Creado por el Dr. Heriberto S. Hocsman Hocsman - Abogados
 

 

ADULTERACIÓN DE ALIMENTOS - DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

DERECHO PENAL

 

 

 

Autor:    Dr. Heriberto S. Hocsman       

 

 

Comentario al Fallo “Torraga, Arnoldo Mario y Otros por Infracción al artículo 31 de la Ley 14.878 y 200 del C.P.

 

Entre los artículos 200 a 208 del Código Penal Argentino, se encuentran regulados los delitos contra la salud pública.

Este capitulo del Código mencionado se ocupa de aquellos delitos de daño, teniendo en cuenta específicamente, el peligro que estas conductas descriptas representan para la seguridad de la población en general.

Esta regulación particular y especifica que reciben las sustancias alimenticias o medicinales, - tal como se verá en detalle durante el desarrollo del presente trabajo - , viene dada por la peculiaridad de que las mismas tienen la doble posibilidad de producir dos efectos en las personas humanas: por una parte pueden ser benéficas, a través de la alimentación o la curación, y por otra, pueden contrariamente, perder esta inocuidad y transformarse en verdaderas sustancias peligrosas y dañosas para los seres humanos. Si no existiese esta cara y antecara  en una misma sustancia, no se comprendería una regulación especifica dentro de la orbita penal, y la cuestión permanecería regida por las normas civiles, como por ejemplo en nuestro ordenamiento, las relativas a la responsabilidad que el Código Civil instituye para los productos elaborados.

Ahora bien, cierto es que la sustancia en sí misma no tiene de por sí la potencialidad dañosa, sino que, es menester que un agente externo adultere dicha esencia para transformarla en dañina.

Es ante la acción de un tercero que la sustancia adopta la característica de ser apta para causar un daño, y en esta esfera es cuando hace su aparición el Derecho Penal, previniendo y sancionando toda conducta que por acción u omisión  modifique estas sustancias inicialmente inofensivas en unas de tipo altamente perjudicial para la salud humana.

Entonces, es el tema central y el bien jurídico tutelado el que amerita la aparición del Estado presente en el esquema normativo penal.

 

 

El Bien Jurídico protegido.

La importancia de la Salud Pública.

 

Se entiende por salud pública, la salud de todos, la de la población en general, de manera indeterminada y que va más allá de la suma de las saludes individuales de los habitantes.

La salud pública fue, es y deberá ser siempre una preocupación del Estado y por eso mismo, no debería dejar en manos del mercado sin un control profundo de cada una de estas etapas es decir, todo lo que hace a su elaboración, distribución y consumo cuando el peligro no es, ni más ni menos, que el posible perjuicio de la salud de la población en general. Es decir que el Estado debe poner en manos de los organismos de control todo el presupuesto necesario para lograr un control eficiente al grado de poder interceptar incluso hasta cualquier sabotaje que no fuera detectado por los propios miembros de la cadena de producción y distribución.-

Entiende nuestra Constitución Nacional que la salud – estado de bienestar psico-físico general- es un derecho tutelado por ella y elevado a rango de derecho fundamental. Así lo muestra nuestro Preámbulo, contenedor de nuestro programa constitucional  que luego se plasma en todos y cada uno de los artículos que la conforman, donde se encuentra la frase “con el objeto de (…) promover el bienestar nacional”. Luego, el derecho a la salud, queda comprendido en la norma que establece la existencia de los llamados “derechos implícitos”, Art. 33 de la Constitución Nacional: “las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.”  Por último, además, el derecho a la salud también es un derecho protegido por nuestra Carta Magna, desde que ella ha adherido y ha integrado dentro de su texto a todos los tratados internacionales que se mencionan en el artículo 75 inciso 12º de nuestro texto constitucional, protectorios también de este derecho[1].

Resulta ser entonces el bien protegido por esta norma, el derecho a la salud, entendida no individualmente sino supraindividual, como un verdadero interés difuso[2].

 

El porque de la importancia de prevenir y evitar este tipo de delitos, viene dada por una razón muy simple: en muchos países son muchos los damnificados que enferman o mueren a raíz del consumo de productos que han sido adulterados o que se presentan inaptos para el consumo producto de la falta de control o higiene en la cadena productiva y/o de comercialización.

