflictos de competencia entre los poderes del Estado  y los conflictos entre el Estado y las Regiones y entre  las Regiones; las acusaciones promovidas contra el  presidente de la República, con arreglo a las normas de  la Constitución.

             El Tribunal está  compuesto por quince  jueces, escogidos entre magistrados, profesores de  Derecho y abogados con veinte años de ejercicio.

            Las garantías de independencia que  necesitan estos jueces hacen que tengan ciertas  prerrogativas, poseen especial inmunidad penal ( art.,  3, ley Constitucional de 1948) y la imposibilidad de  ser perseguidos por opiniones expresadas en el  ejercicio de su función ( art., 5º ley Constitucional  de 1953).

            A su vez el art., 136 establece que :Cuando  el Tribunal Constitucional declara la ilegitimidad  constitucional de una norma de la ley o de un acto con  fuerza de ley, la   eficacia de la norma cesa desde el  día siguiente al de la publicación de la resolución,  luego es notificada a las Cámaras y a los Consejos  Regionales. El efecto de las decisiones del tribunal se  debe considerar como una anulación, no admitiéndose  ningún recurso contra la decisión del tribunal.

            El Tribunal Constitucional italiano no está  comprendido en el Poder Judicial, pero está  dotado de  independencia y brega por el equilibrio constitucional,  evita los conflictos entre los diversos órganos del  Estado y ejerce el control de la constitucionalidad  normativa.

 

              II.- 2. 3. Ley Fundamental de la  República Federal Alemana de 1949.-

              Según su art., 93, instituye el Tribunal  Constitucional Federal que conoce: " I. De la  interpretación de la presente Ley Fundamental respecto  a controversias sobre el alcance de los derechos y  deberes de un órgano supremo de la Federación o de  otros interesados dotados de derechos propios por la  presente Ley Fundamental o por el reglamento interno de  un órgano supremo de la Federación; 2. En las  diferencias de opinión o dudas  relativas a la  compatibilidad formal y sustantiva de la legislación  federal o de los Lander con la presente Ley Fundamental  o la compatibilidad de derecho federal a petición del  Gobierno Federal, del Gobierno de un Land o de la  tercera parte de los miembros del Bundestag. 3. En las  diferencias de opinión sobre los derechos y deberes de  la Federación y los Lénder y el ejercicio de la  vigilancia federal: 4. En otras controversias de  derecho público entre la Federación y los Lénder ,  entre los Lénder o dentro de un Land, siempre que no  esté abierta otra vía judicial; de los recursos que  puedan ser interpuestos por cualquiera que se crea  lesionado por el orden público en uno de sus derechos  fundamentales..., de los recursos interpuestos por  Municipios y Agrupaciones Municipales con la alegación  de que el derecho a la autonomía administrativa ...ha  sido violado por una ley..".-

              El Tribunal Constitucional Federal está   compuesto por jueces federales y otros miembros y son  elegidos por mitades por el Bundestag y por el  Bundesrat. La ley reguladora del tribunal fija las  condiciones de la elección de los jueces. El tribunal  está  compuesto de dos salas, con ocho jueces cada una.  El Estatuto jurídico de los jueces establece los  requisitos necesarios para acceder al Tribunal  Constitucional Federal.

             El art., 100 establece 1. "Cuando un  tribunal considere inconstitucional una ley de cuya  validez depende el fallo, se suspender  el proceso y se  recabar , cuando se trate de la violación de la  Constitución de un Land, la decisión del Tribunal del  Land competente en asuntos constitucionales, y la del  Tribunal Constitucional Federal cuando se trate de la  violación de la presente Ley Fundamental. Ello rige  también cuando se trate de la violación de la presente  Ley Fundamental por la legislación de un Land o de la  incompatibilidad de una ley de un Land con una ley  federal."

             Los tribunales ordinarios antes de aplicar  una ley, examinan si es o no constitucional y someten la cuestión al Tribunal Constitucional si consideran  que la ley es inconstitucional y, hasta tanto éste  resuelva la cuestión, queda en suspenso el  procedimiento.

             El efecto de las resoluciones del tribunal  Constitucional Federal es vinculante ya que obliga a  todos los órganos constitucionales, a los Tribunales y  a las autoridades ( Ley reguladora del Tribunal  Constitucional Federal); y existe la obligación de  publicar en el Boletín de Leyes Federales cuando se  declare la compatibilidad o incompatibilidad de una ley  u otro derecho federal con la Constitución.

 

           II.- 2.4. Justicia constitucional española.-

 

           Ya en el art., 160 de la Constitución de  1812, se otorgaba a la Diputación Permanente de las  Cortes, la misión de velar por la observancia de la  Constitución y las Leyes.

           A su vez el proyecto de constitución Federal  de la República española de 1873 señalaba que en el  caso de que el Poder Legislativo elabore alguna ley  contraria a la Constitución, el Tribunal Supremo en  Pleno tendrá  facultad de suspender los efectos de esta  ley.

