LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL.

Régimen penal y contravencional. Mitos y realidades.

 

Por Marcelo Pablo Vázquez

Derechos Reservados – Junio del 2000

 

 

I-                   Medias verdades.-

 

El habitante de la ciudad de Buenos Aires, los argentinos y, particularmente, los aficionados al fútbol, hemos aprendido a convivir con una nueva realidad que se extiende, indudablemente, a otros aspectos de la vida cotidiana: las cada vez más habituales situaciones de violencia.

 

La diferencia entre la violencia social y lo que acontece en torno al deporte más popular del mundo, es que en este ámbito pareciera estar más focalizado su orígen, al haberse institucionalizado el funcionamiento de grupos organizados, con códigos no revelados y silencios autoimpuestos por simple necesidad de sobrevivir. Una realidad que muchos conocen y pocos tienen la firme decisión de erradicar.

 

En medio de todo ello, y como consecuencia del efecto amplificador que en los medios de comunicación social tiene el fútbol, muchas voces se alzan, ya analizando ya proponiendo soluciones, y varias de ellas sólo dicen verdades a medias.

 

En definitiva, por resultar sólo parte de la verdad y a veces ni siquiera ello, terminan siendo simples mentiras que el hombre común, por falta de información adecuada, convierte en verdades indiscutidas.

 

Así, se erigen como tales que: la violencia es consecuencia de la entrada en vigencia del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que la policía carece de facultades para combatir eficazmente a los violentos (excusa que se utiliza para explicar el auge de la delincuencia en cualquier ámbito); y que el problema está en las leyes penales vigentes.

 

En ese camino, se ha sostenido reiteradamente que el erróneamente llamado Código de convivencia: “derogó las normas contravencionales de la ley De la Rua, razón por la cual la policía no puede reprimir eficazmente los hechos de violencia al quedar amputada de las armas que tenía para ello, al punto de ni siquiera estar autorizada a cachear a los asistentes a un estadio de fútbol”. También que por su debilidad punitiva, verificado un hecho y detenido el supuesto autor, rápidamente debía ser liberado por el fiscal interviniente. O que la imposibilidad de “cachear” o palpar de armas a una persona en situaciones sospechosas explica la inacción policial.

 

Trataremos de desmitificar estas “verdades a medias” o discursos de ocasión.

 

Ninguna sorpresa generaría en el simple lector si en una crónica periodística leyera el contenido dealguno de los párrafos anteriores, de hecho reiteradamente ha ocurrido. Más luego de efectuadas diversas precisiones e ilustrado sobre la normativa vigente, es de esperar que distinta sea la impresión y mayor la desazón al rememorar que algunas de esas afirmaciones fueron escuchadas de funcionarios públicos cuyas obligaciones funcionales estaban directamente vinculadas a la seguridad.

 

También se vería sorprendido si, efectuando un ejercicio de memoria, cayeran los ciudadanos en la cuenta que aún mucho antes de entrar en vigencia el Código Contravencional (marzo de 1998), los hechos de violencia en los estadios de fútbol igualmente acontecían.

 

 

II-                El Código Contravencional.-

 

El ordenamiento en cuestión vino a suplir un régimen intolerable para un sistema de gobierno democrático, representativo y republicano.

 

Los “edictos policiales” constituían un régimen donde la división de poderes era inexistente, al otorgarse a un dependiente del Poder Ejecutivo Nacional –el jefe de la Policía Federal- facultades legislativas, ejecutivas y judiciales.

 

Al reconocerse a la Ciudad de Buenos Aires la calidad de ciudad-estado y atribuirle facultades propias de legislación y jurisdicción (art. 129 CN), la materia contravencional se erigió como una cuestión netamente local –calidad ésta última inveteradamente reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, respecto de la cual tanto la Convención Estatuyente cuanto los poderes constituidos asumieron la firme obligación de adaptar a la nueva realidad político-institucional.

 

Esa misma atribución, ejercida históricamente por la provincias, no generó ninguna disputa pública hasta la entrada en vigencia del Código Contravencional, donde cuestiones como la “prostitución” o la supuesta “pérdida de facultades de la Policía” se convirtieron en los árboles que impidieron ver el bosque.