Casos como en España con el aceite de colza en España, de sprays en Alemania, o la enfermedad europea “de las vacas locas” etc. se suman a los que se han registrado en nuestro país, Argentina, como sucedió en los llamados casos “Laboratorio Huilen” y los vinos “Mancero” y “ Soy Cuyano”, sin perjuicio de que muchos otros sucesos similares se han producido pero no han tenido la repercusión de los que recientemente se mencionan y que han sido elegidos como materia objeto del presente análisis. De hecho, hoy en Argentina, está abierta la investigación por una adulteración de inyecciones de hierro, “Yectafer”, que ha provocado por lo menos tres muertes ciertas causadas por la administración de este medicamento, sin que se sepa al momento quienes son los autores de este delito contra la salud pública.

En este tipo de delitos, son dos los extremos de difícil prueba: la autoría del daño causado y el nexo de causalidad.  Por eso, la legislación sanciona estos delitos de peligro abstracto, que se adelanta al daño mas grave, en cuanto a que las penas impuestas recaen sobre aquel que simplemente ponga en peligro la salud pública, sin que para que operen sea necesario que se haya configurado la lesión especifica en algún consumidor.

 

Otro aspecto que dificulta la investigación en estos casos, es la envergadura que posee la fabricación y distribución de las sustancias alimenticias o medicamentosas. Basta con imaginar la cadena que se forma entre aquel que ha dado la orden de la elaboración, hasta la venta y llegada a los consumidores de los productos. Mucho más aún si en el proceso interviene alguna empresa transnacional, ya sea en la fabricación o en la logística de los productos.

 

 

Las normas del Código Penal Argentino

 

 Dice el Capítulo IV:

Delitos contra la salud pública.

Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas

 

Art. 200.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.

    Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.

 

El bien jurídico que es objeto de protección es la salud publica frente al peligro que significa para ella una adulteración en el agua, o en las sustancias, ya sean alimenticias o medicinales de uso o consumo público, tal como lo ejemplifica la norma.

Dice el fallo “Bursa, Roberto y otros s/ defraudación – Fallos 317:1022- CSJN 27-09-1994”, sobre un caso de sobre competencia judicial para el caso de la comercialización por parte de la firma “Tec Quim Puntana S.R.L.” de un producto sintético bajo la apariencia de vino, al que, le habían incorporado sustancias químicas que podrían resultar nocivas para la salud de los consumidores:

en lo vinculado a este aspecto, cabe aclarar que “el peligro para la salud” no figura como requisito del tipo del articulo 31 de la ley de vinos, por lo que debe atenderse, a mi juicio, que su presencia no confiere aquella tipicidad a la conducta cuando ésta por sí sola, es incapaz de producir afectaciones relevantes a la industria del vino. En el otro supuesto, de no producirse aquella afectación, resultaría de aplicación el articulo 200 del Código Penal que contempla la adulteración de un modo peligroso para la salud de sustancias alimenticias de consumo público”[3]

 

El tipo objetivo.

Define Soler[4] a la valoración objetiva como “aquel juicio valorativo que lleva a afirmar la existencia de una acción ilícita. Es decir que es un juicio objetivo de comparación, en el que se aprecia el hecho independientemente del motivo subjetivo de su autor, de las condiciones internas del mismo: de su culpabilidad y de su imputabilidad”.

“Se dice que el juicio acerca de la antijuridicidad es objetivo en el sentido de que es válido erga omnes y referido al hecho con independencia de la persona o las personas que lo han ejecutado. (…). Esta valoración recae sobre el hecho y se funda en normas dotadas de vigencia, es decir, heterónomas con respecto a cualquier individuo

En cuanto al tipo penal objetivo en estos delitos en particular, son dos las acciones que se tipifican y que se penan: la de envenenar y la de adulterar a estas sustancias como las aguas o las medicinales o alimenticias, que no son consumidas por un grupo de personas en particular –ya que ello se encuentra tipificado en el capitulo relativo a los delitos contra las personas- sino por toda la comunidad.

 

Siguiendo a Donna[5], los objetos materiales de esta figura delictual lo conforman el agua potable, las sustancias alimenticias y las sustancias medicinales.

En cuanto al agua, lo que corresponde hacerse notar es que específicamente la ley habla de su cualidad de “potable”, o sea que, la adulteración o el envenenamiento, deben tener que ver con agua que se encuentra apta y lista para el consumo humano. A este respecto, sucede lo mismo que se referenciara en torno al delito contra las personas: así como el envenenamiento o la adulteración del agua que se encuentra destinada al consumo de un cierto grupo de sujetos es un delito contra las personas, el envenenar o adulterar aguas no potables, es la conducta típica, antijurídica y culpable que llena el tipo penal de la contaminación ambiental.