           La influencia del sistema  austríaco-kelseniano se advierte en la Constitución de  1931 . En su art., 121 establecía un Tribunal de  garantías Constitucionales con jurisdicción en todo el  territorio y que tendría competencia para entender en  :a) El recurso de inconstitucionalidad de las leyes b)  El recurso de amparo de garantías individuales cuando  hubiese sido ineficaz la reclamación ante otras  autoridades c) Los conflictos de competencia  legislativa y cuantos otros surjan entre el Estado y  las regiones Autónomas y las de éstas entre sí, d) El  examen y aprobación de los poderes de los  compromisarios que juntamente con las Cortes eligen al  Presidente de la República e) La responsabilidad  criminal del Jefe de Estado, del Presidente del Consejo  y de los Magistrados  del Tribunal Supremo, as¡ como  del Fiscal General de la República.

                  La actual Constitución española de  1978, ha sido también redactada conforme al sistema  austriaco pero ya con la influencia de los  ordenamientos italiano de 1947 y alemán de 1949, éste   último es el que ejerce más influencia en el sistema  español.

                 Pero  el ordenamiento español se  aparta en un punto y es que la Constitución española es  " explícita en reconocer a la Constitución un valor  normativo y vinculante directo que, sin mengua del  monopolio de la declaración de inconstitucionalidad de  las leyes atribuido al Tribunal Constitucional ( art.,  161, 1,a, y 163 ) afecta a todos los poderes públicos y  a todos los ciudadanos ( art., 9, 1, ) y que por tanto,  necesariamente aplicable, en mayor o menor medida, pero  efectivamente por todos los jueces y tribunales" ( G.  de Enterria, E. " La constitución como norma y el  Tribunal Constitucional, pág.., 61).-

 

        II.- 2. 4 . a).- Composición del Tribunal  Constitucional:

 

                  El art., 159 de la Constitución  española establece que el tribunal Constitucional  estar  formado por 12 miembros nombrados por el Rey;  cuatro por propuesta del Congreso, cuatro por el  Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta  del Consejo General del Poder Judicial.

                  Las normas de la Constitución  española se completan con la Ley Orgánica del Tribunal  Constitucional ( LOTC), que en su art., 6 establece que  el Tribunal Constitucional actúa en Pleno o en Sala y  en el art. 7º que el Tribunal consta de dos Salas, las  cuales están compuestas por seis Magistrados del  Tribunal Constitucional cada una y que según lo  establece el art., II conocerán de los asuntos no  atribuidos expresamente al Pleno.

                   El art., 159, 2, establece los  requisitos para ser miembro del Tribunal  Constitucional; deberán ser nombrados entre Magistrados  y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios  públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida  competencia con más de quince años en el ejercicio  profesional.

                   El tercer párrafo del artículo  establece la duración del mandato por un período de  nueve años y se renovarán por terceras partes cada  tres. Finalmente se prescribe la independencia  e  inamovilidad de los miembros del tribunal mientras dure  su mandato.

 

         II.- 2. 4. b).-Competencia del Tribunal  Constitucional:

 

                   Esta se establece sobre el texto de  la Constitución y la L.O.T.C. y puede agruparse de la  siguiente manera:

              1) Competencia para entender en el  recurso de inconstitucionalidad contra leyes y  disposiciones normativas con fuerza de ley, del control  previo de constitucionalidad, en cuestiones de  inconstitucionalidad y en el control previo de los  tratados internacionales ( art., 161, 1,a CE; art., 10  LOTC; arts., 163 y 95 C.E.).-

2) Competencia para entender en los recursos de amparo  interpuestos por los particulares para la protección de  los derechos y libertades reconocidos en los arts., 13  a 30 de la C.E. ( arts., 161, 1, b y 53, 2 C:E.).-

3)Competencia para resolver los conflictos referentes a  la organización territorial del Estado, entre éste y  las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí (  art., 161,1,c CE y art., 10 b, y Titulo IV, Capítulo  II, LOTC).

4)Competencia para resolver las impugnaciones  planteadas por el Gobierno con respecto a disposiciones  y resoluciones adoptadas por los órganos de las  Comunidades Autónomas ( art., 161,1 de la C.E. y art.,  10, de la  LOTC).

5)Competencia para entender en los conflictos que se  planteen entre los principales órganos del Estado (  art. 59,3 y título IV, Capítulo III LOTC).

 

                Según se dice " El Tribunal Supremo, es  supremo, pero no en todo". En materia de derechos  humanos y fundamentales, la última palabra la tiene el  Tribunal Constitucional.

                El art., 123,1 de la C.E. dice que "El  Tribunal Supremo con jurisdicción en toda España, es el  órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes  salvo en lo dispuesto en materia de garantías  constitucionales".

                El art., 163 C:E: establece que "Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso,  que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de  cuya validez dependa el fallo, puede ser contraria a  la Constitución, plantear  la cuestión ante el Tribunal  Constitucional en los supuestos, en la forma y con los  efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán  suspensivos". Pero este artículo no significa que los  jueces y tribunales ordinarios no puedan realizar un  juicio de constitucionalidad positiva, juicio que de  manera obligatoria deben realizar , porque si el  resultado fuese negativo tienen la obligación, conforme  al presente artículo, de remitir la cuestión al  Tribunal Constitucional.