 

En materia de espectáculos deportivos efectivamente, no ya la entrada en vigencia del Código Contravencional sino la decisión de la Convención Estatuyente, determinó que quedaran derogadas las normas contravencionales previstas en la ley 24.192 (ley De la Rua). Como vemos, primera media verdad o, sencillamente, primera mentira puesta en evidencia.

 

a- Primera verdad revelada.

El código contravencional aprobado por la primera legislatura de la Ciudad de Buenos Aires contiene, en su capítulo VII, un plexo normativo que se identifica plenamente, por su similitud, al previsto en aquella ley nacional (que en la materia que nos ocupa invitaba a las provincias a dictar normas equivalentes o de adhesión a la ley –art. 52-).

En síntesis, ocurrió con las normas contravencionales dispuestas en la ley nacional lo que tenía necesariamente que acontecer, conforme los propios legisladores nacionales lo habían previsto en el art. 46 (ley 24.192), esto es que “en la Capital Federal y hasta tanto entre en vigencia el Código Contravencional, el jefe de la Policía Federal Argentina entenderá en las contravenciones establecidas en el Capítulo II”.

Por su parte, la estatuyente estableció en la Cláusula transitoria duodécima que una vez sancionado el Código Contravencional “todas las normas contravencionales quedarán derogadas”.

 

b- Segunda verdad revelada.

El legislador local dedicó el capítulo más extenso del ordenamiento a describir las conductas que entendía contrarias al normal desarrollo de un espectáculo tanto deportivo como artístico, por lo que se diferencia con la ley nacional con que el objeto de protección es más amplio. Así, lo que se procura en definitiva es que los eventos que concitan la atención y la confluencia de público se desarrollen pacíficamente, castigando a quienes conspiren contra ello.

Conclusión: el legislador local no optó por adherir lisa y llanamente al régimen contravencional de la ley 24192 sino por mejorarlo.

 

c- Tercera verdad revelada.

La ley 24.192 establece un régimen penal y otro contravencional. En el primero tipifica delitos que, de acuerdo a la pena con que se los reprime, resultan de competencia criminal (pena privativa de la libertad mayor a tres años únicamente) o correccional, cuya vigencia se mantiene inalterable al resultar una atribución del gobierno federal el dictado de los códigos de fondo, entre ellos el penal. Por otra parte, conoce de los mismos la Justicia Penal ordinaria.

Como se advierte, ambos regímenes se complementan al compartir la naturaleza penal, los principios generales que los regulan y el carácter preventivo del segundo respecto de las conductas previstas en el primero. Esto es, una relación de medio a fin de naturaleza preventiva, por la cual de producirse la intervención de la autoridad pública en el primer estadio, cuando la conducta realizada es más leve, se evitará la producción de las subsiguientes más graves.

No obstante esta relación, ambos planos no se confunden, de manera tal que las conductas prohibidas por uno en modo alguno pueden ser consecuencia de la vigencia o existencia del otro.

 

Traducción: que se produzcan conductas tipificadas como delitos en un estadio de fútbol no es consecuencia de la vigencia del Código Contravencional sino, por el contrario, significa que la función preventiva de éste ha fracasado por responsabilidad de sus operadores.

En otro orden, sería igual de absurdo culpar al Código Penal porque, a pesar de su existencia, se siguen produciendo homicidios y sus autores no son castigados. Es un problema de funcionamiento eficaz del sistema penal, no de la ley de fondo. 

Ahora, los operadores del sistema en ambos regímenes son los mismos: la Policía Federal Argentina en la prevención (por lo que dicha institución debe acentuar y mejorar su tarea y así, verificado un hecho menor e interviniendo a tiempo, lograr evitar otros hechos de gravedad mayor; o producido un hecho delictivo identificar a sus autores y recoger los medios de prueba en su carácter de auxiliar de la justicia) y la Justicia en la posterior investigación y sanción de los sucesos ocurridos (Justicia Nacional –fuero penal ordinario- y Local –contravencional-).