En cuanto a las sustancias alimenticias, que son aquellas que están llamadas a constituir la alimentación de las personas, como bien lo indica su nombre, comprende a toda clase de preparación de las mismas (liquido, sólido, semisólido, etc.) y al igual que sucede con la salud publica y la contaminación del agua no potable, en el caso de que las sustancias alimenticias estuviesen destinadas a personas particulares, seguramente esa conducta estará comprendida en el tipo penal de homicidio o lesiones, dependiendo de la magnitud del daño ocasionado.

Por ultimo, las sustancias medicinales, que son aquellas que gracias a la ciencia sirven a los seres humanos para contrarrestar sus enfermedades, no son discriminadas a los efectos de este tipo penal según sean terapéuticas propiamente dichas o con finalidades meramente estética.

Queda claro entonces que las acciones tipificadas, y por ende, penadas son las de envenenar y de adulterar de manera nociva.

Envenenar es la acción por medio de la cual una sustancia se refunde con otra anterior, y que a partir de esta añadidura, se transforma en toxica; y adulterar es la obtención de determinada sustancia a partir de la transformación de otra anterior, u otras anteriores, alterando sus cualidades primigenias.

Obviamente, no cualquier alteración o adición que se produce en una sustancia, o de una sustancia a otra, nos otorga como resultado un envenenamiento o una adulteración, sino que para ello sería necesario que la sustancia base siga siendo considerada tal y que siga estando destinada al consumo público, solo que la adulteración o adición resulte de peligro común.

Estos son delitos llamados “de peligro”. Y reciben esta clasificación ya que estas sustancias, envenenadas o adulteradas, son eficaces a la hora de colocar en situación de riesgo a la salud pública, pero su peligrosidad se encuentra presente desde el mismo momento en el que pueden causarlo, más allá de que algún sujeto las haya consumido o bebido efectivamente. Son delitos de peligro por el que justamente contienen en forma latente desde que han sido alteradas. Incluso no sería determinante de la configuración de este delito, que el número de personas afectas fuera abundante, ya que bien podría suceder que muchos fueran los sujetos afectados sin que por ello se pueda desplazar la posibilidad de que se tratara de otro tipo de delito cometido.

 La sola posibilidad de que un sujeto beba o se alimente o intente mejorar alguna enfermedad a través de la ingesta de estas sustancias, hace surgir el peligro potencial y concreto que caracteriza a estos delitos de peligro.

“Se trata de una infracción material que se concreta en la creación efectiva de un peligro, derivado del puro hecho de envenenar o adulterar algo que queda a la disposición determinada de las personas o de grupos de personas”[6]

 

El tipo Subjetivo.

El principio de subjetividad es el que permite afirmar que la acción debe ser una efectiva expresión del psiquismo del sujeto. Cuando hay acción, lo que con seguridad ha acontecido es una efectiva “exteriorización de la personalidad del sujeto, tal como ésta es”. Para que un hecho llegue a ser acción es suficiente que contenga un mínimo de participación subjetiva.[7]

Este análisis de la subjetividad es aquel que nos permite estimar cuando una acción puede ser calificada de dolosa o de culposa, según medie el componente del dolo o de la culpa en el desarrollo de la misma.

Llevado esto al caso de análisis, es indudable que el conocimiento por parte del autor de saber qué es lo que va a envenenar o adulterar, las propiedades químicas del elemento contaminante y las sustancias que serán objeto de dicha acción desembocan a las claras en un delito de tipo doloso.

 

Agravantes.

La ultima frase del articulo mencionado, agrava la pena prevista para este delito para el caso de que el hecho fuese seguido de muerte de una persona, siempre y cuando la muerte provenga de manera directa de  No menciona a las lesiones, dado que ello, como ya se ha advertido párrafos arriba, configuraría un delito contra las personas, tipificado en el articulo 80, incisos 2º y 5º del CPN argentino.

 

 

Art. 201.- Las penas del artículo precedente, serán aplicadas al que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.

 

En este artículo siguiente del Código Penal, también se protege a la salud pública, y por ello hay identidad con el artículo 200 CPN en cuanto al bien jurídico protegido, sólo que no menciona el agua potable.

Sin embargo el artículo menciona a las mercaderías, pudiendo ser entendida tal expresión como abarcativa de las sustancias medicinales o alimenticias a las que se refiere el artículo anterior.  Por otra parte, ya deja de lado estrictamente las acciones de envenenar o adulterar para señalar otra acción que es la verdaderamente penada, que es la de ocultar la nocividad de dichas mercaderías o medicamentos, a través de una venta, entrega o distribución. Se requiere entonces la venta, entrega o la distribución sumada a la acción de disimular el probable y ciertamente posible riesgo perjudicial del objeto en cuestión a causa del ocultamiento, para tener por configurada la conducta delictual.