                   Finalmente el art., 24 de la C.E.  trata de la tutela judicial efectiva: "Todas las  personas tienen derecho a obtener la tutela judicial  efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de  sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún  caso, pueda producirse indefensión. La que genera uno  de los principales puntos de conflicto entre ambas  jurisdicciones, ya que a través de él, las sentencias  del Tribunal Supremo son recurridas, sistemáticamente  ante el Tribunal Constitucional.-

                  En principio en los ordenamientos  jurídicos donde haya jurisdicción constitucional y  ordinaria, hay que ver como algo natural que haya  puntos de conflicto entre ambas, además hay que tener  en cuenta que el Tribunal Constitucional no es  orgánicamente Poder Judicial, la existencia de este  cuerpo es un elemento de voluntad política. El problema  se da en este caso porque se ha observado que el  Tribunal Constitucional se ha sobrepasado de su  competencia en lo referente a su función de valer por  la tutela de los derechos fundamentales para adentrarse  en la competencia de la jurisdicción ordinaria, es  decir que ejerce la potestad jurisdiccional que el  Tribunal Supremo creía que ejercía en monopolio.

                 Recordemos que el art., 53,2 de la  C.E. dispone que: "Cualquier ciudadano poder  recabar  la tutela de las libertades y derechos reconocidos en  el art., 14  y la Sección Primera del Capítulo Segundo  ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento  basado en los principio de preferencia y sumariedad y  en su caso a través del recurso de amparo ante el  Tribunal Constitucional".

               Se puede decir respecto del Tribunal  Constitucional que éste tiene competencia para realizar  la revisión de las decisiones que se tomen dentro de la  jurisdicción ordinaria en cuanto estas tengan relación  directa con derechos fundamentales y libertades  públicas ( conf. Giusti, A.F. "El Tribunal  Constitucional español", L.L. 21-9-2000 ).-

              A modo de  síntesis cabe destacar que el  Tribunal Constitucional no solo garantiza la  superioridad de la Constitución estableciendo las  jerarquías frente a un norma que se plantea como  inconstitucional , sino que también realiza una  actividad política cuando resuelve los conflictos que  se plantean entre el Estado y las Comunidades  Autónomas, o de los de éstas entre sí y los conflictos  que se susciten entre los distintos órganos del Estado,  utilizando métodos y criterios jurídicos. Conoce además  en el plano judicial, el recurso de amparo como  garantía frente a la violación de los derechos  fundamentales.

              Hay que tener presente que, en la  actualidad, el control de constitucionalidad, no le  corresponde sólo al Tribunal Constitucional, es sí, el  que tiene la última palabra, pero comparte el control  con el resto de los jueces que realizan un juicio de  constitucionalidad positiva.- De allí que  se observa  que el modelo concentrado europeo y el modelo difuso  americano se han integrado en cierta medida.

 

       II.- 2. 5.- Control de constitucionalidad  en  Latinoamérica:

 

          Del análisis de los sistemas imperantes en  esta  rea, puede afirmarse que la justicia  constitucional desarrollada desde el siglo pasado, es  una de las más completas del mundo contemporáneo.

          En la mayoría de los países de América  Latina, existe el método difuso de control de  constitucionalidad de las leyes, consecuencia del  principio de supremacía constitucional y de su garantía  objetiva, conforme a la cual todos los jueces tienen el  poder-deber  -  siguiendo el modelo norteamericano  -  de no aplicar las leyes que estimen inconstitucionales  y que rigen la solución del caso concreto que deben  decidir, con efectos  interpartes.   

          Pero además del método difuso, se ha  establecido - paralelamente  -  el método concentrado de control de constitucionalidad de las leyes,  atribuyéndose en general, poder anulatorio - en algunos  países "erga homnes" -  por inconstitucionalidad, a las  Cortes Supremas de Justicia ( Venezuela, Panamá , Costa  Rica, México, El Salvador) o a Tribunales  Constitucionales (Colombia,  Guatemala, Perú,  Bolivia). Aunque en algunos casos, la decisión de la  Corte Suprema que ejerce el control concentrado sólo  tiene efectos entre partes ( Honduras, Uruguay,  Paraguay).-

            En general, el control concentrado de la  constitucionalidad de las leyes se concibe como un  control  "a posteriori" que se ejerce respecto de las  leyes vigentes, siendo excepcional la previsión de un  sistema exclusivamente preventivo, respecto de las  leyes no promulgadas ( Chile).-

 

       II.- 3. 1.-Método  Común o Difuso:

 

              Como se puntualizó, en los Estados Unidos  de América, a partir del caso "Marbury v. Madison",  quedó consagrado junto con el principio de la  supremacía constitucional, el reconocimiento de la  facultad de los jueces comunes para declarar la  inconstitucionalidad de las leyes y de otros actos de  los poderes políticos, esto es el sistema de garantía  judicial llamado por algunos "común" o "difuso". Ese ha  sido el más puro modelo de sistema judicial, adoptado  por la República Argentina.

