I. Introducción

           

Extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador

 

Por Fernando Andrés Tupa

 

I. Introducción

El objeto del trabajo es analizar cómo debe proceder una empresa respecto de los trabajadores que se encuentran en condiciones de jubilarse, y/o que han obtenido el beneficio jubilatorio, a los fines de extinguir su contrato de trabajo sin generar consecuencias indemnizatorias.

 

II. Situación de los trabajadores que se encuentran en condiciones de jubilarse

 

            Si la empresa constatara que un trabajador se encuentra en condiciones de jubilarse, debe intimarlo en los términos del art. 252 de la Ley Nº 20.744  a que inicie los trámites jubilatorios pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento, la empresa deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio o hasta que se cumpla un plazo máximo de 1 año. Así, una vez concedido el beneficio jubilatorio o vencido el plazo máximo de 1 año, quedará extinguido el contrato de trabajo sin obligación de pagar indemnización por antigüedad. La intimación al trabajador implicará la notificación del preaviso.

 

Debemos puntualizar una serie de cuestiones en relación a esta forma de extinguir el contrato de trabajo:

 

En primer lugar, cabe destacar que “el empleador debe formular el emplazamiento previsto en el art. 252 LCT solamente cuando está en conocimiento de que el trabajador se encuentra habilitado para conseguir el beneficio previsional, de lo contrario puede intimarlo a que se lo informe o requerir datos a los entes de la seguridad social; pero lo que no puede es intimar, por suposiciones, por cálculos ligeros” (CN Trab., Sala 10ª, “Rojas Carmona, Guillermo M. v. Consorcio de Propietarios de Santa Fe 2653”, 24/11/2004).

           

En segundo lugar, no se debe soslayar que es obligación del empleador entregar al trabajador el certificado de servicios y demás documentación necesaria para que empiece a correr el plazo máximo de 1 año. Por lo tanto, “la empleadora, a fin de que comience a correr el plazo de un año, debe poner en mora al trabajador para retirar los certificados o bien llevar a cabo la consignación judicial de los mismos” (CNTrab., Sala 4ª, 31/10/2003, “Mesa, Demetrio C. v. Consorcio Camarones 1562/64”, LNL 2003-6-392). Incluso, la jurisprudencia ha dicho que “la eventual negativa del (trabajador) a retirar el certificado hasta tanto consultar a un abogado no exime a la empleadora del recaudo de entregar la documentación en cuestión para que comience a correr el plazo previsto en el art. 252 LCT. (desde luego, habiendo también enviado la intimación que la norma indica), pues en tal caso pudo haber consignado judicialmente el documento (CNTrab., Sala 3ª, 31/03/2004, “Guaraz, Rubén A. v. Lomsicar S.A.”, LNL 2004-12-817).

 

En conclusión, a los efectos de poder extinguir el contrato de trabajo sin consecuencias indemnizatorias, la empresa debe intimar fehacientemente al trabajador a iniciar sus trámites jubilatorios (previo a constatar que se encuentra en condiciones de jubilarse) y entregarle el certificado de servicios y toda otra documentación que resulte necesaria para la obtención del beneficio. Una vez obtenido el beneficio jubilatorio o transcurrido el plazo máximo de 1 año, la empresa podrá extinguir el contrato de trabajo sin pagar indemnización alguna.

 

Por último, se debe señalar que el art. 19 de la Ley Nº 24.241 establece que tendrán derecho a la jubilación ordinaria los hombres que hubieran cumplido 65 años de edad y las mujeres que hubieran cumplido 60 años de edad, siempre que acrediten 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que las mujeres, al ser intimadas a iniciar los trámites jubilatorios, podrán optar por continuar su actividad laboral hasta los 65 años de edad.

 

III. Situación de los trabajadores que ya han obtenido su jubilación

           

En este supuesto, la empresa tiene dos opciones: (a) extinguir la relación laboral con el trabajador que obtuvo su jubilación; o (b) continuar la relación laboral con el trabajador jubilado.

           

Si la empresa optara por extinguir la relación laboral con el trabajador jubilado sin previamente haberlo intimado a iniciar los trámites jubilatorios, la jurisprudencia no es uniforme sobre las consecuencias indemnizatorias que esa decisión puede acarrear.

 