 

d- Cuarta verdad revelada.

En cuanto a la extensión de las penas, si bien la ley 24.192 solamente para el caso de reincidentes establece para algunas conductas la pena de arresto por un lapso mayor al establecido en el art. 23 del Código Contravencional, en  la pena de prohibición de concurrencia –la cual aparece como más idónea en relación al objeto de protección jurídica-, en cualquier caso el máximo previsto es superior en éste último ordenamiento.

Por lo demás, mientras en el Código Contravencional el máximo para la pena de arresto es de treinta (30) días y para la prohibición de concurrencia es de doce (12) meses para todas las contravenciones, en la ley 24.192 el máximo para el arresto también es de treinta (30) días y la prohibición de concurrencia es de veinte (20) fechas sólo para algunas conductas allí tipificadas.

Ahora, el Código Contravencional autoriza al juez a seleccionar y graduar la pena para cualquier conducta prevista en el capítulo VII de acuerdo a las previsiones del título II del Libro Primero (establece diez penas distintas y fija las pautas para escoger la más adecuada al caso concreto –principio de proporcionalidad-); por su parte la ley nacional fija únicamente cuatro clases de pena (arresto,  prohibición de concurrencia, multa y decomiso) y determina en cada tipo contravencional su clase y cantidad.

 

Conclusión: ninguna duda cabe que el Código Contravencional prevé un régimen más riguroso que la ley nacional. 

 

e- Quinta verdad revelada.

El Código Contravencional reprime:

Art. 53: la provocación de desórdenes en las filas de ingreso o egreso.

Art. 54: la reventa de entradas que genere desórdenes.

Art. 55: el ingreso sin autorización a lugares de acceso restringido.

Art. 56: el acceso a lugares distintos de los autorizados (por la entrada o la autoridad).

Art. 57: la venta en exceso o el permiso de ingreso de personas que supere la cantidad autorizada.

Art. 57bis: la omisión de los recaudos mínimos de organización o seguridad.

Art. 58: la perturbación del desarrollo del espectáculo.

Art. 59: la provocación a simpatizantes del equipo contrario.

Art. 60: la guarda dentro del estadio de insignias, banderas o símbolos de clubes distintos del propio.

Art. 61: la portación de elementos pirotécnicos, explosivos, emanantes luminosos, etc.

Art. 62: la generación de avalanchas o aglomeraciones.

Art. 63: el arrojar líquidos, papeles encendidos o cualquier objeto o sustancia que cause molestias o daños a terceros.

Art. 64: la portación, tenencia, guarda e introducción de elementos aptos para ejercer violencia en un estadio o inmediaciones.

Art. 65: la guarda de esos elementos en las dependencias del estadio.

Art. 66: la venta de elementos aptos para agredir.

Art. 67: la pretensión de ingresar al estadio con elementos aptos para agredir.

Art. 68: el suministro de bebidas alcohólicas en el estadio o en las adyacencias, antes, durante o después del evento.

Art. 69: la pretensión de ingresar con bebidas alcohólicas.

Art. 70: la obstrucción de las bocas de ingreso o egreso a los estadios o lugares.

 

Quien se tome el trabajo de comparar las figuras enunciadas con las previstas en la ley 24.192 advertirá, en la mayoría de los casos, la correspondencia entre ellas[1].

 

III-              El procedimiento contravencional. (Ley  de Procedimiento Contravencional[2])-

 

A- Características:

Art. 16: La prevención de las contravenciones está a cargo de la autoridad que ejerza funciones de policía de seguridad o auxiliar de la justicia (verbigracia, la Policía Federal Argentina).

Art. 18: Las autoridades preventoras están autorizadas a adoptar medidas precautorias por sí, debiendo comunicar su decisión inmediatamente al fiscal en turno (art. 21), el cual en caso de convalidar lo actuado debe, a su vez, dar intervención al Juez.

Las medidas precautorias son:

APREHENSIÓN (en los casos que se requiera coacción directa sobre el sujeto para hacer cesar la conducta de flagrante contravención).