                Si nos atenemos a los órganos a los  cuales se atribuye el poder de control, corresponde distinguir en primer término  el sistema que otorga la  facultad al órgano judicial difuso ( es decir a todos  los jueces sin importar su fuero o jerarquía ) para  resolver las cuestiones de constitucionalidad de las  disposiciones legislativas siempre que sean planteadas  por las partes y aún de oficio por el juez que conozca  en el asunto, en una controversia concreta. El juez se  pronuncia sobre el particular en el acto de dictar  sentencia y cuando declara la inconstitucionalidad de  la norma impugnada, el efecto de tal declaración  se  reduce a la no aplicación de aquella al caso de que se  trata. En consecuencia, la declaración de  inconstitucionalidad no significa la derogación de la  norma afectada por ella. Por otra parte, en todos los  casos en que está en juego la constitucionalidad  - o  inconstitucionalidad - de una norma, se puede llegar  por vía de apelación, tanto en los Estados Unidos de  América como en la República Argentina, hasta la Corte  Suprema de Justicia de la Nación, a la cual le  corresponde decidir en definitiva. En la Argentina, el  medio procesal para llevar hasta la Corte una cuestión  constitucional recibe el nombre de recurso  extraordinario.

               El sistema de garantía judicial ha sido  adoptado en varios países latinoamericanos. El art.,  133 de la Constitución Mexicana reproduce casi  textualmente el artículo VI, sección 2 de la  Constitución Norteamericana. Las Constituciones de  otras repúblicas - Bolivia, Chile Colombia, Uruguay,  Venezuela, etc.,  - acuerdan, con algunas variantes  entre ellas, atribución a la Corte Suprema para  declarar la inconstitucionalidad de las leyes. También  en otros continentes han sido establecidos regímenes  que  acuerdan facultades semejantes al más alto  tribunal judicial, como Suiza, Irlanda, India, Japón,  etc. Pero estos sistemas no deben ser confundidos con  el norteamericano.

 

      II. 3. 2. Método especial o concentrado:

 

           Contrariamente al método difuso, el método  concentrado de control de la constitucionalidad se  caracteriza por el hecho de que el ordenamiento  constitucional confiere a un solo órgano estatal el  poder de actuar como juez constitucional, generalmente  respecto de ciertos actos  estatales ( leyes o actos de  similar rango dictados en ejecución directa de la  Constitución ), en general con potestad para anularlos.  Excepcionalmente, en algunos casos, como sucede en  Panamá, el control de la constitucionalidad que ejerce  la Corte Suprema de Justicia no sólo se refiere a las  leyes y demás actos de rango legal, sino materialmente  a todos los actos estatales , lo que lo hace único en  el mundo.

            Este método concentrado de control puede  ser: 1) Exclusivamente concentrado como sucede en  Panamá, Honduras, Uruguay, Costa Rica, o Paraguay; o 2)  Estar establecido en forma combinada con el método  difuso de control como sucede en Colombia, El Salvador,  Venezuela, Guatemala, Brasil, México, Perú y Bolivia.

            El órgano estatal facultado para ser el  único juez constitucional de las leyes en el sistema  concentrado de control de constitucionalidad, puede ser  la Corte Suprema de Justicia ubicada en la cúspide de  la jerarquía judicial de un país, como es el caso de  Costa Rica, México y Venezuela; o una  Corte o Tribunal  Constitucional creado especialmente por la  Constitución, dentro o fuera de la jerarquía judicial  para actuar como único juez constitucional, como es el  caso de Colombia, Chile, Perú, Guatemala, Ecuador y  Bolivia. En ambos casos, estos órganos tienen en común  el ejercicio de una actividad jurisdiccional, como  jueces constitucionales.

            Por ello, el sistema concentrado de control  de la constitucionalidad, aún cuando sea generalmente  similar al "modelo europeo" de Tribunales  constitucionales especiales, no implica necesariamente  la existencia de un Tribunal Constitucional especial,  concebido fuera del Poder Judicial. La experiencia  latinoamericana de control concentrado de la  constitucionalidad así lo demuestra, pues en general  han sido las Cortes Supremas de Justicia las que lo han  ejercido y en los casos en los cuales se han atribuido  a Tribunales Constitucionales el ejercicio del control,  éstos están dentro del Poder Judicial ( Guatemala,  Colombia, Ecuador y Bolivia ) con la excepción de los  casos de Chile y del Perú, cuyas Constituciones  regularon a los Tribunales Constitucionales fuera del  Poder Judicial. 

              El poder de declarar la nulidad por  inconstitucionalidad de las leyes y demás actos de  ejecución directa de la Constitución, como se dijo,  puede ser ejercido por la Corte Suprema de Justicia en  forma exclusiva o por la propia Corte Suprema o un  Tribunal Constitucional en un sistema mixto integral,  que además de control concentrado admite el control  difuso de la constitucionalidad. En América Latina el  control concentrado se ha configurado en esas dos  formas. Además existe una tercera forma de control  concentrado que ejercen en forma paralela y exclusiva  tanto la Corte Suprema de Justicia como un Tribunal  Constitucional ( conf.   Casas, Juan A.  "Control de  Constitucionalidad Concentrado en Latinoamérica, E.D.  26-7-2000).      

       PRIMER SUPUESTO: Control judicial concentrado ejercido exclusivamente por la Corte Suprema de  Justicia o por una Sala Constitucional de la misma:

        Es el  caso de  Uruguay, Panamá  y Honduras.

