El secreto del sumario como límite a la libertad de prensa

Horacio J. Romero Villanueva

             Uno de los temas que desata mayor polémica en ámbito forense es el tratamiento de los casos judiciales por parte de los medios de información.

Aún cuando medios son un factor estratégico para facilitar el control de la opinión pública sobre los poderes del Estado, existe una tendencia a la publicación indiscriminada de datos propios del sumario judicial a través de posibles filtraciones, tanto de la policía, empleados judiciales, abogados y, por que no, de los propios magistrados, que conspiran con la necesaria discreción de la actividad judicial .

Esta actitud parece desconocer una institución puramente procesal, recogida en el art. 204 del Cód. Procesal Penal de la Nación ([1]),  para salvaguardar la reserva propia del sumario que impone un limite estricto para la publicación de determinados datos puede afecta a los derechos de los justiciables([2]) e incluso, en determinados casos,  a la imparcialidad de los magistrados.

 Más allá que la regulación procesal no explícita acabadamente los supuestos donde el magistrado puede decretar el secreto del sumario, razón por la cual existe un amplio margen de discrecionalidad para ello ([3]). Esta institución no ha dejado de prestarse a la controversia, en atención a la natural  publicidad  de los actos de gobierno, la cual incluye al proceso penal ([4]), pues “una sociedad y un Estado democráticos necesitan –y exigen– de cuanta publicidad e información haga falta”([5]).-

Una forma posible de afectación del proceso debido puede darse - existiendo o no secreto del sumario- es si los jueces encargados de la investigación judicial formulan declaraciones relacionadas con su desempeño funcional en las mismas.

No existe una norma concreta que prohiba los miembros del Poder Judicial y también a los funcionarios públicos revelar hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas de las que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones ([6]).

La pregunta que surge en este punto, no es ya si el magistrado en cuestión puede ser recusado y apartado del caso, sino determinar, si en su caso, el juez, tomando como base esas declaraciones a faltado al principio de imparcialidad objetiva([7])

Para responder este interrogante, debemos advertir que la excusación, al igual que la recusación, es un instituto establecido para asegurar la imparcialidad de los jueces pero éste, a su vez, no debe transformarse en un medio para apartar a los magistrados del conocimiento de la causa que por ley les ha sido atribuida ([8]).

La causal de recusación del magistrado interviniente por sospecha de parcialidad consiste en revelar, con anticipación a la sentencia, una declaración en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso ([9]); pero no constituyen prejuzgamiento([10]) las opiniones dadas por los jueces como fundamento de sus sentencias ([11]).

Pese al carácter restrictivo con que en sede penal debe interpretarse el apartamiento de los jueces del proceso por dicha exclusión se hace necesaria su procedencia cuando fuere manifiesta la parcialidad expuesta de quien ha adoptado una posición dentro o fuera del proceso.

Sin embargo, la jurisprudencia no es pacifica con respecto a punto de nuestro interrogante.

Algunos tribunales sostienen que la circunstancia de emitir opinión por el juez  puede interpretarse como prejuzgamiento en tanto haya tenido lugar como obligación funcional dentro del proceso ([12]),  o  si  el reportaje revela la posición del juez al momento de dictar el auto de prisión preventiva y constituyó la opinión judicial ya plasmada en la resolución ([13]), o si las expresiones genéricas brindadas sobre el imputado permiten afirmar que no trasciende el enfoque y la interpretación asignada por el medio periodístico ([14]).

Mientras que otros admiten su separación cuando se conforma una objetiva sospecha de afectación de su imparcialidad a través de las manifestaciones vertidas por él en una carta de lectores a un diario, donde las expresiones usadas revelan la exteriorización de una actitud personal desmesurada, inusual y pública con referencia a los imputados en las causas que tramitan en el tribunal a su cargo ([15]).-

Lo que resulta imposible es mantener a población al margen de los casos judiciales más polémicos y sobre todo impedir que en un momento determinado, la prensa, la radio y la televisión puedan hacerse eco de ello; sin que por ello sea  legítimo enarbolar siempre la bandera de la libertad de prensa y expresión para lesionar derechos de personas que por alguna razón, en un momento determinado de su vida, se ven inmersas en un proceso judicial en el que entre otras cosas, puede estar en juego su libertad, porque de lo contrario, estaríamos permitiendo que bajo el amparo que proporciona el interés social, un proceso penal se convirtiera en un espectáculo público.-