CLAUSURA PREVENTIVA: cuando exista grave e inminente peligro para la salud o seguridad públicas.

SECUESTRO DE BIENES que sean susceptibles de comiso.

INMOVILIZACIÓN Y DEPOSITO DE VEHICULOS MOTORIZADOS (sólo en contravenciones de tránsito).

 

Conclusión: la autoridad preventora (policía local) tiene la obligación y los medios para prevenir y/o hacer cesar las conductas reprimidas por el Código Contravencional, y para ello posee las atribuciones que se han enumerado.

De lo expuesto, se desprende que el famoso cacheo no sólo no está prohibido por el ordenamiento procesal contravencional, sino que resulta obligatorio e indispensable para el personal policial llevarlo a cabo,  de manera de procurar alcanzar la prevención de algunas contravenciones que castigan expresamente la pretensión de ingreso al lugar de desarrollo del espectáculo con determinados elementos (por ej., arts. 61, 64, 67, etc.).

Si a lo dicho, sumamos la aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Nación (art. 6, Ley 12), podrá comprobarse la contradicción  con la ley vigente de quienes niegan QUE LA POLICIA POSEA FACULTADES DE REQUISA SIN ORDEN JUDICIAL, ya que el art. 184 inc. 5 del citado ordenamiento autoriza expresamente tal proceder en caso de urgencia cuando “haya motivo suficiente para presumir que oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito (art. 230). Por lo demás, tal atribución legal ha sido expresamente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallo “Fernández Prieto”).

No obstante cabe aclarar que, cuando un grupo de personas lleva consigo (es decir, separados de su cuerpo) elementos aptos para ejercer violencia o armas de fuego disimuladas, por ej. entre las banderas de su equipo, el control e incautación no implica requisa sino secuestro, facultad expresamente reconocida a la Policía en ambas leyes de procedimiento (la penal y la contravencional) y sin que, para tal fin, requiera orden escrita de Juez competente.

 

En síntesis: es falso que la autoridad de prevención no pueda: “cachear” a los concurrentes a un estadio de fútbol; requisar en caso de urgencia; y secuestrar objetos (instrumentos del delito o la contravención, o medios de prueba). Puede y debe hacerlo, para prevenir la comisión de delitos o contravenciones, con la única condición de dar inmediata intervención judicial.

 

B- Duración:

PROCESO COMUN:

1- Si el/los imputados no fueron objeto de aprehensión, deben comparecer ante el fiscal dentro del quinto día de iniciadas las actuaciones.  

2- Al comparecer, es oído por el fiscal. En caso de confesar su responsabilidad por el hecho (y resultar el mismo una conducta contravencional de las previstas en el Código), el fiscal puede requerir el juicio abreviado (se omite la audiencia oral y pública, dictando el juez sentencia condenatoria en caso de no necesitar un mayor conocimiento del hecho).

3- No habiendo admitido el hecho, el fiscal reúne la prueba mínima e indispensable para sustentar su requerimiento de juicio (o acusación), respetando durante la investigación preliminar que tiene asignada los principios generales del derecho procesal penal y el derecho de defensa en juicio), y en caso de corresponder (puede archivar las actuaciones cuando, por ejemplo, el hecho no constituya una contravención –art. 39-) reclama la realización de juicio (art. 44)

4- Requerido el juicio por el fiscal, el Juez fija la fecha de audiencia de juicio y notifica a las partes. La defensa puede, dentro de los cinco días, ofrecer prueba (art. 45).

5- En juicio oral y público, se sustancia el debate y, transcurrido el mismo, se dicta sentencia (absolución o condena). La sentencia es apelable dentro de los cinco días de notificada.

 

Conclusión: respetando los pasos procesales, entre veinte y treinta días de producido el hecho, el imputado de la comisión de una contravención puede ser absuelto o condenado luego de desarrollado el juicio oral y público.

 

PROCESO SUMARÍSIMO:

1- Si se dispuso la aprehensión del/los imputados, el Juez debe realizar la audiencia de juicio y dictar sentencia en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.