        En efecto, el art., 188 ,1, de la Constitución  de Panamá  le otorga a la Corte Suprema de Justicia el  poder exclusivo de proteger la integridad de la  Constitución y controlar la constitucionalidad de la  legislación a través de dos métodos: mediante el  ejercicio de una acción directa o mediante el  planteamiento de una cuestión de constitucionalidad de  carácter incidental, formulada por un órgano estatal  inferior que tenga competencia para impartir justicia.  En ambos casos de control, la decisión de la Corte  Suprema es de efectos generales, y no obligatorio, y no  está  sujeta a ningún tipo de control.

        La Constitución de 1989 de Uruguay atribuye a  la Corte Suprema de Justicia la jurisdicción exclusiva  y originaria para declarar la inconstitucionalidad de  las leyes y otros actos del Estado que tengan fuerza de  ley, con fundamento tanto en razones substantivas como  formales ( art., 256). La Corte también conoce de los  asuntos de inconstitucionalidad, sea mediante una  acción que sólo pueden ejercer los interesados, sea  mediante una incidencia planteada en un proceso  ordinario. En ambos casos, y a diferencia del sistema  panameño, las decisiones de la Corte Suprema sobre  cuestiones de constitucionalidad se refieren,  exclusivamente , al caso concreto, teniendo, por tanto  efectos sólo en los procedimientos en los que fueron  adoptados.

         En Honduras, el art., 184 de la Constitución  de 1982 también establece un sistema de control de la  constitucionalidad de carácter concentrado, atribuido  exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, la cual  asimismo conoce de los asuntos mediante una acción  intentada por las personas interesadas o por vía  incidental, mediante la remisión que le haga de la  cuestión un juez ordinario. Debe señalarse, además que  de acuerdo con el art., 183 ordinal 211 de la  Constitución de Honduras, también procede el amparo  contra las leyes, para que se declare en casos  concretos que la ley no obliga ni es aplicable al  recurrente por contravenir, disminuir o tergiversar  cualquiera de los derechos reconocidos por la  Constitución , competencia esta última que también se  le atribuye al Tribunal Constitucional español como se  explicitó.

         En otros países de  Latinoamérica, el poder  exclusivo de actual como juez constitucional se  atribuye a una Sala Constitucional de la Corte Suprema  de Justicia, como es el caso de Paraguay ( art., 260 y  ccs. de la Constitución de  1992) , Costa Rica (  Constitución reformada en 1989 ) y El Salvador (  reformas de la Constitución de 1991-2, art., 174 ).

         SEGUNDO SUPUESTO: El control judicial  concentrado  de la constitucionalidad de las leyes  ejercido por la Corte Suprema o por un Tribunal  Constitucional en un sistema mixto o integral de  control (concentrado y difuso).-

         El segundo tipo de control judicial  concentrado de la constitucionalidad de las leyes  atribuido a las Cortes Supremas de Justicia o a los  Tribunales Constitucionales se encuentra en aquellos  países que han adoptado un sistema mixto o integral de  control de constitucionalidad, en el que funcionan,  paralelamente, el control difuso y el control  concentrado.        

          Venezuela, Brasil  y México son países que  cuentan con un sistema difuso de control de la  constitucionalidad y también el de control concentrado  atribuido a la  Corte Suprema de Justicia.

          Respecto de Venezuela, la Corte Suprema de  Justicia es competente para declarar la nulidad, por  inconstitucionalidad, de las leyes y otros actos de las  Cámaras legislativas nacionales, de los Estados  miembros de la Federación y de los Municipios, así como  de los reglamentos y actos de gobierno promulgados por  el Ejecutivo Nacional, está  establecida en forma  explícita, en el art., 215 de la Constitución de 1961,  correspondiendo a todo habitante del país la  posibilidad de ejercer la acción. Se trata, por tanto,  de una acción popular. Es decir, la Constitución prevé  un control judicial concentrado de la  constitucionalidad de todos los actos del Estado, con  excepción de los actos judiciales y actos  administrativos, para los cuales dispone de medios  específicos de control de la legalidad y  constitucionalidad: el recurso de casación, la  apelación y el recurso contencioso administrativo. La  decisión anulatoria de la Corte, en todo caso tiene  efectos generales, "erga homnes".

             A su vez, Colombia, Guatemala, Bolivia,  Perú y Ecuador, bajo la influencia europea, ejercen el  control judicial de la constitucionalidad de las leyes  por Tribunales Constitucionales, pero un  sistema mixto  o integral.-

             La Constitución de 1991 de Colombia  atribuyó a la Corte Constitucional el carácter de  "guardián de la integridad y supremacía de la  Constitución " carácter que antes tenía la Corte  Suprema de Justicia. Aquélla tiene a su cargo el  control concentrado de constitucionalidad de las leyes  y demás actos estatales de similar rango, pudiendo  cualquier ciudadano interponer una acción popular para  requerir la anulación de dichos actos estatales  incluyendo por ejemplo los de convocatoria de  referéndum o de asambleas constituyentes referentes a  una reforma de la Constitución, decretos, tratados  internacionales y leyes de ratificación de tratados.

            Esta Corte Constitucional, tiene también el  ejercicio de un control preventivo de la  constitucionalidad, respecto de las leyes cuya  promulgación haya sido vetada por el Presidente de la  República por razones de inconstitucionalidad. Este  tipo de control también es obligatorio en los casos de  decretos de emergencia o de leyes aprobatorias de  tratados.