Una postura más rígida sostiene que sólo se puede extinguirse incausadamente el contrato de trabajo del empleado jubilado abonándole la indemnización por antigüedad que le corresponde por todo el tiempo de servicio prestado. En este sentido, en un caso  jurisprudencial se ha dicho que “la empleadora debió despedir al trabajador, ya que no podía obligarlo a iniciar un trámite jubilatorio del que ya gozaba con anterioridad (CNTrab., Sala 1ª, 05/11/2004, “González, Juan P. v. Honos Métodos S.A.”, SJA 19/10/2005). En la misma línea, se sostuvo que “si el trabajador prestó tareas con posterioridad al cese por jubilación, conforme los arts. 18 , 19 , 253 y cc de la LCT deben computarse a los fines indemnizatorios todo el tiempo de servicios anterior prestado a las órdenes del mismo empleador” (C. Nac. Trab., sala 2ª, 23/06/1994, “Zarco, Sabino v. Frigorífico Pilaro S.A.”). Asimismo, en apoyo de esta postura se concluyó que “si el dependiente, ya jubilado, continúa trabajando con el mismo empleador, sin cesar en sus actividades, sólo puede despedírselo mediante el correspondiente preaviso e indemnización por antigüedad, computándose el tiempo de servicio a partir de la fecha de ingreso inicial” (CNTrab., Sala 7ª, 03/06/2003, “Montes, Carlos A. v. Cámara Argentina de Comercio”, JA 2003-III-273). Siguiendo la misma postura, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dijo que “la indemnización por antigüedad que corresponde abonar al trabajador jubilado que con posterioridad a la obtención del beneficio previsional continuó desempeñándose a las órdenes del mismo empleador hasta su despido injustificado debe determinarse computando también los servicios prestados desde el momento de la vinculación entre las partes -es decir, los anteriores a su estado jubilatorio- y hasta la finalización de la relación por su egreso definitivo por cesantía sin causa, conforme con la antigüedad prevista por el art. 245 LCT, la que debe calcularse con arreglo a lo dispuesto en el art. 18 del citado cuerpo legal” (Sup. Corte Bs. As., 27/06/1995, “Fernández, Francisco O. v. La Primera Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.”, JA 1997-III-síntesis).

 

Otra postura más flexible considera que el empleador puede extinguir incausadamente el contrato de trabajo del trabajador jubilado, debiendo en su caso sólo abonar la indemnización por la antigüedad que se hubiera devengado después de la obtención del beneficio jubilatorio (ya que asimila la situación al reingreso de un trabajador jubilado prevista en el art. 253 de la LCT). Así, se sostiene que “conforme surge del art. 253 LCT., independientemente de que el actor hubiera continuado trabajando en la empresa después de obtenido el beneficio jubilatorio sin que se hubiera producido una interrupción y posterior reingreso, sólo resulta computable la antigüedad adquirida después de la obtención de la jubilación” (CNTrab., Sala 5ª, 27/08/2003, “Metz, Héctor E. v. Enas S.A., SJA 19/5/2004, síntesis, JA 2004-II-síntesis). También se arguyó que “el hecho de que el empleador hubiera consentido la prosecución de la relación más allá del vencimiento del plazo previsto en el art. 252 LCT y de la prórroga otorgada, no implica que haya renunciado a extinguir el contrato sin tener que afrontar el pago de indemnización alguna, dado que, conforme lo dispuesto en los arts. 91 y 252 LCT., la relación carece de toda estabilidad” (CNTrab., Sala 10ª, 17/08/1999, “Moral, Ruth H. C. v. Artear S.A. y otro”). Siguiendo esta tesitura, se sostuvo que “el trabajador que siguió prestando servicios ininterrumpidamente bajo la dependencia del empleador con posterioridad a la obtención del beneficio jubilatorio sólo resultará acreedor a la indemnización por antigüedad que se genera durante el lapso posterior al cese, operando tal situación aún en caso de no existir el cese efectivo, destacándose a tal efecto que la solución legal está destinada a no resarcir períodos computados para otorgar la jubilación ordinaria” (CNTrab., Sala 2ª, 28/02/2001, “Misa, Diana D. v. Instituto Independencia S.R.L.”). En igual sentido, la jurisprudencia ha dicho que “si la accionada consintió la continuación del vínculo, no obstante la obtención del beneficio previsional por parte de su empleado, la situación se rige por las disposiciones del art. 253 LCT., lo que exige al empleador abonar las indemnizaciones p revistas por los arts. 232 y 245 LCT”(CNTrab., Sala 3ª, 18/11/1998, “Gómez, Mario A. v. Carlos A. Girola y Asociados S.R.L.”).

 

            Es importante tener en cuenta que si la empresa optara por continuar la relación laboral con el trabajador jubilado debe seguir reteniendo e ingresando los aportes del trabajador jubilado a los organismos de la seguridad social, pues si bien el art. 253 de la Ley Nº 20.744 habilita al trabajador jubilado a continuar prestando servicios en relación de dependencia sin dejar de cobrar su jubilación, deben realizarse los aportes al sistema provisional al igual que con cualquier otro trabajador.

 

IV. Conclusiones

            A los efectos de extinguir un contrato de trabajo con un trabajador que se encuentra en condiciones de jubilarse, resulta imprescindible efectuar la correcta intimación al dependiente para que inicie los trámites jubilatorios, entregándole el certificado de servicios y demás documentación necesaria para realizar el trámite.

           

            Si la empresa omitiera esta intimación y el empleado obtiene el beneficio jubilatorio por su cuenta, no se puede afirmar que la empresa pueda extinguir el contrato de trabajo sin pagar ningún tipo de indemnización, ya que existe jurisprudencia contradictoria al respecto, por lo que se recomienda siempre efectuar la intimación.