Tanto las mercaderías como los medicamentos tienen que entrañar la aptitud, aunque más no sea indirecta, de causar un daño en la salud de la comunidad.

 

En cuanto al elemento subjetivo, el presente delito es también un delito doloso, ya que se presume que el autor ha conocido el efecto nocivo y que con él podía causar un daño a las personas y sin embargo ha sido su voluntad tratar de que permanezca oculta la potencialidad dañina.

Participa también de las características de delito de peligro concreto como en el caso del artículo 200 CPN.

La figura del articulo 201 del Código Penal contiene un elemento subjetivo bien señalado cual es el de vender, poner en venta, entregar o distribuir –para el caso- un medicamento dañoso disimulando el carácter de nocivo. No basta que el agente conozca esa nocividad, sino que disimule tal carácter”[8]

 

Art. 203.- Cuando alguno de los hechos previstos en los tres artículos anteriores, fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá multa de dos mil quinientos a treinta mil pesos, si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona y prisión de seis meses a cinco años, si resultare enfermedad o muerte.

 

Esta norma del Código Penal es la que introduce, en relación a los delitos contra la salud pública, las formas culposas.

La forma culposa se regula en cuanto a su castigo a través de las penas impuestas, según sea la gravedad que manifiesten las consecuencias de la acción, ya que una sanción está dada por la multa y otra por la prisión cuando como resultado de la imprudencia, negligencia o impericia resultare una enfermedad o la muerte de un sujeto.

 

 

El caso Torraga

 

Es éste un fallo emanado de la Justicia Nacional Oral Penal en lo Criminal Federal de la Provincia de San Juan, República Argentina, por el caso de adulteración de vinos cometido en la jurisdicción de dicha provincia  por la Bodega “Nietos de Gonzalo Torraga” por el cual murieron mas de veintitrés personas por el consumo de de dicha sustancia que fuera contaminada con alcohol metílico.

Esta bodega de la ciudad de Caucete, Provincia de San Juan, propiedad de una sociedad llamada “I.L.M S.A.”, estaba conducida por un Directorio integrado por el Sr. Arnoldo Torraga como Presidente, el Sr. Horacio A. Barbero como Director y con funciones de Gerente General, el Sr. Guillermo Sergio Torraga como Vocal o Director suplente, con similares funciones a las que ejercía su padre, además de las propias.

Además de estas personas, en calidad de empleados, se desempeñaban en tareas de asesoramiento, ejecución y apoyo los Sres. Armando Ribes  -enólogo- y Pedro Luis Tobares – capataz general de dicho establecimiento- quien manejaba a los empleados y obreros de dicha planta.

Todas estas personas resultaron imputados a la causa, y finalmente condenados.

A través de la investigación que ameritó la causa, quedo comprobada la adulteración dentro de la Bodega “Nietos de Gonzalo Torraga”  y su fraccionamiento posterior en damajuanas de 4.500 ml. de vino de consumo masivo, tanto tipo blanco como tinto, que fueron luego distribuidos y comercializados por la propia sociedad tanto en San Juan como a través de sus representantes en el resto del país bajo las marcas “Mancero” y “Soy Cuyano”.

Este fraccionamiento, traslado y distribución se llevó a cabo durante el año 1992 y parte del siguiente, en camiones de propiedad de la misma empresa, salvo casos excepcionales de fletes contratados a fin de hacer llegar el producto a sus representantes y distribuidores en las demás provincias argentinas.

Hacia el mes de febrero de 1993 se registran intoxicaciones seguidas de muerte de personas que habían consumido esta bebida en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, casos que se fueron expandiendo y aumentando a medida que dichos decesos iban aconteciendo también en otras jurisdicciones.

En esta etapa, toma conocimiento e intervención el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y realiza las acciones pertinentes de prohibir la venta y proceder al secuestro de estos productos aparentemente envenenados.

Producido el secuestro mencionado a instancias del Instituto, y realizados los análisis químicos de rigor, se comprueba que las unidades contenían altas concentraciones de alcohol metílico o metanol, con valores superiores a las toleradas y permitidas con aptitud suficiente como para provocar esos acontecimientos nefastos.

También estos análisis permiten inducir a los investigadores que la adulteración se había realizado en el mismo lugar de elaboración y fraccionamiento, tal como quedó luego corroborado por la confesión de los que resultaron imputados de la causa.

Todas estas investigaciones permitieron concluir al Tribunal que en la bodega “Nietos de Gonzalo Torraga” el vino fue adulterado con alcohol etílico o metílico, posteriormente fraccionado en damajuanas con las marcas “Mancero” y “Soy Cuyano”, que provocara luego las muertes por intoxicaciones en muchas de las provincias argentinas. Delito éste que fue luego confesado por los autores.