           Guatemala es el primer país latinoamericano  que creo un tribunal constitucional según el modelo  europeo, paralelamente al sistema difuso la  Constitución de 1965 instauró un sistema concentrado de  control judicial que lo atribuyó a una Corte  Constitucional. Según su Constitución de 1985 solo  puede ser planteado el recurso de inconstitucionalidad  por determinados funcionarios y autoridades, contra  leyes y disposiciones de carácter general, teniendo la  decisión de la corte efectos generales.

            La particularidad del procedimiento de la  Corte de Guatemala esta dado por la suspensión  provisoria de los efectos de la ley o del acto  ejecutivo impugnado, durante el curso del proceso, si  la inconstitucionalidad es notoria y puede causar  gravamen irreparable.

           El Tribunal Constitucional de Bolivia (Constitución de 1994) ejerce el control concentrado de  la constitucionalidad y coexiste con el método difuso,  así el primero resuelve las cuestiones de puro derecho  sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y  cualquier resolución no judicial, mediante acción que  si es de carácter abstracto, solo puede ser interpuesta  por determinados funcionarios públicos.

        El sistema vigente en Perú tiene la  peculiaridad de que el Tribunal Constitucional está   separado del Poder Judicial,  circunstancia que lo  transforma en el único de América Latina.

         Luego de la reforma constitucional de 1995,  Ecuador se rige por el método concentrado de control  constitucional desempeñado por el Tribunal  Constitucional que funciona paralelamente con el método  difuso. Tiene  competencia para resolver sobre demandas  de inconstitucionalidad de las leyes, decretos,  ordenanzas y actos administrativos de toda autoridad  pública: suspender total o parcialmente sus efectos  también ejerce el control preventivo de las leyes al  resolver sobre las objeciones de inconstitucionalidad  que formule el Presidente de la República en el proceso  de formación de las leyes.-

            De las decisiones que adopte la Corte  Suprema de Justicia o los Tribunales de última instancia  en ejercicio del control difuso de la  constitucionalidad, deben presentar estos órganos un  informe al Tribunal Constitucional para que éste  resuelva con carácter general.-

           TERCER SUPUESTO: El control judicial  concentrado ejercido en forma exclusiva y paralela por  la Corte Suprema y un Tribunal Constitucional:

       Es el caso de Chile, en donde el sistema  concentrado está conferido exclusivamente a dos órganos  judiciales separados: 1) Corte Suprema de Justicia y 2)  Tribunal Constitucional a través de una acción directa.

        Mediante el recurso de inaplicabilidad de la  ley existía un control constitucional incidental ante  la Corte Suprema ( Constitución de 1925), pero siendo  este insuficiente en la reforma de 1970 se creó el  Tribunal Constitucional que disuelto en 1973 fue  restablecido en la Constitución de 1980.

        Este Tribunal juzga preventivamente, antes de  su promulgación, la constitucionalidad de las leyes  orgánicas  o las que interpretan preceptos de la  Constitución; sobre las cuestiones que surjan en el  tratamiento de los proyectos de leyes y de los  proyectos de reformas constitucionales y de las leyes  aprobatorias de tratados internacionales sometidos a la  sanción del Congreso; respecto de los decretos del  Poder Ejecutivo o resoluciones, los reclamos contra el  presidente de la República cuando no promulga una ley  que tenía que haber promulgado o promulga un texto  diferente al sancionado.

        Pero tiene además un control "a posteriori",  pero solo respecto de decretos con fuerza de ley. De  esta forma no procede contra leyes una vez que estas  han entrado en vigencia, sino solo contra los decretos  ejecutivos con fuerza de ley. También puede ejercer el  control "a posteriori" sobre leyes pero únicamente con  respecto a las formalidades relativas a su promulgación  a cargo del Presidente de la República a petición de  las Cámaras del Congreso cuando el Presidente no  promulgue una ley estando obligado a hacerlo o si  promulga un texto diferente al que ha sido sancionado.          

 

 II.- 3. 5. Sistema vigente en la República  Argentina.

 

                En nuestro país, desde que la Corte  oficialmente hizo suyos los principios establecidos en  "Marbury v. Madison" y decidió asumir el ejercicio del  control de constitucionalidad, aún cuando la  Constitución no le adjudica esta tarea específicamente,  ni hay ley alguna que lo regule ( caso "Eduardo Sojo",  Fallos, 32-120, 1887 ) rige el sistema de control de  constitucionalidad difuso. O sea que esta función  compete a cualquier juez de cualquier fuero o  instancia,  tiene lugar en principio a petición de  parte, respecto de un caso concreto y para producir  efectos "interpartes"; en oposición con el sistema  concentrado de los países europeos y de algunos  sistemas latinoamericanos que como sé puntualizó, el  control de constitucionalidad funciona en abstracto,  con efecto " erga omnes " y derogatorio de la norma,

                Ha reiterado la Corte Suprema de  Justicia de la Nación que el control de la  constitucionalidad es función suprema y fundamental del  Poder Judicial. Ello, por cuanto los jueces, en los  casos que se llevan a su conocimiento deben constatar  si las leyes ( o actos administrativos), guardan o no  conformidad con los preceptos constitucionales y  abstenerse de aplicarlos en su caso, pues es una manera  de garantizar la supremacía del derecho de la   Constitución, ante posibles abusos de los demás poderes  del Estado.