2- En tal caso, si bien no está reglamentado el modo de realizar el juicio, puede interpretarse que hasta la hora de la audiencia el fiscal y la defensa pueden reunir la prueba que sustente cada posición, y una vez iniciada la misma el primero deberá hacer saber si requiere o no el juicio contra la persona y fundar su petición. Inmediatamente la defensa puede ofrecer prueba, la que deberá ser aceptada o rechazada por el Juez, ordenando en el primer caso su producción para el momento correspondiente (por ejemplo, disponer la comparecencia de los testigos ofrecidos, disponer una inspección judicial u ordenar la inmediata realización de una pericia).

3- Sustanciado el debate, respetando el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, el Juez deberá dictar sentencia (absolutoria o condenatoria. En este último caso, aún de aplicar la pena de arresto, la interposición del recurso de apelación, suspenderá la ejecución de la pena, por lo que el contraventor al finalizar el juicio recuperará su libertad hasta tanto se confirme, o no, la condena impuesta; lo que reafirma el carácter de simple cautela personal a los fines procesales de la medida adoptada).

 

Conclusión: su duración en primera instancia no supera las 48 horas.

 

IV-             La ley 24.192.-

 

Como señalara precedentemente, al régimen contravencional le suceden las normas punitivas del Código Penal cuando la conducta es cuantitativamente más grave.  Así, se prevé:

Art. 2: se incrementan en un tercio las penas mínimas y máximas en caso de homicidios (dolosos o culposos), hurtos y robos que se produzcan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo.

                Art. 3: prisión de 1 a 6 años para la introducción, tenencia, guarda o portación de armas de fuego o artefactos explosivos con motivo o en ocasión de...

            Art. 4: prisión de un mes a 3 años a los dirigentes, etc., que consintieren guardar en el estadio o sus dependencias armas de fuego o artefactos explosivos. No obstante, se aplicaría el art. 189 bis en caso de ser considerados partícipes necesarios de la tenencia ilegítima de armas de guerra o materiales explosivos, teniendo prevista la pena de 3 a 6 años.

            Art. 5: prisión de 1 a 6 años al que instigare, promoviere o facilitare de cualquier modo la formación de grupos destinados a cometer alguno de los delitos previstos en el capítulo.

            Art. 6: prisión de un mes a 2 años, al que resistiere o desobedeciere a un funcionario público encargado de la tutela del orden, o a la persona que prestare asistencia al mismo.

            Art. 8: prisión de seis meses a 3 años al que destruyere o dañare una cosa mueble o inmueble en ocasión o con motivo de un evento deportivo.

            Art. 9: prisión de seis meses a 3 años al que impidiere u obstruyere el normal funcionamiento de los transportes hacia o desde los estadios.

            Art. 11: prevé además la pena de multa cuando el autor de alguno de los delitos previstos sea director o administrador de un club deportivo, dirigente, miembro de comisiones directivas o subcomisiones, en ejercicio o en ocasión de sus funciones. 

 

                A este catálogo represivo especial, debe sumarse lo establecido por el Código Penal para cualquier otra conducta que no se encuentre expresamente prevista en la ley de violencia en espectáculos deportivos.

 

V-                El procedimiento penal.-

 

A-    Características:

INSTRUCCIÓN: etapa de investigación a cargo de un juez, o delegada en un representante del Ministerio Público Fiscal.

La autoridad preventora tiene facultades ordinarias (recibir denuncias, preservar los rastros materiales, efectuar exámenes técnicos –inspecciones, planos, fotografías, comprobaciones químicas, entre otros-, interrogar testigos, aprehender a los presuntos culpables, etc.) y excepcionales (requisa personal, allanamiento de morada, secuestro de objetos, hacer uso de la fuerza pública, etc.). El juez puede disponer medidas de cautela personal (detención, prisión preventiva), allanamiento de morada, secuestro de cosas relacionadas con el delito o que puedan servir como medio de prueba, pericias, etc.

JUICIO ORAL: a cargo de un tribunal colegiado (para delitos criminales) o unipersonal (delitos correccionales).