El informe pericial médico sostiene que en todos los casos de muerte hubo una relación directa del fallecimiento con la intoxicación metílica.

Pero en este caso se presenta una particularidad: tres funcionarios del Instituto Nacional de Vitivinicultura, quedan imputados –y dos de ellos condenados – por los delitos de falsedad ideológica de documento público, homicidio culposo e infracción a los artículos  293 y 84 del Código Penal por la confección de los análisis de control sobre dichos vinos adulterados que arrojaba, según éstos, cantidades significativamente menores a los que luego comprobaron nuevas pericias.

Comprobada la falsedad de los datos contenidos en los análisis de control realizados por estos tres funcionarios, contra los análisis de contraverificacion posteriores, quedo acreditada la materialidad del hecho de insertar o hacer insertar en un instrumento público declaraciones falsas.

 

Fundamentos de la sentencia para cada una de las condenas:

 

1)     Arnoldo Torraga: fue condenado autor penalmente responsable de los delitos de adulteración de vinos, en concurso ideal con adulteración de sustancias alimenticias en forma peligrosa para la salud, seguida de muerte reiterada de diez o mas casos y en concurso material entre el articulo 31 de la Ley 14.878 y los artículos 54,55 y 200 ultima parte del Código Penal.

2)     Armando Ribes:  como participe principal del delito de adulteración de vinos en concurso ideal con adulteración de sustancias alimenticias en forma peligrosa para la salud, seguida de muerte de personas en forma reiterada de diez o mas casos y en concurso material entre si  -artículos 31 de la Ley 14.878 y arts 45,54 y 200 del Código Penal-.

3)     Guillermo Sergio Torraga, Horacio Barbero y Pedro Luis Tobares: como participes secundarios de los delitos de adulteración de vinos en concurso ideal con adulteración de sustancia alimenticia en forma peligrosa para la salud seguida de muerte de personas en forma reiterada de diez o mas casos y en concurso material entre si  -artículos 31 de la Ley 14.878 y arts 45,54 y 200 del Código Penal-.

4)     Hugo Silva Marin: como autor penalmente responsable de falsedad ideológica de documento público – arts. 45,292 y 293 del Código Penal.

5)     Maria del Carmen Hidalgo: como autor penalmente responsable de falsedad ideológica de documento público en concurso ideal con homicidio culposo – arts. 45,292 y 293 del Código Penal.

6)     Vicente Pavía Carratalá: es dejado absuelto de culpa y cargo en orden al delito de infracción al artículo 293 en concurrencia con el artículo 84 del Código Penal.

 

Autor:    Dr. Heriberto S. Hocsman        

 

 


[1] Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su articulo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los servicios sociales necesarios (…).”

[2] Intereses Difusos: Voto del Dr. Leopoldo H. Schiffrin, in re fallado por la Cámara Federal de La Plata, Sala III, el 08/08/88., G.D. y otro v Gobierno Nacional publicado en J.A. 1988- III- Pág. 96 y sgtes., cuando expresa que: “son intereses difusos los que pertenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos, en cuanto integrantes de grupos, clases o categorías de personas, ligadas en virtud de la pretensión de goce, por parte de cada una de ellas, de una misma prerrogativa. De forma tal que la satisfacción del fragmento o porción de interés que atañe a cada individuo, se extiende por naturaleza a todos; del mismo modo que la lesión a cada uno afecta, simultáneamente y globalmente, a los integrantes del conjunto comunitario.”-

[3] “Bursa Roberto y otros s/ defraudación”, Fallos 317:1022, CSJN 27-09-1994, Lexis nº 04_317v2T095.

[4] Soler, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, Ed. Tea, Buenos Aires, 1973, Tomo I, Pág.302

[5] Donna, Edgardo A., “Derecho Penal. Parte Especial. Tomo 2 C,  Delitos contra la seguridad pública”, Págs.201 y SS, Ed Astrea, Buenos Aires, 2002.-

[6] [6] Soler, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, ED. Tea, Buenos Aires, 1973, Tomo III, Págs. 556 y SS.

[7] Soler, Sebastián, ídem, Págs.248 a 251.

[8] “Garay, Jorge A. y otros” LL 2001-B-303, CNCas.Pen., sala IV, Voto en disidencia de la Dra. Berraz de Vidal, citado en [8] Donna, Edgardo A., “Derecho Penal. Parte Especial. Tomo 2 C,  Delitos contra la seguridad pública”, Pág.221, ED Astrea, Buenos Aires, 2002.-