              

VI.1. Posibilidad de control de oficio.

 No obstante, la Corte, hasta el caso  "Mill de Pereyra, Rita A y otro c/ Provincia de  Corrientes" del 27/9/01, ha venido manteniendo su  reticencia tradicional en lo atinente a la declaración  de inconstitucionalidad de oficio, circunscribiendo  esta posibilidad para el supuesto en que la ley  habilite al juez al efecto. Los fundamentos esgrimidos  por aquélla al adoptar esa posición se centran en que  actuar de oficio  vulneraría 1) la presunción e  legitimidad de las leyes, 2) la división de los poderes  y 3) la defensa en juicio (C.S.J.N. fallos, 310, 1090,  311, 2088).

                 Coincido con el Dr. Bidart Campos y  con el Dr. Sagües en el sentido de que el magistrado no  puede cerrar los ojos y aplicar la norma  infraconstitucional violatoria de la Constitución y los  Tratados de Derechos Humanos de igual rango, cuando las  partes no han hecho el planteo en el proceso.- Ello  equivale a admitir que la fuerza normativa de la  Constitución debería ceder ante la inacción de los  litigantes, cuando incumbe al juez resguardar la  supremacía de la Constitución ( art., 31 de la C.N. ) y  que tratándose de una cuestión de derecho, corresponde  por  aplicación del principio "iura novit curia"  declarar la inconstitucionalidad de oficio ( conf.  Bidart Campos, G. " El derecho de la Constitución y su  fuerza Normativa", Ed. Ediar, pág. 423/7, y C.S.J.N. autos " Ricci    c/ Autolatina " voto en  disidencia de los Dres., Boggiano y Fayt).

             Es significativo destacar que con la  reforma constitucional de 1994, el art., 43 de la C.N.  habilita a los jueces a declarar la  inconstitucionalidad de oficio en los amparos- cuyo ámbito de acción ha sido substancialmente ampliado - al  igual que la Constitución de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires ( art., 14 ) y que  algunas constituciones  provinciales  ( La Rioja, Río Negro entre otras) lo  imponen como deber. De allí que esta cuestión es actual  y se encuentra abierta a la discusión, ya que como lo  señala Néstor Pedro Sagües es un tema donde no hay una  sola solución normativa ( " El control de  constitucionalidad de oficio. Alternativas normativas  en Argentina. Prohibición, facultad o deber ",diario   E.D. 18/3/99).- 

            Cabe destacar  la doctrina derivada del  citado fallo de la Corte Suprema en autos "Mill de  Pereyra" ( E.D. del 28/12/01), que si bien no implica  la habilitación a los jueces de declarar de oficio la  inconstitucionalidad de una ley en cualquier supuesto,  si se los autoriza en situaciones muy precisas :

         a) cuando la violación de la Constitución sea  de tal entidad que justifique la abrogación de la norma   en desmedro de la seguridad jurídica, ya que la  declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma  gravedad;

        b)  cuando la repugnancia  a la Constitución  sea manifiesta e indubitable, ya que en caso de duda  debe estarse por la constitucionalidad;

        c)cuando la incompatibilidad sea inconciliable,  o sea, cuando no exista la posibilidad de una solución  adecuada del juicio por otras razones distintas que las  constitucionales comprendidas en la causa;

        d) cuando su ejercicio no suponga en modo  alguno la admisión de declaraciones en abstracto, es  decir, fuera de una causa concreta, lo que determina el  carácter incidental de este tipo de declaraciones de  inconstitucionalidad o sea, que se ejerce sólo cuando  es necesario remover un obstáculo que se interpone  entre la decisión de la causa y la aplicación directa a  ésta de la C.N.;

       e) cuando la declaración de inconstitucionalidad  no vaya más allá  de lo estrictamente necesario para  resolver el caso;

       f) cuando la declaración de inconstitucionalidad  no tenga efecto derogatorio genérico.

          Como sostiene  Emilio Ibarlucía ("Control de  oficio de constitucionalidad. algunas precisiones sobre  su procedencia", E.D. 9/5/02) se trata de requisitos y  caracteres clásicos de nuestro sistema de control de  constitucionalidad, pero aunque la Corte siempre ha  dicho que la declaración de inconstitucionalidad es la  " ultima ratio" del orden jurídico, parecería que en el  caso de hacerse de oficio, los  recaudos deben  extremarse. En especial, la inconstitucionalidad debe  ser manifiesta e indubitable y no debe quedar  margen  para resolver el caso que recurrir a esa declaración.

 

          VI.2. Rango y operatividad de los Tratados integrantes del bloque de constitucionalidad.   