B- Duración:

PROCESO COMUN:

De acuerdo al art. 207 CPPN la instrucción puede durar 4 meses, prorrogables por dos más, y una vez elevada la causa a juicio, se cita a las partes para que durante diez días hábiles examinen las actuaciones y ofrezcan prueba (art. 354) y, vencido el término o culminada la instrucción suplementaria que pudiera haberse ordenado, se fija día y hora de audiencia con un intervalo no menor de diez días (art. 359) que puede abreviarse con acuerdo de las partes.

INSTRUCCIÓN SUMARIA:

En caso de delito flagrante, cuando no se dispusiera la prisión preventiva del imputado, la instrucción queda directamente a cargo del Fiscal, quien deberá culminarla en quince días (art. 353 bis), luego continúa de acuerdo a lo previsto para el proceso común o puede adoptarse el juicio abreviado.

JUICIO ABREVIADO:

En caso de estimar el fiscal que la pena a imponer no superará los 6 años de prisión, podrá solicitar que se proceda conforme al Capítulo IV (art. 431bis y siguientes).

Para que sea admisible, deberá acompañarse la conformidad de todos los imputados sobre la existencia del hecho y su participación.

Verificados los requisitos exigidos en el capítulo, se omitirá la realización de la audiencia de juicio y el Tribunal dictará sentencia condenatoria, no pudiendo imponer una pena más grave o superior a la solicitada por el fiscal.

La duración del proceso dependerá del tiempo que insuma la instrucción (4 meses o quince días según el caso) y del cumplimiento de los pasos procesales posteriores al requerimiento de juicio.

JUICIO CORRECCIONAL:

En caso de tratarse de delitos con pena de prisión no superior a los tres años, se aplican las reglas del juicio común excepto por la abreviación de algunos términos y por ser un tribunal unipersonal quien juzga en audiencia oral y pública, resultando ser el mismo que tuvo a su cargo la instrucción.

También en este caso, puede aplicarse la instrucción sumaria (art. 353 bis) y el juicio abreviado (art. 431 bis).

 

Conclusión: dada la mayor complejidad y gravedad de las conductas tipificadas como delitos, y las características propias del proceso penal, este siempre es razonablemente más extenso.

 

VI-             Pretensión de convertir conductas actualmente contravencionales en delitos. Mayores atribuciones a la Policía. Aumento de penas.-

 

a- Es conocida la predisposición de propiciar soluciones a los problemas de seguridad, mediante el superficial y efectista discurso del aumento de penas y de otorgar mayores atribuciones a la policía; en definitiva, dictar leyes más duras.

 

Esas mismas voces califican de “garantistas”, desvirtuando el sentido de éstas y cual si fuera un demérito defenderlas, las posturas que se oponen a esas propuestas inconsistentes. Generalmente, y no por casualidad, la oposición está personificada en estudiosos de la ciencia jurídica y en los miembros de la justicia penal, sin que quepa sospechar fundadamente una connivencia con la delincuencia de quienes vierten estas opiniones.

 

Dos rápidas respuestas al reclamo de leyes más duras y mayores atribuciones policiales. En cuanto al primero, necesariamente debe existir correspondencia entre el daño causado y la pena aplicada, cualquier desarreglo implica que el plus sancionatorio será rechazado aún por quien reclama seguridad (típica alusión al ladrón de gallinas: se descuenta que será castigado y con excesiva dureza de acuerdo a su ilícito).

 

Respecto de las segundas, y vinculada con las garantías procesales, es que habiendo demostrado precedentemente su actual existencia para que las fuerzas de seguridad estén en condiciones de cumplir adecuadamente con el mandato legal de prevenir contravenciones (art. 16 LPC) e impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores (art. 183 CPPN) -las mismas facultades que paradójicamente la Policía insiste hoy en día en reclamar para sí por lo que debe colegirse que ignoran el contenido de las leyes vigentes o simplemente pretenden  justificar su ineficaz tarea-, fácil es suponer que disminuyendo su control  habrán de acentuarse los abusos y la corrupción, permaneciendo inalterable el número de hechos ilícitos esclarecidos y autores castigados. Luego será tarde para lamentos.