A partir de la  reforma constitucional de  1994, la incorporación de los Tratados Internacionales  de los Derechos humanos ( art., 75 inciso 22 de la  C.N.), hizo que éstos pasen a integrar el bloque de  constitucionalidad, entendido como conjunto normativo  que contiene disposiciones, principios o valores  materialmente constitucionales fuera del texto de la  constitución documental (Bidart Campos, " El derecho de  la Constitución....", Ediar, pág. 264)) . La citada  norma  al establecer que los tratados son superiores a  las leyes, no hizo mas que recoger lo ya establecido  por la Corte en los autos " Ekmekdjian Miguel Ángel c/  Sofovich, Gerardo" del 7-7-92. Cabe agregar que en lo  referente a la operatividad de los Tratados, a raíz de  la mención de que estos adquieren rango constitucional  " en los términos de su vigencia" en el aludido  artículo 75 inc. 22, ello debe interpretarse que se  refiere a su vigencia internacional y no a otra ( conf.  C.S.J.N. autos "Giroldi", 1995; Ramayo, R.A. " Los  tratados internacionales y la certidumbre de su  vigencia",E.D. 5/8/99).

VI.3. Obligatoriedad de los fallos de la Corte.

Cabe mencionar además, que el derecho  judicial o sea la jurisprudencia de la Corte, que  también integra el bloque de constitucionalidad, es de  aplicación obligatoria,  en la medida en que constituya  una interpretación de las normas constitucionales.

          Según Alberto B. Bianchi, quien propone  para el análisis la insubsistencia de la división entre  el "common law" y el " civil law " para luego aplicar  el "stare decisis" o sea fuerza obligatoria a las  decisiones de la Corte, limita  ésta a : los casos que  son de competencia específica de la Corte Suprema como  intérprete final de la Constitución, esto es dentro de  la competencia que le asigna el art., 14 de la ley 48 y   las materias comprendidas dentro del derecho federal (conf. "De la obligatoriedad de los fallos de la Corte  Suprema ", E.D. 26/7/2000)-

 

         VI.4. Vías procesales.

                Por último, en cuanto a las vías  idóneas para el control de la constitucionalidad, es  relevante señalar la evolución jurisprudencial de la  Corte toda vez que partiendo de  la primitiva vía  incidental, indirecta o de excepción, en relación al  objeto principal del juicio, admite hoy bajo el art.,  322 del Código Procesal, dos tipos diferentes de  acciones declarativas: a) la acción declarativa de  certeza, dentro de la cual puede ejercerse control  constitucional y b) la acción declarativa de  inconstitucionalidad, siempre que se trate de un caso  judicial, para precaver las consecuencia de un acto en  ciernes y siempre que el actor tenga legitimación  procesal (conf. Bianchi, A.B. "De la acción declarativa  de certeza a la acción declarativa de  inconstitucionalidad", E.D. 22/2/01; C.S.J.N “ Gomer S.A. c. Pcia. de Córdoba” Fallos 310-142. año 1987; “Estado Nacional c. Santiago del Estero” Fallos 310-2812 año 1987; “El Libertador S.A. c. Buenos Aires”, Fallos 321-2527/30 año 1994; “Central Neuquen S.A. c. Buenos Aires” Fallos  318-30 año 1995; “Pereyra c. Estado Nacional, Fallos 320-1556 año 1997 entre otros).-

 

 

 

              III.-  CONCLUSIONES

 

          1) Corresponde destacar en primer plano,  la posición que ocupa en el Derecho, la Constitución  como Ley Suprema y tener en cuenta que ella es un  pacto, donde confluye lo político y lo jurídico y que  el Estado de Derecho significa la primacía de la  Constitución.    

          2)    El modelo europeo de justicia  constitucional tiene su referente en la existencia de  tribunales del tipo del Tribunal Constitucional español  y cabe apreciar  la relevancia que tiene un órgano de  esta naturaleza. Ello nos lleva a la reflexión acerca  de cuáles serían  los recaudos  políticos y  sociológicos que avalarían la instauración de este  sistema en nuestro país.

           3)  Encuadrando  los regímenes vigentes en  América  concluyo  que salvo el del control difuso  creado por Estados Unidos de América, adoptado por la  República Argentina, con algunas variantes en  la  mayoría de los países latinoamericanos  se han  instituido por un lado un sistema concentrado exclusivo  y por el otro, un sistema mixto o integral de control   (el control concentrado de las  Cortes Supremas o  Tribunales Constitucionales  y a la vez el difuso que  incumbe a los habitantes a modo de acción popular ).-

          4) Como lo reitera el Dr. Bidart Campos, si  la  Constitución no obtiene efectividad a través de  conductas espontáneas de los agentes gubernamentales y  de los particulares, su propia fuerza normativa tiene  que conducir a movilizar un aparato instrumental  garantista para instar a su defensa, a su acatamiento,  a su efectividad, o en último caso a la sanción o  reparación de su trasgresión.-               

 

 

Otras obras consultadas:

 

Bianchi, A. B. Competencia Originaria de la Corte  Suprema de Justicia de la Nación. Abeledo Perrot,  Bs.As.

Mario Justo López. Introducción a los estudios  políticos, Vol. II Colección Universitaria, Kapelusz,  Bs.As.

Linares Quintana, S. V. Derecho Constitucional e  Instituciones Políticas, Plus, Ultra T,I.

Caballero S. Gaspar y Anzola G., Teoría  Constitucional, Temis, Santa Fe de Bogota. 1995-

Rubio Llorente, F. La jurisdicción Constitucional como  forma de creación del derecho. Rev. Española de Der.  Const. año 8, nº 22 enero-abril 1988.-

 Gallego Anabitarte, A. Constitución y Personalidad  jurídica del Estado. Ed. Tecnos. 1992,Madrid.