 

Por lo demás, sería bueno recalcar que las garantías no favorecen la impunidad del delincuente ni están pensadas para ello, sino que procuran preservar al ciudadano honesto de un arbitrario sometimiento a proceso, con el agregado que por no ser un funcionario público sospechado de corrupción en su caso se invertirá la carga de la prueba: será culpable hasta que demuestre lo contrario.  

 

b- Independientemente que se piense en la conversión en delito de las conductas actualmente contravencionales reprimidas en la ciudad de Buenos Aires, amén de lo inconstitucional de tal decisión legislativa, lo cierto es que estas acciones tendrán iguales características, esto es, seguirán lesionando levemente los bienes jurídicos que protegen.

 

Pero la consecuencia inmediata será que habrá de alejarse la posibilidad cierta que a su autor se le aplique una pena, dadas las diferencias enunciadas precedentemente de procedimiento. Sumándose a ello el necesario proceso de selección de casos que la colapsada justifica penal se ve obligada a realizar.

 

Si se atiende a la amenaza implícita que conlleva la previsión de una pena para una conducta desvalorada, se neutraliza el efecto disuasivo (prevención general) por el bajo porcentaje de casos juzgados y penas aplicadas. Por ejemplo, cuán ejemplar sería para todos someter a juicio oral y público a alguno de los plateistas del Club Boca Juniors, o de cualquier otra institución, que salivan permanentemente a los técnicos y jugadores de los equipos visitantes ubicados en el banco de suplentes –la mera exposición pública de su conducta sería suficientemente vergonzante y tendría efectiva influencia en su comportamiento futuro y en el del resto-. De igual forma,  con cualquiera de los hinchas de las tribunas populares que impiden, arbitrariamente y en detrimento del resto de los asistentes, el inicio del partido por subirse al alambrado.

 

Si se atiende a la influencia del sistema penal sobre el propio sujeto activo no será el arresto o la prisión, necesaria y únicamente, la que operará sobre sí para enderezar su conducta; la prohibición de concurrencia, la realización de trabajos comunitarios o el sometimiento a un plan de conducta o tratamiento médico pueden tener mayor y mejor influencia para ello.

 

En cualquier caso, lo indispensable es aplicar sanciones por las conductas delictivas y contravencionales que a diario se producen en los estadios de fútbol. La amenaza ínsita de la ley penal se diluye y pierde su efecto si nunca deja de ser eso: la mera advertencia de la aplicación de una pena por la realización de una conducta desvalorada.

 

En definitiva, debería acentuarse el análisis y la postulación de reformas legislativas que optimicen el funcionamiento de la Policía y la Justicia para hacer más efectiva y productiva sus tareas.

 

 

VII-           Colofón.-

 

En medio de tanto debate,  de tanta opinión no calificada, y de tantas medias verdades o mentiras disimuladas, y aún aceptando que cualquier producto del hombre es perfectible, creo humildemente que llegó el momento de tomar la decisión de aplicar las leyes existentes para comprobar, empíricamente, si son eficaces para combatir la violencia y disipar la inseguridad que nos gobierna, sin dejar de perder de vista que tras este estado de cosas existe un formidable negocio, porque aún el problema de la seguridad ciudadana no deja de ser una cuestión estrictamente económica.

 

Por otra parte, no existen excusas válidas para tanta ineficacia, máxime cuando las características del lugar de comisión de las contravenciones y delitos (estadios cerrados y sus inmediaciones), la profusión de medios técnicos para la acreditación de los hechos (sistemas de videos instalados y presencia multitudinaria de medios periodísticos televisivos, radiales y escritos a través de los fotógrafos acreditados), y la importante cantidad de personas ajenas a los hechos que pueden testimoniar sobre ellos, garantiza su reproducción fidedigna en juicio mediante los medios de prueba procesalmente aceptados.

 

La situación descripta es similar a aquella que oportunamente se planteara con la Constitución Nacional apenas recuperada la democracia. Más que pensar en cambiarla, había llegado la hora de empezar a respetarla y cumplirla.